La patronal reclama la reapertura de centros de día, con 5.748 plazas en Castilla y León

Las empresas del sector de los servicios asistenciales han planteado ya al Gobierno y la Junta de Castilla y León que se reabran los centros de día, clausurados desde el pasado 16 de marzo, lo que «está afectando muy negativamente a los usuarios, pues incide en su deterioro, y también en los cuidadores familiares», advierte el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP) en el protocolo presentado en tres fases para la desescalada en estos servicios, exceptuando a los que están integrados en complejos residenciales. Los centros de día, que suman en la comunidad 5.748 plazas, acogen sobre todo a usuarios con enfermedades como el alzheimer y otras demencias y, con sus distintas actividades y terapias, permiten retrasar el ingreso de estos mayores en las residencias.

Pero la condición previa para esta desescalada es que tanto usuarios como trabajadores se hayan realizado test que permita descartar que están contagiados. Se plantea que se realicen estas pruebas quince días antes de la fase dos y tres. Además, se establece que tiene que existir una comunicación constante con los servicios hospitalarios de la zona y la atención primaria para prevenir y detectar los contagios. El papel de la familia es esencial también a la hora de una disciplina constante de medidas de higiene, tanto para usuarios como para plantillas. En el domicilio se realizará un seguimiento diario del mayor para detectar si existe contagio por covid-19, rellenando un formulario en el que se consignen datos como el control de temperatura, si tiene problemas digestivos, sufre diarreas o presenta dificultad respiratoria.

Cada fase tendrá un intervalo mínimo de dos semanas y en cada una se incorporará un 33% de los usuarios. En la primera fase tendrán prioridad para el reingreso los más graves y que tengan mayor grado de dependencia. A los quince días serán el 33% de los menos graves y en los siguientes quince días, el 33% con dependencia leve.

Respecto de las rutas de transporte de recogida de usuarios solo se permitirá el traslado, en cada vehículo, de cuatro personas en lugar de ocho. El «impacto económico de esta reducción», indica la patronal, «tendrá que ser sufragado por las administraciones competentes o se suprimirá el transporte». También en el interior de los centros, que serán sometidos a un riguroso plan de higienización, se reorganizarán los turnos en el comedor, que se doblarán para que los usuarios puedan mantener las distancias.

Para «restablecer el prestigio de los servicios sociales y paliar el desequilibrio financiero», los empresarios del sector sostienen que, tanto en los centros de día como en las residencias «se deberá recuperar la financiación de la reserva de plazas concertadas por la Administración hasta que sean ocupadas», así como garantizar «la disponibilidad y financiación de test suficientes».