Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Valga la redundancia, se trata de una presunción del saber popular, de la cultura social ... que, recogida en refranes, dichos o asertos varios, nos ahorran el proceso reflexivo y ofrecen una conclusión difícilmente cuestionable. Salvo en esas excepciones que confirman la regla. Un error que permite confirmar los aciertos, fórmula de carácter discutible.
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Más allá de la cultura popular, las presunciones juegan un papel relevante, nada baladí, en el ámbito jurídico y judicial. Se trata, en todo caso, de la utilización de una herramienta humana de primer orden, la lógica, el sentido común. El razonar humano, que busca hallar la realidad de las cosas, de lo sucedido, pese a que no todos los elementos estén encima de la mesa. Falta algún hecho, incluso de los determinantes, pero es posible, con los criterios de la razón humana, descubrirlo. Un camino que ha de despojarse de todo subjetivismo, y arrojarse en brazos de una objetividad necesaria.
Las emociones, los sentimientos, las querencias ideológicas –incluso las que anclan sus valores en tierra de honestos cimientos– no permiten interpretar los mapas y la trazabilidad de los hechos con rectitud. La imagen de la Justicia, con los ojos vendados, alude a ese carácter de imparcialidad, aunque tal y como discurren los asuntos en las principales instituciones públicas, fácilmente la pretensión no sea que actúe sin intereses de parte, sino que directamente mire para otro lado. Así, con unas gafas de esas de cristales de culo de vaso, el eslogan bien podría ser: 'Que haga la vista gorda'.
La presunción judicial, fruto de un juicio de inferencia que muestre un escenario en el que indicios sólidos y pruebas diversas tan sólo permitan una única conclusión lógica y racional, puede ser un cauce válido para que el fallo de una sentencia se incline hacia un lado u otro de la balanza.
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En el caso de García Ortiz, máximo cargo de la institución que ha de velar por el cumplimiento de la legalidad, la fiscalía, nada hace dudar de su estrategia política para perjudicar a Ayuso, a través del asunto penal de su actual pareja. Que no lo era cuando sucedieron los hechos enjuiciados.
El principio constitucional de inocencia y el de `in dubio pro reo´, de creación jurisprudencial, son los aliados del fiscal acusado. Sus indicaciones a sus subordinados para cerrar el círculo, ganar el relato y su directa redacción de una nota de prensa, permiten que la lógica dicte su veredicto. Pero, claro, el Tribunal Supremo (más ahora con el Tribunal Constitucional como nueva instancia casacional en asuntos de interés sanchista) se debe a un rigor extremo. Tan solo a Gmail no le cabe ninguna duda.
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