El juego político enturbia una toma de medidas cruciales para frenar una tercera ola desbocada

Hoy, cuando, insiste la Junta, se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León esta medida. Y los ciudadanos tendrán, en principio, que acatar las nuevas restricciones, aunque no está claro si habrá multas o no. En Burgos no, dice su alcalde. Pero claro, eso por parte de la Policía Local. Porque con la Nacional y la Guardia Civil la competencia es de la Delegación del Gobierno. Y en teoría debería multar, como ocurrió el pasado día 23 de octubre, aunque luego no sirva, como también ocurrió entonces. Aquella vez, el Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco también presionó al de Pedro Sánchez con la aprobación de un toque de queda que no podía aprobar. Se lo revocó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla León unos días más tarde, pero para entonces el Ejecutivo central ya había publicado el decreto de estado de alarma que lo permitía.

Esto es. Que los ciudadanos de Castilla y León se recogieron pronto durante dos días de forma no legal y el resto, ya, legalmente. Y hasta hoy.

En el origen de esta disputa está la intención de la Junta y de otras comunidades como Andalucía de acogotar al Gobierno, atrincherado en su postura de no modificar el decreto del estado de alarma para permitir los confinamientos domiciliarios, como le han solicitado. Castilla y León, en realidad, lo hizo a medias. Lo iba a pedir la consejera Verónica Casado, de Cs, pero a los dos días la desmintió el presidente Alfonso Fernández Mañueco, que negó entonces, y también esta semana, que se fuera a demandar la posibilidad de confinar domiciliariamente. Porque de hecho el Gobierno ya se había negado públicamente el día de Reyes.

En realidad, lo ideal para aliviar el desgaste político de gestionar esta pandemia es que sea el adversario quien cargue con los cierres. Francisco Igea lo ha repetido varias veces. «El Gobierno pone las vacunas y nosotros, las restricciones», se ha quejado.

A este intento de llevar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a modificar el BOE, los socialistas opusieron las voces más potentes en la comunidad. La de Óscar Puente, alcalde de Valladolid: «Le he trasladado al presidente de la Junta que si en el decreto de alarma no se contempla es, fundamentalmente, porque el PP se opuso a que esa posibilidad existiera».

Y también Luis Tudanca, secretario autonómico, que casi calcó el discurso. «Supongo que lo primero que hará el señor Mañueco es llamar a Pablo Casado, y que Pablo Casado lo apoyará. Porque hoy no está contemplado porque, cuando lo estaba, el señor Casado lo utilizó para decir que esto era una dictadura».

Y más tarde remachó: «No entiendo por qué ante esta situación Igea y Mañueco priman siempre el conflicto».

La táctica política ha contagiado a lo que debería ser un ámbito puramente sanitario.

Lo hizo durante el mando único del Ministerio, cuando las prórrogas del estado de alarma comenzaron a derivar en una negociación de bazar. Hubo un amago de recuperación en octubre, cuando se pactó un plan de respuesta y se acordaron unos niveles de riesgo en función de unos criterios epidemiológicos y de hospitalización. Y se ha vuelto a contagiar en la tercera ola, pero con más virulencia, cuando las comunidades, «autoridades delegadas» por el decreto de estado de alarma, se han enfrentado al dilema de exprimir todo el contenido restrictivo de la norma. Que es mucho. Tanto, que puede suspenderse o aplazarse hasta una boda, un velatorio o la actividad del comercio minorista. «Creemos que allá donde tenemos el mayor peligro, en domicilios e interior, era mejor restringir el horario para todos que tomar medidas sobre sectores en los que teníamos que valorar, además, cuáles eran esenciales o no...», justificó Igea.

Las restricciones propuestas por Castilla y León van «al límite», dijo el vicepresidente. Para el Gobierno, lo traspasan. «Desde el Ministerio de Sanidad se nos señala que en el marco del actual decreto de estado de alarma no cabe esa restricción [horaria]», informaba la Delegación del Gobierno en Castilla y León. «En todo caso, el artículo 10 del Real Decreto del Estado de Alarma establece la obligación de comunicar previamente al Ministerio de Sanidad las medidas que dicta el presidente de la cada comunidad autónoma como autoridad delegada».

Francisco Igea había asegurado que contaban con el aval «de los servicios jurídicos» de la Junta. Informe que se basa, explicaba luego la Junta, en la capacidad que le otorga el decreto de estado de alarma de «modular, flexibilizar y suspender» el toque de queda. «Modular es modificar los factores que intervienen en un proceso para obtener distintos resultados», razona. Así que mantiene su decisión.

El decreto del estado de alarma, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de octubre, se refiere en su exposición de motivos a la incidencia de la «movilidad nocturna» en el índice de contagios. «La restricción de la movilidad nocturna se considera una medida proporcionada con un potencial impacto positivo en el control de la transmisión», explica la normativa.

Acto seguido, en el articulado, se muestra mucho más explícita: «La autoridad competente delegada -la Junta- podrá determinar, en su ámbito territorial, que la hora de comienzo de la limitación prevista en este artículo sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas».

La Junta se acoge a ese concepto de «movilidad nocturna» que, según Francisco Igea, abarca desde «el ocaso hasta el amanecer», aunque este matiz no figura así en la normativa, y sí los horarios fijados en el artículo 5. «Después de analizarlo con los servicios jurídicos, lo que dice el decreto es que tenemos atribuciones para limitar el toque de queda durante el horario nocturno», señaló el vicepresidente autonómico. «Y eso, según los servicios jurídicos, es desde el ocaso hasta el amanecer. Y el ocaso es a las 20:00», advirtió este viernes, día en que anocheció oficialmente a las 18:13 minutos en Valladolid.

Juristas del ámbito universitario expertos en Derecho Constitucional coincidieron ayer, a falta de examinar lo que publique el Boletín Oficial de Castilla y León, en que el decreto estatal deja muy claro que el margen de acción de las autonomías para el toque de queda se mueve entre las diez de la noche y las siete de la mañana. Cualquier flexibilización, modulación o suspensión estaría limitada a esa banda horaria, resaltaron.

Y por si quedan dudas de dónde se encuentra la batalla ahora, la respuesta está en otra de las cuestiones a las que contestó Francisco Igea. «Si estas medidas en 15 días no surten efecto, el confinamiento será inevitable», dijo. Porque es el confinamiento domiciliario lo que está sobre la mesa. Volver a marzo de 2020.

La cuestión es que es el Gobierno quien debe modificar el estado de alarma para introducir esa posibilidad. Y no quiere hacerlo.

Mientras, «la situación es muy preocupante y la curva de crecimiento de la incidencia es en vertical», anunciaba el propio Igea.

2.483 casos ayer. El 1,1% de mortalidad. Traducido: 28 de esos positivos van a morir. Y la curva aún crece.