El 95% de la hostelería de Castilla y León pasa las inspecciones sanitarias sin ninguna sanción

El objetivo en definitiva es el de «evitar que los alimentos no seguros que se produzcan o se comercialicen en España lleguen a la población». La red se sustenta en tres pilares: la velocidad, la atención permanente y la cooperación. En el caso de que un alimento no seguro viaje más rápido que la información de esta red, «se activa un protocolo de comunicación para advertir a la población sobre qué productos se debe evitar consumir mientras se retiran del mercado».

Y ligado a ella, por lo tanto, está el control oficial de los productos alimentarios. Salud Pública de Castilla y León realiza más de cien mil visitas al año –113.107 en concreto en el último balance cerrado de 2021– dirigidas fundamentalmente, aunque no solo, a establecimientos de prestación de servicios y minoristas. Cada uno recibe una media de 2,6 inspecciones anuales y son las industrias elaboradoras y envasadoras de productos lácteos o carnes las que mayor número de visitas reciben; seguidas de las de pesca. Algunas llegan casi a la docena. No solo se controla la calidad del productos con tomas de muestras y análisis sino las instalaciones, almacenamiento y cadenas de frío y etiquetados conformes a su contenido. Hay inspecciones de oficio, puede haberlas por denuncias y también hay seguimiento del autocontrol de las empresas.

Y son las comidas preparadas y cocinas centrales, es decir, hostelería y colegios o residencias y hospitales las que más incumplimientos registran. De las 7.661 faltas que la inspección detectó en 2021 en sus visitas, 4.357 corresponden a este sector; de ellos, 1.093 son estructurales, es decir, debido a deficiencias en las instalaciones; 3.065 están determinados por la actividad del operador económico y 110, ligadas al producto. Suponen el 56,9% del total de incumplimientos, muy lejos del 17,6% que suponen los establecimientos polivalentes –tipo supermercados o ultramarinos– con el 10% de las carnes y sus derivados. En el total de las inspecciones de todos los productos, ligados a su calidad suponen 371 los casos detectados, el 4,8%, que pueden generar una alerta sanitaria si se trata de contaminantes o de alérgenos no señalados.

Junto a las inspecciones oficiales, las empresas tienen, por ley, que tener implementado un sistema de autocontrol que Salud Pública verifica a través de auditorías. Como es habitual cada año, es el comercio minorista el que más deficiencias detecta y vuelve a ser el sector de preparados el que, con un 46,2% de los incumplimientos, encabeza la lista donde este dato es el más bajo que en la vigilancia oficial;pero algo mayor, en cambio, en supermercados (18%) y cárnicas (11,5%). En total hubo 4.448 incidencias el año pasado detectadas por los propios negocios alimentarios.

De todo este volumen de carencias y deficiencias, finalmente, Salud Pública impuso 276 sanciones. Según la gravedad del riesgo, la Consejería de Sanidad puede requerir desde adoptar alguna medida preventiva o cautelar a, simplemente, remediar la situación o subsanar el error hasta la revocación de la autorización, limitar la actividad, intervenir medios personales o materiales, inmovilizar productos, retirarlos del mercado y su inclusión en la red de alerta.

En correspondencia al mayor número de irregularidades de los establecimientos de comida preparada, el 43,1% de las sanciones de los servicios oficiales de Salud Pública se impusieron en el último año a los mismos. Le siguen (20,3%) las tiendas de variados productos alimentarios; los de carne y derivados (17,4%) y cereales y derivados (8%). Entre los tres primeros suman más del 80% de las 276 sanciones impuestas, lejos de los porcentajes de otros sectores.

El último informe de Control oficial de productos alimenticios de la Consejería de Sanidad también permite detectar el cierre de negocios alimentarios, fruto de la crisis. De los algo más de 46.000 que registran los años previos a 2015, año en que se disparan hasta los 52.342, caen luego a 46.189 en 2017; 44.849 en época prepandémica y se reducen hasta solo 43.678 en el informe del año pasado. Supone 8.664 menos que seis años antes cuando hubo un pico, dos mil menos con respecto a las cifras más habituales y 1.171 en comparación con antes de la pandemia. Este nuevo balance muestra que con sus, 119 sanciones, estos 21.464, en realidad en general, el 95%, cumplen la normativa dado que, además, son los más numerosos en Castilla y León con un peso del 49,1%. Están muy por delante de los llamados establecimientos polivalentes, que suman 10.080 y representan el 24,7%, y de los de carne y derivados, que ocupan el tercer puesto con 3.797 y un 8,7% del total.

Estas sanciones son el resultado de las 113.107 visitas de control de los servicios oficiales de Salud Pública. La mayor parte se dirigió a establecimientos dedicados a la prestación de servicios, es decir, a restaurantes, bares y cafeterías, cocinas y comedores colectivos de residencias de ancianos, colegios y hospitales, entre otros. En concreto, estas vistas sumaron el 45,8% del total, al acumular 51.767. Después, figuran las visitas a establecimientos minoristas, con un 26,1% del total, hasta casi alcanzar las 30.000.