La Junta blinda la ayuda para servicios sociales a 180.000 familias de la comunidad

La Junta quiere garantizar los servicios sociales que prestan 24 ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León y de los que se benefician 180.00 familias de la comunidad. Por eso, el consejo de gobierno aprobó este jueves un nuevo acuerdo marco que abarcará los próximos cuatro años (de 2020 a 2023) y que blinda una inversión mínima de 112 millones anuales en ese periodo (448 millones en total). Esa cuantía es susceptible de ampliarse si se producen incrementos en los Presupuestos. «Podemos decir que en Castilla y León blindamos los servicios sociales para ayudar a las familias y para garantizar el empleo de los profesionales que se dedican a ello», sintetizó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

Los quince ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales reciben dinero de la Junta para cofinanciar los servicios sociales. Con esta fórmula se aprovecha la proximidad entre profesionales y usuarios, al tiempo que se evita que el gobierno autonómico y las entidades locales incurran en duplicidades. «Se garantiza que, independientemente de la evolución económica que haya, ayuntamientos y diputaciones tendrán un suelo mínimo al año de 112 millones de euros, que se irán incrementando con distintas adendas en función de las disponiblidades presupuestarias», indicó Isabel Blanco.

El nuevo acuerdo marco aprobado por el gobierno autonómico aumenta su duración con respecto al anterior (de tres a cuatro años) y busca garantizar la estabilidad laboral de los 1.241 profesionales que trabajan en los denominados CEAS (Centros de Acción Social), así como de las 5.456 personas empleadas en la ayuda a domicilio.

Los 448 millones de euros que la Junta destinará a mantener la red de servicios sociales se repartirán en tres grandes áreas. La primera incluye los equipos de acción social básica, con un montante de 107 millones de euros en el próximo cuatrienio. Un total de 266 millones se dedicarán al área de atención a las situaciones de dependencia, que incluye la ayuda a domicilio y el servicio de teleasistencia. La Junta atiende al año, vía telefónica y para cuestiones técnicas, a más de 25.000 personas con discapacidad o dependencia de terceros.

«El último apartado de este acuerdo marco es la red de protección a las familias más vulnerables, ayudas en situaciones de emergencia y el programa 'Crecemos' para conciliación en centros infantiles de pequeños municipios con niños de 0 a 3 años. También se contemplan ayudas para los planes locales contra la drogadicción y para las víctimas de violencia de género», señaló Blanco.

La consejera de Familia recordó que se trata de «competencias municipales» que la Junta «cofinancia». «El personal de los CEAS es público y el personal de la ayuda a domicilio depende de con quién contraten las administraciones», subrayó.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea defendió que algunos de estos servicios los presten empresas privadas y apuntó que «público es todo aquello que se paga con impuestos». «No hay que confundir al prestador de los servicios con el carácter publico que puedan tener.Existe una larga lista de cosas públicas cuyo prestador no es la propia Administración. Lo que se paga con impuestos siempre es público».

Por otra parte, la Consejería de Familia desarrollará el programa 'Conciliamos' para los periodos de vacaciones escolares de 2020 y 2021 con un importe de 2,6 millones. «Se extenderá a todos los municipios de más de 3.000 habitantes y ya solo serán necesarios ocho niños para ponerlo en práctica y no 15, como hasta ahora», explicó Isabel Blanco.