La Justicia británica acaba de poner freno al controvertido plan del Gobierno para deportar a Ruanda a solicitantes de asilo irregulares porque «no es un ... destino seguro». Un año después de su anuncio, el proyecto continúa escandalizando por su inhumanidad sin haber logrado 'externalizar' a refugiado alguno porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos detuvo el primer vuelo ya a punto de despegar. Y el Ejecutivo de Rishi Sunak se indigna por las dificultades para llevar adelante esta herencia envenenada de Boris Johnson, ligada a la promesa de frenar la inmigración con el Brexit. La ministra de Interior, la ultra Suella Braverman, anuncia que recurrirá la decisión de los jueces de Inglaterra y Gales ante el Supremo. En el debate paralelo en el Parlamento, el Gabinete conservador defiende el 'impacto financiero' de la exportación de personas porque ahorraría en atención a los no llegados. Los 45.000 que arribaron en 2022, un 60% más que el ejercicio anterior, y los 11.000 que ya se contabilizan este año desmienten el supuesto efecto disuasorio. La opción de adoptar procedimientos de asilo más humanos –e incluso más eficaces y baratos según la ONU– ni se contempla.
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