Juicio por la trama eólica

Un inspector de Hacienda aprecia la creación de sociedades enfocadas en un modelo para «defraudar»

El inspector de Hacienda Juan Manuel Tocino aseguró que las operaciones realizadas entre Ibercyl y San Cayetano se basaban en un método que buscaba «defraudar a la Hacienda Pública». Además, afirmó que la forma con la que se actuó es comparable con un supuesto en el que un terreno rústico va a ser recalificado y se crea una sociedad participada conjunta para tal fin.

En su declaración de este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra la denominada trama eólica, el inspector afirmó, a través del informe pericial realizado, que se llevó a cabo la creación de una sociedad conjunta donde una de las partes «no hizo prácticamente nada», pero, como consecuencia de ello, una vez otorgadas las licencias, pasaron a tener un «valor inmenso en función del negocio al que se iban a dedicar«. A raíz de ello, regresaron nuevamente a la sociedad que »ya tenía el terreno para realizar su actividad». Y eso «no produjo un pago, sino un traspaso de fondos desde la sociedad que tenía los terrenos a una sociedad distinta», dijo.

Además, subrayó que llamaron la atención unas transferencias de fondos por importe de muchos millones de euros desde Ibercyl a San Cayetano, así como el acuerdo marco sellado entre ambas, donde se incluye que, por cada megavatio que se apruebe, San Cayetano percibiría una cantidad de dinero, las cuales parecían apoyarse en una prestación de servicios, añadió.

Aun así, el inspector dejó claro que, en su opinión, Ibercyl no debería de tener necesidad de apoyarse en San Cayetano, dedicada al cartonaje, para desarrollar sus proyectos y tramitar sus licencias, por lo que remarcó que no se estaba ante «auténticas operaciones mercantiles», ya que las mismas «carecen de motivo económico válido», relató Tocino.

Tras el cierre de la operación, unos derechos de tramitación de los parques que poseía ya Ibercyl pasaron a otra sociedad distinta, de «manera gratuita cuando ya tenían mucho valor», porque afirmó que, pese a no tener presente la declaración de impacto, las mismas «ya tienen un valor en el mercado económico dentro de un proceso ordinario».

Y debido a un procedimiento reglado, consideró que «no había ninguna razón para traspasar esos derechos a otra sociedad y mucho menos para después recuperarlo de modo indirecto a través de la recompra de las acciones». Es decir, Ibercyl «traspasa lo que ya era suyo y, transcurridos dos años, lo recompra en una operación que costó 44 millones de euros», destacó. «Ningún gerente o ningún administrador de alguna sociedad que actúa así en un grupo permanece más de cuatro días en el cargo, porque eso le cuesta a su sociedad millones de euros», aseveró.

El inspector de Hacienda quiso dejar a un lado las formas utilizadas y se centró en lo que hubo detrás de las transferencias de fondos, quien no lo calificó como pagos, al subrayar que para «pagar hay que deber, y si no se debe nada, no es un pago. Es otra cosa», puntualizó. Y es que, con esta forma de realizar, la operación Ibercyl obtuvo «ventajas fiscales», al remarcar que desde el informe se aprecia que este modelo «estaba pensado para defraudar a la Hacienda Pública». «Y digo defraudar, porque si se crearon unas operaciones de compraventa inexistentes, se habla claramente de un supuesto de simulación fiscal», concluyó.

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