Las grandes fortunas registran su mayor aumento en siete años

Los declarantes de Castilla y León aportaron al erario público por este concepto 40,31 millones de euros, frente a los 33,43 del ejercicio anterior, es decir un incremento del 20%.

Este colectivo de millonarios registró en la comunidad el incremento (1%) más reducido de las 15 autonomías analizadas por la Agencia Tributaria (tienen Hacienda propia el País Vasco y Navarra). El aumento en el conjunto fue del 5,65%, con un pico del 7,49% en Asturias. En total, cumplimentaron el Impuesto de Patrimonio en España 231.367 personas, de las que 201.775 fueron declarantes con cuota a abonar.

En Castilla y León, las grandes fortunas acumulan un patrimonio total de 19.356,68 millones de euros, cantidad que equivale al 32% del Producto Interior Bruto autonómico del año 2021 (ascendió a 59.996 millones).

De los 7.683 declarantes de la región, de los que resultaron con cuota 7.271, es decir casi el 95%. El patrimonio medio declarado, de 2.516,69 millones de euros, registra un crecimiento con respecto a un año antes del 3,15%, inferior a la media general, del 4,34%. Si bien el aumento regional de poseedores de grandes fortunas fue el más moderado del país, el incremento del patrimonio que atesoran fue en Castilla y León mayor que en Baleares, Canarias, Asturias, Murcia y la C. Valenciana.

El grueso del patrimonio de estas grandes fortunas se encuentra invertido en capital mobiliario, en concreto 14.484,86 millones, el 74,83% del total. De esta cantidad, casi la mitad (47,54%) corresponde a acciones y participaciones en entidades jurídicas no negociadas; mientras que la cuarta parte (25,63%) son acciones y participaciones en fondos de inversión colectiva.

Completan la distribución de bienes de capital mobiliario el 15,38% que se halla en depósitos en cuentas bancarias; el 9,94% en acciones y participaciones en empresas negociadas en Bolsa; y un 1,51% en deuda Pública, bonos y obligaciones.

Los bienes inmuebles​ concentran el 19,76% de la cartera patrimonial de estos contribuyentes, una tasa que en la región es un punto superior a la media española. De esos 3.824 millones de euros, el 77,48% son inmuebles urbanos; otro 17,92% son inmuebles exentos y el 4,60% es suelo rústico.

El 1,66% del patrimonio son bienes o derechos afectos a actividades empresariales y profesionales y el 1,51%, seguros de vida y rentas temporales o vitalicias. ​

En la categoría de bienes suntuarios​ se encuentra el 0,11% del patrimonio, equivalente a 21,43 millones de euros. La mayor parte (86,90%) son joyas, pieles y vehículos de todo tipo, desde automóviles de alta gama a embarcaciones y aeronaves. El 13,10% restante (2,80 millones) son objetos de arte y antigüedades.

El último 2,14%, equivalente a 413,64 millones, son 'otros bienes y derechos', entre los que se encuadran derechos reales de uso y disfrute, concesiones administrativas, derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial, saldos en monedas virtuales, etc.

Dos comunidades, Cataluña y Madrid, acaparan más de la mitad del patrimonio total declarado en las autonomías de régimen común. En 2021 'gana' Cataluña, con el 28,6% de los 849.000 millones declarados. La comunidad capitalina concentra el 22,3% del patrimonio.

En 2021, Madrid bonificaba al 100% este impuesto que grava el valor de los bienes de las personas físicas, de modo que los contribuyentes pese a tener que declarar su patrimonio neto, no pagaron nada. Después de que algunas regiones optasen por subir la tributación de este impuesto (Cataluña, C. Valenciana, Navarra) mientras otras rebajaban los mínimos exentos o suprimían su abono, en diciembre del año pasado, el Gobierno dio luz verde al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (IGF) a nivel estatal, que se aplica de manera complementaria al de Patrimonio.

Los contribuyentes beneficiados por las bonificaciones autonómicas deben tributar por el IGF en los ejercicios de 2022 y 2023, en caso de tratarse de fortunas superiores a los tres millones de euros, eximidos los primeros 700.000.