Piden suprimir los apellidos de la tarjeta del personal sanitario para protegerse ante las agresiones
El sindicato CSIF asegura que la iniciativa tiene precedente en Asturias, donde se ha mejorado la percepción de seguridad de los trabajadores
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente a la Consejería de Sanidad cambiar el modelo de tarjetas identificativas utilizadas por los profesionales de Sacyl, que pasa por eliminar los apellidos y otros datos personales no esenciales, para proteger su intimidad y frenar las agresiones que sufre el personal sanitario.
CSIF señaló que la exposición de datos como nombre completo y apellidos, visibles en las tarjetas, puede facilitar la localización y contacto de esas personas fuera del entorno asistencial. «Hemos detectado situaciones de acoso, amenazas y uso indebido de estos datos personales, que han generado un grave estrés emocional y riesgo para muchos trabajadores», advirtió el presidente del sector autonómico de Sanidad del sindicato, Enrique Vega.
La propuesta, que registró ayer el sindicato independiente, plantea la adopción de un nuevo formato de tarjeta que incluya exclusivamente el nombre de pila, la categoría profesional, una fotografía reciente y un código identificativo anónimo para el paciente, pero trazable internamente por la administración. Esta medida, asegura el sindicato, está alineada con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), que establece la necesidad de tratar solo los datos «adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario».
Obligación legal y ética
Asimismo, CSIF recordó que el Estatuto Básico del Empleado Público garantiza el derecho a la intimidad personal, y que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las administraciones a velar por la seguridad de sus trabajadores, también en materia psicosocial. «Proteger la identidad de quienes están en primera línea no es una opción, es una obligación legal y ética», recalcó Vega.
La organización sindical pide que esta modificación sea regulada mediante una instrucción formal, y que se promueva un canal de colaboración con los comités de Seguridad y Salud, delegados de protección de datos y organizaciones sindicales para validar el nuevo diseño. Esta iniciativa ya cuenta con precedentes en otras comunidades autónomas, como Asturias, donde se ha implementado con éxito y ha mejorado la percepción de seguridad del personal. «Castilla y León no puede seguir siendo espectadora pasiva de la creciente violencia contra el personal sanitario. Es hora de actuar con firmeza», concluyó.
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