Koldo guarda silencio ante el juez el día después de entrar en prisión

Fuentes jurídicas han indicado que Koldo García, que también fuera vocal y consejero de Puertos del Estado y ADIF bajo el ministerio de Ábalos, ha seguido la misma estrategia de sus últimas comparecencias en el Supremo. No ha declarado porque aún no le han dado traslado de los móviles y otros dispositivos intervenidos en su vivienda de Alicante en febrero de 2024, una circunstancia que le impide defenderse con todas las garantías. Y ponen como ejemplo que al propio De Aldama le devolvieron el pasado martes sus dos teléfonos y a él, todavía no.

De igual modo, la defensa quiere esperar a que se resuelvan sus recursos sobre las peticiones de nulidad planteadas por la división de la causa en dos: la parte de las mascarillas que sigue en el Supremo por ser Ábalos diputado y, por lo tanto, aforado ante este tribunal, y el resto de pesquisas que instruye el juez de la Audiencia Nacional. Considera que se ha roto la continencia del procedimiento cuando hay hechos que están íntimamente ligados. Las mismas fuentes señalan que en el momento en que tenga acceso a sus dispositivos, los mismos que aparecen como prueba de cargo fundamentales para las acusaciones, pedirá declarar de forma voluntaria.

Koldo ha llegado sobre las 8:45 horas a la sede judicial a bordo de un furgón de la Guardia Civil procedente de la prisión madrileña de Soto del Real. Estaba citado por el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número dos, desde el pasado 7 de noviembre. Lo hizo después de recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza los tres contratos adjudicados por el Gobierno de Canarias a Soluciones de Gestión en primavera de 2021, valorados en 12,3 millones de euros, mientras era presidente el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Los investigadores plasmaron en ese informe que Torres reclamó pagos para la trama de mascarillas por la «influencia» de Koldo y que se disculpó con el entonces asesor: «Estoy encima», «he dado el golpe preciso en la mesa». Fue el fiscal de Anticorrupción Luis Pastor quien pidió a la Audiencia Nacional que llamara a Koldo y a De Aldama, especialmente después de que la UCO apuntara en su informe que los contratos de Canarias «constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Aldama venía pagando a Koldo, al menos desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que le permitía la petición de favores».

El fiscal entendió que ese pago «recurrente» permitía al empresario «tener acceso al propio ministro» de Transportes en aquellas fechas, recordando que el propio Aldama «reconoció» en su primera declaración (21 de noviembre de 2024) que «en varias ocasiones» observó cómo, en su presencia, el dinero que entregaba a Koldo, éste se lo repartía con Ábalos. Al respecto, el fiscal consideraba que dicho «patrón» supondría que los pagos realizados por Aldama «no se ceñirían a actuaciones concretas, sino que responderían más bien al aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico personal».

Y recalcó que «las actuaciones concretas solicitadas a Koldo por Aldama se ceñirían a los pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la administración canaria, certificación del propio material» o «cobro» por parte de Soluciones de Gestión, vinculada al empresario. Los investigadores de la UCO también apuntaron que el entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno canario, Antonio Olivera, garantizó la compra de mascarillas mientras desde dentro de la administración canaria «aún se estaba dilucidando la viabilidad de la operación», expresando «dudas» por el precio y la calidad.