Castilla y León

La Fiscalía impulsará órdenes de alejamiento cautelar para los agresores a sanitarios

Un médico que no considera necesario prescribir prueba como un TAC o una resonancia que con insistencia le reclama un paciente o recetar el champú que a otro le ha recomendado un dermatólogo de la sanidad privada o que ni siquiera puede hacerlo porque está fuera del listado de productos de farmacia cofinanciados con dinero público pueden ser la espoleta de una reacción agresiva del paciente o de un familiar. Esto último pasó recientemente en el centro de salud de Laguna de Duero, con una médica golpeada por no prescribir un champú.

La Fiscalía desempolvará las órdenes de alejamiento dentro de la solicitud de medidas cautelares, avanzó Mena, que defendió la necesidad de que los sanitarios denuncien incluso los casos que consideran leves. «Ahora hay un número grande de denuncias y de agresiones a lo largo de todo el territorio de Castilla y León, pero sabemos que hay muchas fracciones que no se denuncian. Esto debe servir para que en caso de que ocurra algo que no es aceptable en su profesión, en su día a día, lo puedan poner en conocimiento de quien puede tener vías de solución para que eso no vuelva a ocurrir», animó el fiscal superior.

Una medida cautelar como la que supone alejar al señalado como agresor del sanitario agredido no es habitual en este momento. «A veces a los propios jueces y fiscales nos coarta la posibilidad de establecer, pedir, solicitar y conceder medidas cautelares previas al juicio, como el alejamiento, la prohibición de comunicación o de acercamiento a ese lugar de trabajo. Aquí también puede hacerse y no lo tenemos muy bien coordinado», reconoció Santiago Mena, que insistió en la «utilidad» de las denuncias ante hechos que afectar muy directamente a los sanitarios que los sufren, pero que «generan un desazón y un desasosiego en esas personas, en la prestación del servicio, que nos repercute a todos como pacientes».

¿Se puede poner cifra a ese «aumento exponencial» de agresiones del que hablan ambos responsables públicos? Actualizada, no, porque el observatorio en el que se valorarán las de 2024 se reunirá en el mes de julio. El último dato disponible son los 698 incidentes registrados oficialmente en el año 2023, que concluyeron con un 709 agresiones verbales y 118 físicas, con 775 agredidos. En algunos casos, coinciden el insulto, la amenaza o el golpe en una misma víctima. Eso sería esa «punta del iceberg» que sale a la luz, bajo la cual existe una amplia base de agresiones de perfil más bajo que se quedan en la consulta, en el pasillo del centro sanitario, en una atención a domicilio o en una ambulancia de Emergencias o ante un mostrador administrativo o de admisión, pero a las que las víctimas no dan curso. Las víctimas son mayoritariamente mujeres. El 86,7% del total del último balance. Algo sobre lo que incidió el fiscal superior.

Eso es lo que persigue cambiar esa «mejora de los procedimientos y de los canales de comunicación entre la Gerencia Regional de Salud y la Fiscalía en cuanto a la tramitación de denuncias», que ha anunciado el consejero Alejandro Vázquez. Esto se plasmará en un nuevo protocolo, avanzó el responsable sanitario, que agradeció al fiscal superior de Castilla y León su «sensibilidad y disponibilidad» para abordar las agresiones a sanitarios.

A falta de conocer en las próximas semanas la actualización del balance de agresiones a sanitarios en Castilla y León, el perfil del profesional agredido sería es de una mujer, principalmente enfermera o médico. Por categorías profesionales, los 775 trabajadores agredidos en 2023 se distribuyeron de la siguiente manera: 290 profesionales de enfermería, 276 médicos, 118 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), 24 celadores, 51 personal administrativo y 16 otro personal. 53 trabajadores sufrieron más de un incidente (25 de ellos médicos).