A media legislatura

En efecto, dos años han pasado desde entonces y, si bien las elecciones fueron ya en pleno verano y la investidura y la formación de Gobierno tuvieron que esperar hasta avanzado el otoño, el reloj de la legislatura marca ahora prácticamente la mitad de su tiempo político. Un buen momento este paso del ecuador para elevarse un poco por encima del estruendo ambiental y hacer un balance, aunque todavía deba ser un tanto provisional, precisamente por las notorias incógnitas e incertidumbres del presente.

Convendrá empezar por el principio. Esta legislatura viene muy marcada, como creo que ninguna lo estuvo, por las circunstancias que concurrieron en su inicio y no se podría entender su desarrollo, tan atormentado, sin poner la atención en su comienzo. Los pronósticos no se cumplieron del todo: ganó el PP las elecciones, pero, ni siquiera sumando con VOX, daban los números; el PSOE perdió por menos de lo previsto, pero se le abría la posibilidad de superar el listón si obtenía el voto de seis minorías, todas ellas de carácter nacionalista, además del de Sumar, que parecía conseguido de antemano.

Y esto es lo que ocurrió, con dos particularidades: se aceptaron todas las plataformas reivindicativas que se plantearon en la negociación, en algunos aspectos contradictorias entre sí, y, sobre todo, se cedió en alguna exigencia (la amnistía era el caso) que venía descartada de antemano con reiteración y con contundencia, y no porque se la estimara inconveniente o inoportuna, sino porque se la consideraba inconstitucional. Se habrá podido luego deducir si aquel paso, aún no consumado del todo, tuvo a posteriori efectos positivos en el conflicto catalán; aún siendo así, tampoco podrá negarse que el asunto no formaba parte de la oferta electoral, ni los votantes habían podido valorarlo en tiempo hábil. También se podrá pensar que estas dos circunstancias iniciales no justifican por sí solas el clima tan polarizado en que se ha desenvuelto la política nacional en este tiempo; sin duda que no justifican lo injustificable, que es la deslegitimación, pero sí explican en gran parte el tono de la reacción y el clima bronco que hemos conocido. Seguro que venía de atrás, pero el escenario descrito no ayudó a la distensión.

Todavía hoy tiene sentido plantear si se pudo tomar otro camino, aunque es evidente que no hubo intención ni deseo. Las opciones posibles se descartaron de inmediato, o más bien estaban descartadas de antemano: la repetición electoral amenazaba con modificar el resultado a peor; otro tipo de gobierno, ni el de coalición entre los dos partidos principales, ni alguna fórmula de gobierno de minoría con acuerdos básicos de gobernabilidad entre ellos, no encajaba en la estrategia ya asentada. Así que se optó por poner en marcha una legislatura de riesgo, usando al respecto un argumento recurrente y muy de parte: esa solución de aglutinar minorías a cualquier precio se presentaba como preferible a la otra alternativa, que sería la de los adversarios.

Tras ese arranque tan condicionante se abrió un escenario político de comprensión nada fácil. Porque no es fácil de comprender que quienes decidieron dar luz verde a la formación de un Gobierno no hayan permitido hasta el momento la aprobación de un presupuesto; el que se está aplicando es aún de la legislatura anterior, lleva ya tres veces prorrogado y no hay expectativas de que pueda aprobarse uno nuevo, y ni siquiera de que el Gobierno tenga intención de presentarlo, lo que es la prueba de que no saldría adelante. Si este año 2025 termina sin cambios en este aspecto, es muy probable que ya en 2026, año preelectoral, el ambiente para negociar y aprobar un presupuesto será todavía menor, con lo que puede ser que termine la legislatura presupuestariamente en blanco. Todo un récord de consecuencias negativas por mucho que se intente quitarlo hierro. Como tampoco se entiende bien que socios y aliados conviertan tantas veces la votación en el Parlamento de asuntos de importancia en ocasión para dar un aviso, o para negociar y obtener concesiones particulares en materias diversas y no relacionadas, con lo que la sensación de agravio, privilegio y desigualdad se ha ido extendiendo. Y más aún, da la sensación de que estas graves anomalías de la racionalidad democrática van camino de normalizarse, como si fueran inocuas manifestaciones de la pluralidad política, o simples efectos adversos de una realidad irreversible.

Se explica así que a lo largo de este tiempo se haya evidenciado que las líneas básicas de los principales proyectos obedecen a esas estrategias de 'muros y trincheras', buscando como objetivo que los que queden más allá del muro, o más acá de la trinchera, sean en última instancia uno más a la hora del recuento final, ya que no se trata tanto de ganar, como de sumar para gobernar y de evitar que el otro pueda hacerlo.

Que haya materias, como ocurre con la economía, al menos en las grandes cifras, que van razonablemente bien, no puede ocultar que los efectos negativos de la marcha de la legislatura (el descrédito de la política y el deterioro de las instituciones, en concreto) vayan en aumento, sin perspectivas de que en el tiempo que dure la legislatura, sea mayor o menor, se produzca un cambio en otra dirección más favorable para la concordia o, al menos, para la convivencia. Más bien parece lo contrario, que el avance del tiempo político a medida que se acerque la próxima confrontación electoral, irá afinando aún más las técnicas y los motivos de la confrontación. Da toda la impresión de que el contexto deseable para el actual desarrollo de la política no es otro que el de la división del país en bloques cerrados, invocando cada uno su superioridad moral sobre el otro y atizando la hoguera de la polarización. Y habiendo llegado a la mitad de la legislatura, lo triste es que no parece que haya ya margen para pararlo, ni tampoco voluntad para hacerlo.