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Los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Castilla y León han alertado al Centro Registral AntiBlanqueo (CRAB) de 96 operaciones sospechosas ... de blanqueo de capitales durante el primer semestre del año. Pese a producirse un descenso a nivel nacional, algo que desde el Colegio de Registradores atribuyen a la bajada generalizada de tramitaciones debido a la crisis sanitaria y las restricciones de movilidad, en la comunidad no se ha apreciado un descenso equivalente.
El CRAB, el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de España fue creado en 2015 y solo el pasado año emitió 31.798 avisos de posible blanqueo de capitales en toda España. En el primer semestre de 2020 detectó 14.430 casos sospechosos de lavado de dinero, el 8% menos que en el mismo periodo de 2019.
No obstante, mientras las alertas de los registros de la propiedad (4.413) disminuyen el 31%, que suponen 1.876 menos;en los registros mercantiles y de bienes muebles aumentan en 616, lo que supone el 6,3% más, hasta 10.287.
En Castilla y León, el año pasado saltaron 160 alertas en todo el ejercicio. No quiere decir que se repartieran al 50% por semestres;pero hay que tener en cuenta que en el segundo trimestre de este año la actividad fue mínima, de modo que los 96 casos del periodo enero-junio de 2020 constituyen una cifra significativa. Del total, 45 alertas corresponden a los registros mercantiles y 51, a los de la propiedad.
La función principal del CRAB es intensificar y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Así, por un lado minora la carga de trabajo del SEPBLAC (la Unidad de Inteligencia Financiera) y otorga cobertura legal a los registradores que detectan una posible operación sospechosa.
«Cuando un registrador detecta una operación sospechosa, y tras realizar un análisis previo de la misma, decide enviarla al centro –explican desde el Colegio de Registradores–. Cuando esa operación se recibe en el CRAB, lo primero es comprobar determinados extremos, como por ejemplo vinculaciones con intervinientes de otras operaciones comunicadas en todo el territorio nacional, conexión con operaciones realizadas en otro tipo de registro diferente del comunicante (mercantil, propiedad o bienes muebles), cruce de información de investigaciones abiertas por las autoridades competentes en la materia de las que el centro tiene noticia, con los índices y las bases de datos registrales y por supuesto con el Registro de Titularidades Reales, entre otras acciones».
A continuación, el resultado de estas primeras pesquisas puede derivar en la apertura de un informe de análisis especial o el descarte de dicha operación, nunca definitivo, ya que nuevas informaciones remitidas por el mismo registrador u otros pueden dar lugar a la apertura del informe.
A nivel nacional, las alertas de posible operativa sospechosa remitidas por el Registro Mercantil suponen casi el doble que las remitidas por el Registro de la Propiedad. «Es comprensible, ya que las operaciones de blanqueo son cada vez más sofisticadas y eso genera la creación de personalidades jurídicas en cadena que complican llegar a conocer quién es el beneficiario final, el titular real, en definitiva, de los bienes que se ponen en circulación», señalan.
Entre los indicios que se valoran para detectar operaciones irregulares están el uso de medios de pago opacos; los vínculos con paraísos fiscales y las alteraciones de valor, más en el Registro de la Propiedad.El Registro Mercantil también puede advertir un cambio en el valor de una sociedad limitada tras una ampliación de capital, entre otras cuestiones.
El descenso general en el número de alertas de blanqueo no está vinculado a una bajada del fraude, sino a la sino a la existencia de menos operaciones, explica el vallisoletano José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores de España. «Cuando hay muchas operaciones es más fácil esconder una de blanqueo. Cuanto menos se mueve el mercado, menos llama la atención algo no justificado, es más difícil percatarse. Durante la burbuja inmobiliaria era complicado saber cuál era el valor de un bien, ya que todos los días se vendían muchísimos y era lo normal», detalla.
«Las actuaciones del Registro Mercantil, que es donde saltan más alarmas, se focalizan en Madrid yCataluña, que tienen más actuaciones en relación a su PIB, porque tienen más sedes de empresas por este efecto de deslocalización. En Castilla y León tenemos empresas que actúan aquí pero tienen su sede en Madrid».
En el ámbito mercantil, según comenta Tabarés, las operaciones «son cada vez más sofisticadas, con sociedades pantallas y empresas que se constituyen con el objeto de disfrazar el fraude y eso genera mayores alertas que el Registro de la Propiedad».
No puede hablarse de un patrón de fraude con particularidades propias de una comunidad autónoma, las alertas son homogéneas. «Lo que caracteriza una alerta de blanqueo es una operación económicamente difícil de justificar. Por ejemplo, una financiación a 30 meses en la que a los dos meses se paga todo lo aplazado. Puede deberse a causas lícitas, pero son excepcionales. También las operaciones muy debajo del valor de mercado, que a veces pueden suceder por circunstancias especiales. Pero todo lo que se aparta de las normas y la lógica del mercado genera una alerta. Luego se examina el documento por si puede haber justificación».
Todos los registradores y empleados hacen cursos antiblanqueo y periódicamente hacemos una labor de auditoría en las oficinas. Además, el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) tiene una serie de supuestos indiciarios para instar a revisar una u otra operación. «En el caso del Registro Mercantil, por donde pasan las operaciones de aumento o reducción de capital, o las fusiones empresariales, saltan las alarmas cuando una misma persona es administrador de múltiples propiedades pero no tiene un número equivalente de propiedades, lo que se conoce como la figura del testaferro», señala el vicedecano.
Todas las alertas van al CRAB y éste las examina y categoriza para formar expedientes. «Puede haber una operación extraña que aisladamente no dice nada, pero que se repite en distintos registros. Entonces se abre un expediente y, si a la vista del mismo los indicios son claros, se remiten al Sepblac. Independientemente, proporcionamos la información que nos piden las fuerzas de seguridad».
Según Tabarés, «si todas las alertas se remitiesen al Sepblac sin un filtrado, éste se colapsaría, ya que anualmente se producen en España 30.000 alertas. Las que no van quedan latentes por si en años posteriores surgen operaciones enlazadas».
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