El requerimiento del Senado para que el Congreso dé marcha atrás en la aprobación de la ley de amnistía constituye un insólito choque entre ambas cámaras con un muy discutible recorrido legal. Ese conflicto es, por ahora, la última derivada de una aguda polarización política en la que los ataques con gruesa artillería dialéctica se han extendido del foro parlamentario y la pugna entre los partidos –su ámbito natural– a instituciones cuya composición no resulta del agrado de unos u otros. Un salto peligroso por afectar al prestigio de organismos que son puntales de nuestro Estado de Derecho, como todos los relacionados con la Justicia, en los que empieza a ser moneda de curso común valorar sus decisiones no por la solidez de sus argumentos, sino por el supuesto sesgo ideológico de quienes las han adoptado.
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El control del Senado que las urnas han concedido al PP le otorga una privilegiada palanca de oposición al Gobierno, que ha de utilizar con inteligencia. No lo sería incurrir en una descarada instrumentalización de la Cámara forzando las cuadernas de su funcionamiento. Del mismo modo que el PSOE y sus socios no deberían despreciar los acuerdos que ella apruebe como si carecieran de legitimidad democrática. Si el Senado corre un riesgo de desgaste en este escenario, ya se han adentrado varios pasos en ese terreno el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía del Estado. La inclusión en la bronca partidista de la defensa o la crítica legítima de sus actuaciones, por lo general con un tono encendido, alimenta el peligro de impregnar de un barniz político unas instituciones cuya credibilidad está directamente relacionada con su independencia.
Supone una grave irresponsabilidad dañar la imagen de pilares de nuestro sistema democrático simplemente porque en un momento dado la correlación de fuerzas en ellos no favorece a determinadas siglas. Ese proceso es fruto no solo de una crispación que lo emponzoña todo, sino de la creciente elección para esos organismos de perfiles en los que prima menos el rigor profesional que el alineamiento con quien los ha designado, lo que en nada favorece el prestigio de organismos que deberían estar por encima de cualquier duda. Las mayorías que se repiten en las votaciones del Constitucional y del CGPJ constituyen un pésimo ejemplo. Y tan impresentable es que RTVE la dirija una militante socialista como que uno del PP estuviera durante años al frente del TC.
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