El PP reniega de la política de personal del exvicepresidente De Santiago-Juárez

Las Cortes aprobaron otro Decreto-Ley para modificar la Ley de Función Pública, con 44 votos a favor de PP, Cs, UPL, Vox y Por Ávila y la abstención de PSOE y Podemos, que supone sepultar la política de recursos humanos que desarrolló el último Gobierno de Juan Vicente Herrera y, más en concreto, quien fuera su vicepresidente, José Antonio de Santiago-Juárez.

Los cambios persiguen diseñar la estructura de las plantillas de las consejerías con Relaciones de Puestos de Trabajo desde la «plena sujeción y el respeto» a los argumentos de las sentencias que anularon el catálogo de puestos, las relaciones de puestos y el concurso de trasladados que el anterior Gobierno había impulsado por dos veces, y sin apenas cambios, tras numerosos fallos anulatorios.

El consejero Ángel Ibáñez, que como procurador del PP defendió la pasada legislatura en las Cortes asuntos impulsados por De Santiago-Juárez, y la parlamentaria Leticia García marcaron distancias en el pleno con la etapa anterior. Parecían hablar de un Gobierno situado en las antípodas políticas. Ibáñez reconoció que la «cascada» de sentencias en contra había abocado al departamento de recursos humanos a una «parálisis organizativa». Leticia García añadió que esa gestión había causado un «perjuicio importante» y elogió al actual consejero por «volcarse en poner en marcha un sistema organizativo que había sufrido un freno».

Marta Sanz, de Cs, argumentó que era necesario hacer «tabla rasa» ante una situación en «la que la ventanilla de atención a los funcionarios se situaba en los juzgados» y Yolanda Sacristán, del PSOE, acusó a los populares de haber llevado al «descalabro» a la Administración Autonómica y denunció que nadie asume responsabilidades. Esto último llevó a Ibáñez a acusarla de «desfachatez» por atribuirle a él errores de«anteriores legislaturas» que va a corregir en este «nuevo tiempo».