Sánchez lanza un ultimatum de tres meses a las autonomías rezagadas para que creen el registro de objetores del aborto

En una carta formal a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al de Aragón, Jorge Azcón, y a la de Baleares, Marga Prohens, pero también al asturiano Adrián Barbón, el único socialista, el jefe del Ejecutivo recuerda que, desde 2023, la ley de interrupción voluntaria del embarazo incluye la creación, por parte de las autonomías, de ese listado, al que se refiere como «una herramienta indispensable para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos», y remarca que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estableció hace casi un año un protocolo para su implementación.

En el requerimiento, Sánchez exige a las cuatro autonomías rezagadas que aceleren. En concreto, les concede tres meses para cumplir la ley bajo la amenaza de poner en marcha «los mecanismos legales oportunos». En último extremo, el Gobierno podría llegar a aplicar el artículo 155 de la Constitución, aunque en su escrito el presidente no hace alusión explícita a ello.

Asturias, Baleares y Aragón, ya han respondido que tienen intención de cumplir la ley y que preparan un decreto para implementar el citado registro, aunque Azcón acusó a Sánchez de situar ahora el aborto en el «centro del debate» para que no se hable de «los sobres» con dinero en efectivo que recibió del PSOE el exministro José Luis Ábalos, según el informe entregado por la UCO al juez Leopoldo Puente el pasado viernes. Ayuso, sin embargo, avisó de que se tomará su tiempo antes de responder por el cauce conveniene al jefe del Ejecutivo y replicó que no es propio de una «democracia liberal» estigmatizar a nadie ni por practicar un aborto ni por «no querer practicarlo como profesional de la salud».

El registro de objetores de conciencia, en todo caso, no tiene carácter público y es de acceso restringido para la Administración. La propia ley establece, además, que su creación tiene una finalidad meramente organizativa y que debe salvaguardarse la protección de datos de carácter personal. Asimismo, exige tomar medidas para evitar la «discriminación» tanto los profesionales que practiquen abortos como los objetores.