Pagar las pensiones de Castilla y León cuesta el doble de lo que se recauda por las cotizaciones

Pero con el cataclismo laboral de la pandemia y el mecanismo de protección de los ERTE, que incluye exenciones en los pagos al sistema, la situación se ha agravado exponencialmente. Si la región fuera un país, el sistema estaría en quiebra, ya que en lo que va de año (hasta septiembre), la Seguridad Social ha recaudado por cotizaciones sociales justo la mitad de lo que ha tenido que abonar en prestaciones a jubilados y demás pensionistas.

El Gobierno va a subir las cotizaciones desde 2023 a 2032 para conseguir unos ingresos extra con los que llenar la hucha de las pensiones y afrontar así la oleada de jubilaciones de la generación del 'baby boom'. Según las últimas informaciones, el ministro José Luis Escrivá ya ha decidido que el alza será de 0,6 puntos, con la que prevé recaudar con entre 41.000 y 45.000 millones a lo largo de una década. Según la última propuesta planteada a los agentes sociales, 0,4 puntos serían sufragados por las empresas y las dos décimas restantes, por los empleados.

Antes de la pandemia, la Seguridad Social ingresaba por este «impuesto al trabajo», como lo denomina la patronal, en Castilla y León fondos como para pagar a dos tercios de los pensionistas de la comunidad. Gracias al mecanismo de solidaridad de la caja única y a las aportaciones presupuestarias extraordinarias, ya que el sistema también es deficitario en el conjunto de España, al final había equilibrio.

Como es sabido, debido al envejecimiento de la población y la mejora de los salarios, el gasto en pensiones nunca decrece. Los ingresos por cotizaciones, sin embargo, dependen de la marcha del mercado laboral: si el empleo aumenta, crecen y si no lo hace (o el que se crea es de 'mala calidad'), se estancan o incluso bajan.

De 2018 a 2019, por tomar el ejemplo de los dos últimos años 'normales', el organismo registró una situación casi ideal: la recaudación por las cotizaciones creció un poco más que el gasto en prestaciones.

En 2018, la Seguridad recaudó en la comunidad autónoma 4.742,17 millones en cotizaciones, que es el 63,4% de los 7.475,88 millones que abonó en pensiones y un año más tarde, estas cantidades crecieron el 5,8% y el 5,4%, respectivamente.

Pero llegó 2020 y con él la covid que, además de una tragedia humanitaria, trajo consigo el consabido cataclismo laboral. Decenas de miles de trabajadores perdieron su empleo en la comunidad y, en el peor momento, cerca de 150.000 fueron enviados a casa con su salario menguado y convertido en prestación y las cotizaciones sociales bonificadas al 100% o al 90%, según el tamaño de la empresa. También los autónomos tuvieron exoneraciones en sus cuotas.

El resultado es que los ingresos por las cuotas sociales, que en 2019 ascendieron a 5.000 millones, en 2020 no llegaron a alcanzar los 4.000. Registraron una caída superior al 20%. Mientras, el gasto en pensiones superó en la comunidad por primera vez la barrera de los 8.000 millones, con un aumento porcentual del 2,7%.

También por primera vez en la historia, pagar las pensiones de todas las personas beneficiarias de Castilla y León suponía justo el doble de lo generado en cotizaciones por todos los trabajadores en activo de la comunidad.

Esta relación se mantiene en los nueve primeros meses de 2021, pese a la soberbia recuperación del mercado laboral. En la región ya hay tantos afiliados a la Seguridad Social como antes de marzo de 2020 y menos parados que entonces. Sin embargo, los ingresos por cotizaciones (2.987 millones al cierre de septiembre) apenas llegan a cubrir el 50% del gasto en pensiones (5.944 millones).

De esta cantidad, 4.414 millones, es decir el 75%, han sido para pagar pensiones de jubilación y el resto, las de invalidez, viudedad, orfandad y en favor de familiares. Además, la Seguridad Social ha abonado en lo que va de año otros 95,63 millones de euros en incapacidades temporales; 3,89 millones en medidas de seguridad e higiene; 90 millones en prestaciones de maternidad y paternidad, embarazos de riesgo y permisos de lactancia; y 4,48 millones en otras prestaciones y entregas únicas.