José Ibarrola

Coincidencias

«Resulta grotesco que los presupuestos, que por definición son la expresión económica de compromisos y proyectos, no se negocien en esa clave de prioridades de ingreso y gasto, sino que se sometan a condiciones judiciales e identitarias»

Jesús Quijano

Valladolid

Domingo, 27 de septiembre 2020, 09:08

Entraron casi a la vez en el escenario de la actualidad tres noticias que, a buen seguro, se convertirán en motivo de recurrente debate en ... los próximos tiempos. Todas ellas inciden en el mismo asunto, ya de por sí sensible, lo que aumenta exponencialmente las posibilidades de controversia política. Hay momentos en que la inquietud y la preocupación por la evolución de la pandemia en esta ya llamada 'segunda ola' parece superponerse a todo lo demás, como prioridad informativa y de atención social, y diluye la importancia de cualquier otra noticia, o, al menos, disminuye el interés por ella. Pero hay otros en que es precisamente el estado de desasosiego que está afectando a esta sociedad nuestra lo que ayuda como caldo de cultivo a ciertos asuntos y acelera la estridencia con que pueden ser analizados.

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Veamos, con un breve repaso a las tres noticias a que me refería, cuya coincidencia llama ciertamente la atención, lo que ya ha motivado que hayan sido puestas en conexión con el proceso de negociación del presupuesto, cuyo estado actual es poco conocido, porque aún no están muy claras las variables que lo afectan (ya saben: con quién, cómo y cuándo). Y, como la imaginación es libre, todas las interpretaciones se han disparado de inmediato.

La primera de esas noticias fue la reaparición de una idea, que no es nueva, pero que llevaba un tiempo aletargada. Se trataría de una reforma del Código Penal para adecuar la tipificación del delito de sedición, con reducción de la sanción que le acompaña, a lo que está vigente en la media de los ordenamientos de nuestro entorno. Dicho así, no tendría más misterio: una cuestión de actualización jurídica como tantas otras. Pero ese es el delito por el que cumplen condena los protagonistas del 'procés catalán' y sabido es que una reducción de la pena más favorable a los condenados tiene efecto para ellos en aplicación del principio de retroactividad en beneficio del reo; eso es lo que añade picante a la propuesta.

La segunda es el anuncio de un próximo comienzo de la tramitación de la solicitud de indulto a esos mismos condenados, que fue presentada por distintas instancias y colectivos una vez que se dictó la sentencia. Pasa lo mismo: las solicitudes de indulto tienen su ritmo y, si correspondía iniciar el procedimiento ahora, nada de especial hay en que se inicie; tampoco ello prejuzga el destino final de las solicitudes, una vez que recaigan los preceptivos informes que se requieren, tanto del Tribunal sentenciador, como de la Fiscalía, lo que llevará su tiempo.

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La tercera, en una clave bien distinta, es la notoria ausencia del Rey en el acto de ingreso en la carrera judicial de la última promoción que ha venido cursando la formación que imparte la Escuela Judicial con sede en Barcelona. Se ha asegurado que la presencia no estaba confirmada en la agenda oficial y que, en todo caso, no es una presencia obligatoria. Ambas cosas son ciertas, como lo es el hecho de que nunca hasta ahora el Rey había faltado a ese acto que habitualmente se celebra en la capital de Cataluña; y alguna previsión debía haber al respecto, a la vista de los detalles que se han ido conociendo, lo que vendría a abonar la sospecha de que alguna circunstancia posterior a tal previsión de asistencia hizo que ésta se descartara, por considerarla inconveniente, inoportuna, arriesgada, o de todo un poco. Obviamente, se añade aquí una perspectiva bien incómoda, la que deriva de entender que hay un motivo suficiente de excepción a la asistencia del Jefe del Estado en una parte del territorio nacional, a un acto al que habitualmente asistía. Eso es lo que da a este asunto un cariz especial, sin duda, y lo distingue de los otros dos, sin perjuicio de que una inminente decisión sobre la situación judicial del President catalán también haya contribuido.

En cualquier caso, cada uno de los citados asuntos por separado hubiera podido tener su propia incidencia política, pero, como decía, la coincidencia de los tres en el mismo trance añade volumen al ambiente en estos momentos. Incluso no son los únicos, porque otras noticias recientes (el plan de traslado y acercamiento de presos etarras, sin ir más lejos) se añaden también al mismo discurso de las contrapartidas requeridas y aceptadas en la negociación presupuestaria. A tal efecto, basta con que lo parezca, incluso aunque no lo sea, porque ya se sabe que, con frecuencia, en la política, si hay buena e insistente presentación, la apariencia termina siendo más creíble que la realidad. Así que tal vez sea este el caso; si lo fuera, se sabrá, aunque no sería baladí algo más de claridad explicativa. Lo digo por lo siguiente.

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De momento, no hay razones explícitas para saber si ese encadenamiento de circunstancias tiene relación con la preparación del presupuesto; tampoco para lo contrario. De un lado, resulta bastante grotesco que los presupuestos, que por definición son la expresión económica de compromisos y proyectos, no se negocien en esa clave de prioridades de ingreso y gasto, sino que se sometan a condiciones judiciales e identitarias; tampoco es extraña esa estrategia que ya se utilizó con ocasión de votaciones trascendentales. La pregunta es si no hay otro remedio; o sea, si es ineludible y fatal que la citada estrategia de resultados porque no hay ninguna otra alternativa.

La hay. Imaginen por un momento que quienes tienen potencial parlamentario suficiente para hacerlo con éxito, que normalmente son quienes desarrollan con más dedicación el discurso de las contrapartidas inaceptables, le dijeran esto al Gobierno, y concretamente al partido más representativo del Gobierno: «No paguen por la aprobación del presupuesto un precio que no sea estrictamente presupuestario; nosotros estamos dispuestos a hablar de presupuestos, y sólo de presupuestos; o sea, de lo que necesita el país en este momento; estamos dispuestos a participar en su preparación, a discutir las prioridades, a negociarlas y, si llega el caso, a alcanzar un acuerdo de aprobación de los presupuestos con los demás que también quieran hacerlo sin otras contrapartidas».

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Más o menos por ahí parece ir el mensaje de Ciudadanos de un tiempo para acá; pero hay otro, al menos otro, cuyo mensaje se echa en falta. ¡Y no miro a nadie!

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