El escaño 82: pulso en el Diálogo Social

Todo movimiento sísmico parte de un epicentro y el que está viviendo la relación entre la Junta, más en concreto la parte de Cs del Gobierno bicolor, y los agentes sociales en Castilla y León tiene su origen en el reparto de los fondos de los cursos de formación para desempleados.

El desencuentro por la demora del Ejecutivo de Fernández Mañueco en abonar las ayudas a los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación, que la Junta firmó en marzo con CC OO, UGT y Cecale e inmortalizó con foto a todo color, es la excusa. La desavenencia aliñada por resquemores ideológicos radica en las subvenciones que reciben históricamente los sindicatos y la patronal para acciones de mejora de la empleabilidad. La partida de las políticas activas de empleo que gestiona el Ecyl viene a ser para el Diálogo Social lo que la falla de San Andrés para la ciudad estadounidense de San Francisco.

«El Diálogo Social debe ser útil a los ciudadanos, no a aquellos que están en el Diálogo Social», manifestó Francisco Igea el jueves pasado. Y el viernes, con Mañueco al lado para hacer balance de su año de cohabitación, añadió: «El dinero público no ha de servir para pagar controversias». ¿Mensajes de la escuela perogrullense? No, un aviso a los interlocutores de la mesa del Diálogo Social.

Por si había dudas, el de Ciudadanos zanjó el asunto asegurando que parecía mentira que hubiera que explicárselo «a algún marxista». Recado directo a los secretarios autonómicos de CC OO, Vicente Andrés, y de UGT, Faustino Temprano. Ampliable a Santiago Aparicio, presidente de Cecale, que cierra la terna de los agentes sociales, y con repercusión para Mañueco, como presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, formación política que ha sacado máximo rédito durante estos años al centenar de acuerdos que ha firmado con los sindicatos de izquierdas en la larga etapa de gobierno de Juan Vicente Herrera.

A todos ellos afecta el conflicto abierto en el seno del Diálogo Social, cuyo epicentro se halla en un sistema de subvenciones para formar a parados y promover la empleabilidad de trabajadores en riesgo de perder su nómina. El modelo de reparto compagina la concurrencia competitiva –lo que marca la ley como método general– para academias y centros de formación con la adjudicación directa a los agentes sociales. En el enfrentamiento dan la cara, sobre todo, desde UGT y CCOO, pero la cuantía de fondos públicos se divide equitativamente entre tres y ese tercer beneficiario, más callado aunque en plano de igualdad en caja, es la patronal autonómica Cecale.

Las ayudas del Ecyl para los cursos de empleo, millonarias en presupuesto, no pasan la prueba del algodón y eso es responsabilidad de quien ha gobernado y gobierna. El Tribunal Superior de Justicia anuló parte de los criterios de reparto hace unas semanas, tras la denuncia de casi 50 academias que consideraban que las bases estaban hechas a medida, para beneficiar a empresarios concretos.

Sobre estas subvenciones, las generales, y las que gestionan los agentes sociales, existe un informe del Consejo de Cuentas de diciembre de 2015 que culminaba un análisis de 182 páginas recomendando cambios profundos al Gobierno del PP (enlace para descargar el informe). Los auditores detectaron que había un «trato diferenciado» entre los agentes sociales y las academias, que «garantizaba» a los primeros una «financiación mínima» al no tener que competir por las ayudas. Añadieron que la Junta no justificaba las «razones excepcionales de interés público» para esa adjudicación directa y que no había constancia de los «criterios» de reparto de una cuantía que en el año analizado (2013) ascendió a 47 millones, de los que sindicatos y patronal gestionaron 20,5. El informe constata una tasa de inserción laboral baja y una formación desconectada del mercado laboral. También en los cursos de academias. La auditoría fue al cajón y en la Junta desapareció la llave.