Castilla y León

PP y PSOE defienden en paralelo dos leyes distintas contra la violencia de género

Hay tres que fueron parte de ese acuerdo PP-Vox roto el pasado mes de julio: para crear el servicio público de empleo, la del ruido y la de impulso a las plazas sanitarias de difícil cobertura. Vox presentó otra por su cuenta para crear el Consejo de Diálogo Social. Otras dos son del PSOE: la de bomberos forestales y la de derechos y garantías de las personas en el final de su vida (repescada de la presentada por Francisco Igea y vetada por el PP). Y una de UPL y Soria ¡Ya! sobre medidas contra la despoblación. La última en llegar ha sido de Unidas Podemos, para regular la publicidad institucional. Un poco de todo, en definitiva.

Ahora, sin embargo, están sobre la mesa -figuradamente, ninguna de las dos ha llegado aún a la Mesa con mayúsculas, la de la Cortes, la que da inicio al trámite- dos iniciativas sobre el mismo tema, con muchas características en común y de dos tipos distintos. El proyecto de ley de lucha contra la violencia de género de la Junta y la proposición de ley de lucha contra la violencia de género del PSOE.

Entre los dos grupos parlamentarios suman 59 de los 81 procuradores de las Cortes de Castilla y León y cuatro de los seis miembros de la Mesa. Habría sido más lógico presentar un texto y, posteriormente, debatir las enmiendas.

No se ha hecho.

Se podía haber hablado de forma extraoficial para acudir de la mano en un tema con mucha relevancia social. Tampoco se ha hecho.

Y ahora empieza la carrera por ver cuál de las dos se tramita antes, esprint en el que la Junta tiene las de ganar.

Y esta casualidad, esta premura, no se produce por una premura inaplazable. Esta reforma de la ley vigente, aprobada en 2010 en unas Cortes con mayoría absoluta del PP de Juan Vicente Herrera, debería haberse producido a partir de 2017, cuando se alcanzó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En ese momento las autonomías tenían que desarrollarla o adaptar su legislación al nuevo acuerdo. Pero han sido años de turbulencias en Castilla y León. Y hay que recordar que con cada convocatoria electoral decaen todos los procedimientos legislativos abiertos. De 2017 a 2019 el PP gobernó con el apoyo de los 5 parlamentarios de Ciudadanos, dado el empate a 42 escaños en la cámara entre los de Herrera y el resto. En 2019, urnas. Llegó el vuelco con el triunfo socialista y el pacto PP-Ciudadanos, irrumpió la pandemia, se registró la primera moción de censura de la historia en la comunidad y después se convocaron las primeras elecciones anticipadas en casi cuatro décadas. En 2022, urnas. Turno para el tándem PP-Vox, con la exigencia de Vox de aprobar una normativa sobre violencia intrafamiliar. Evidentemente, la de violencia de género quedó aparcada indefinidamente. Pero en julio de 2023 se rompe el Gobierno, Vox se marcha y el PP se ve en minoría.

El 22 de noviembre, Luis Tudanca anuncia en Salamanca que «el PSOE llevará a las Cortes de Castilla y León una proposición de ley para adaptar la Ley de Violencia de Género al pacto de Estado».

El 25 de noviembre, Alfonso Fernández Mañueco anuncia que se retomará el proyecto de ley sobre violencia de género que la Junta ya había preparado en 2021.

¿Y ahora qué? Pues el proyecto de ley, en principio, ya está en el Consejo Consultivo a la espera de recibir el plácet. Y la proposición de ley del PSOE se debería haber registrado ya en las Cortes. Consultado el parlamento al respecto, la Junta tiene ventaja. Para empezar, porque la proposición de ley socialista se va «al final de la cola», porque van por turno y hay ocho ya en diferentes estados de tramitación. Y después, porque el Ejecutivo, la Junta, puede pedir que se incluya el asunto en el orden del día «con carácter prioritario», y que esa petición debe ser atendida si se cumplen «los trámites precisos». Y se cumplirán.

Por tanto, el texto de la Junta se debatirá en el parlamento autonómico. Primero deberá pasar, tras el Consultivo, por el Consejo de Gobierno de la Junta, de ahí aterrizará en las Cortes y se llevará al Pleno para iniciar el trámite. Debería llegar el mes que viene. Lo que consigue el PSOE, en todo caso, es forzar al Gobierno autonómico, ya sin Vox, a recuperar una línea de trabajo que había aparcado por completo.

Políticamente tiene otra implicación importante. Después de que Vox haya visto reducidas a la nada sus exigencias de aprobar una ley de concordia y una ley de violencia intrafamiliar, ambos metidas ya en el cajón bajo siete llaves, esta norma recae en el departamento de Isabel Blanco (PP), que ha ocupado precisamente la Vicepresidencia que antes ostentaba Juan García-Gallardo (Vox).

Se trata de una ley condenada al éxito… Salvo otro anuncio electoral o cambio drástico de los acontecimientos. Porque el texto del PSOE y el del PP -trabajado en 2021- muestran similitudes en muchos aspectos. Parten de un cierto consenso y amplían el foco a las nuevas formas de violencia, como las derivadas del uso nefasto de la tecnología.