Mena reivindica el Ministerio Fiscal como «un pilar básico para el equilibrio del Poder Judicial y del resto de las instituciones»
El Palacio de Justicia de Burgos acoge el acto solemne de apertura del año judicial 2025-2026 en Castilla y León
El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, reivindicó hoy el reconocimiento del Ministerio Fiscal como parte del Poder Judicial, con las particularidades propias que lo convierten, dijo, en «un pilar básico para el equilibrio del propio Poder Judicial y del resto de las instituciones del Estado».
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Lo hizo en el discurso que pronunció en el Palacio de Justicia de Burgos, en el marco del acto solemne de apertura del año judicial 2025-2026 en Castilla y León, presidido por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser. En este sentido, Mena resaltó que «los fiscales, el Ministerio Fiscal, es Poder Judicial», al tiempo que recordó que «el título VI de la Constitución se denomina 'Del Poder Judicial'» y que «allí se reconoce al Ministerio Fiscal como parte integrante de ese Poder».
Además, se refirió al artículo 124 de la Constitución que establece las misiones que tiene el Ministerio Fiscal de «defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos, el interés público y velar por la independencia de los tribunales, por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad».
«Nuestro Estatuto Orgánico indica que el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial», exclamó, al tiempo que recordó que son 135 fiscales sumados a los 314 jueces y magistrados de Castilla y León los que forman el Poder Judicial del territorio.
Asimismo, consideró que las reivindicaciones que pueden hacerse frente al eventual ataque a los principios que inspiran su trabajo pueden ser equiparables y compartidos, y añadió que «es digno de protección el respeto a la independencia judicial como lo es el respeto a la imparcialidad y objetividad del fiscal». «Todos ellos se sustentan en el cumplimiento de la ley como pilar fundamental del Estado democrático que tenemos».
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El fiscal superior de la Comunidad también dedicó parte de su intervención a recordar los datos de la Memoria de actividad de la Fiscalía de Castilla y León y se centró, sobre todo, en los relativos al ámbito penal. Así, desglosó que durante 2024 se incoaron 103.269 nuevos procedimientos penales, un 5,32 por ciento superior al año 2023.
Asimismo, quiso hacer una llamada a toda la sociedad de Castilla y León a propósito de lo que definió como «una realidad sobrecogedora que aumenta exponencialmente en los últimos años», como son las agresiones a los profesionales sanitarios. Según expuso citando al observatorio de agresiones a profesionales médicos, el año 2024, más de mil profesionales del sistema público de salud de Castilla y León sufrieron agresiones.
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De ellos, precisó que el 83 por ciento eran mujeres. «Estos datos son la punta del iceberg», exclamó, por lo que quiso hacer público el interés de la Fiscalía y la obligación que les compete para luchar contra este ataque a «uno de los bienes más preciados del estado de bienestar», como es la sanidad pública. «Estas agresiones son delitos, a veces graves», alertó.
Violencia sobre las mujeres
Asimismo, manifestó que cada año, desde hace dos décadas, «se comprueba que la violencia sobre las mujeres crece». «Los datos lo demuestran, por lo que se hace más incomprensible que algún sector político y social siga anteponiendo su ideología a la cruda realidad de las cifras y de los hechos que por sí mismas debieran acallar las falacias que sobre esta realidad se pretende proyectar», denunció.
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Según expuso, en 2024, en Castilla y León, aumentaron considerablemente el número de procedimientos incoados, que suman un total de 9.664 -frente a los 8.248 en 2023-, lo que supone un incremento del 17 por ciento. «La agravante de reincidencia ha aumentado en un 78 por ciento, dato que demuestra la reiteración delictiva de los delitos de violencia sobre la mujer», precisó.
Además, informó de que en Castilla y León, desde que se inició el registro en 2003, 64 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. «Si con este dato alguien sigue dudando que esto no es un problema nacional, que aguante la mirada ante los familiares de esas mujeres y ante la sociedad entera», advirtió.
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También enumeró las medidas de protección para las mujeres víctimas de malos tratos, que son la prisión provisional de los agresores, órdenes de protección, de alejamiento y sistemas telemáticos de control (pulseras). «La eficacia de los procedimientos de control puede mejorarse», reconoció, ya que según los datos que ofreció, en 2024 se incoaron 1.092 procedimientos por quebrantamiento de medida cautelar o condena, un 10,7 por ciento superior a 2023.
En Castilla y León, dijo, se colocaron 182 pulseras electrónicas en 2024, siendo la octava Comunidad en porcentaje, un 3,6 por ciento del total. Si bien reconoció que «se han detectado varios problemas en el funcionamiento de estos sistemas por deficiencias de cobertura y otros». «Los fallos técnicos provocan absolutorias por separación del brazalete o llamadas perdidas», apuntó, y añadió que «el porcentaje de denuncias falsas, argumento utilizado por negacionistas para denostar y no proteger a las mujeres víctimas, no llega al 0,008 por ciento».
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El fiscal superior también hizo mención a los delitos informáticos, a la problemática de los incendios forestales. «Debemos evitar el riesgo de criminalización del mundo rural y de determinados colectivos; no podemos reducir el complejísimo problema de los incendios forestales a la 'caza del hombre', a la represión penal», sentenció.
Acto solemne de apertura del año judicial
El Palacio de Justicia de Burgos acogió el acto solemne de apertura del año judicial 2025-2026 en Castilla y León que congregó a cerca de 130 asistentes. Contó con la asistencia del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Luis Martín Contreras, así como de magistrados miembros de la Sala de Gobierno del TSJCyL, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales.
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Además, acudieron entre otros, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de las Cortes, Carlos Pollán; el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez; así como representantes del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Universidad y de otras instituciones de Castilla y León.
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