Gobierno a martillazos

Así es como conviene acercarse, por ejemplo, a la polémica disolución del SERLA, ese servicio de mediación y arbitraje laboral que, desde hace muchos años, usan por ley patronal y sindicatos para resolver y negociar conflictos sentados a una mesa. Explican en Vox que es un gasto superfluo, que ha supuesto casi nueve millones de euros de gasto público en 14 años. Seguramente tengan razón en que este servicio puede mejorar, pero asombra la potencia de fuego que concentran contra una pequeña partida de gasto, que ni de lejos alcanza el millón de euros anual, y el modo como justifican en paralelo, por ejemplo, que el Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León reciba de la misma consejería 1,9 millones de euros de subvención en 2022 «para financiar sus funciones público-administrativas». En síntesis: los sindicatos y la patronal, todo mal; y las cámaras de comercio, pues de cine oiga. Vale, pero yo sigo sin entender muy bien por qué razón, lógica aplastante o misteriosa paradoja ese servicio a empresarios y trabajadores lo deben prestar ahora funcionarios de la Junta y los que presta la cámara no pueden o no deben prestarlo esos mismos u otros funcionarios. Más aún cuando Zapatero suprimió la obligatoriedad de la cuota cameral y condicionó con ello una renovación profunda de las funciones y operativa de estas necesarias entidades. Por otra parte, tampoco se ha explicado qué dejarán de hacer aquellos empleados públicos que van a pasar a desempeñar esas funciones del SERLA. Salvo que me digan que no, que verán, que antes se estaban rascando la papada. Pero eso dejaría en mal lugar a los anteriores gobiernos del PP, que consintieron el despiporre. O salvo que nos cuenten que van a contratar más personal, como si no tuviéramos suficiente.

Si le damos la vuelta a la polémica, al otro lado nos encontramos con esos «turistas electorales» que, como Yolanda Díaz –así ha descrito Mañueco a la vicepresidenta segunda del Gobierno–, hiperventilan en respuesta a esta decisión de la Junta porque la consideran un ataque inaceptable de la ultraderecha y el PP al diálogo social. Pero vamos a ver, recapitulemos: ¿para qué sirve el diálogo social? Primero, como su propio nombre indica, para dialogar. ¿Y cómo dialoga el gobierno el alza del salario mínimo, un suponer? A martillazos. Por el artículo 33. ¿Y cómo dialogan Díaz o la ministra Belarra con los empresarios, los mismos del SERLA y el diálogo social que tanto defienden? Pues llamando «capitalista despiadado» a uno de los más importantes y exitosos de España, Juan Roig, dueño de Mercadona. O tomando un sector por la pechera, el de la banca, cuya solvencia y estabilidad son cruciales para el pulso financiero de cualquier economía, para decirle que, uno, debe pagar un impuesto especial porque ganan mucha pasta (al sector del «capitalista despiadado» resulta que no se lo ponen); y dos, que como el BCE sube el euríbor para atajar la inflación y eso afecta a las hipotecas a tipo variable –que, por si fuera poco, los clientes han tenido que firmar redactando su consentimiento en notaría de su puño y letra– pues hay que toparlas. A costa de los bancos. Eso sí, a los que firmaron y pagan las suyas a tipo fijo, tan libremente como los otros, pero asumiendo mayores cargas en otras circunstancias que sí pudieron evitaron los de las variables, que les den morcilla. Más martillazos. ¿Y la seguridad jurídica? ¿Y la responsabilidad de quienes firman lo que firman y saben perfectamente lo que firman? Aramburu, mira, nosotros no somos los hijos de la fábula, somos algo así como los cuñados del absurdo.