El escaño 82: Oídos sordos

(*Cada semana, Susana Escribano -experta en los entresijos políticos y conocedora de los protagonistas de la actividad parlamentaria en la comunidad- escribe sobre las claves políticas de Castilla y León. Si eres suscriptor, apúntate aquí a esta newsletter.)

Salpicado de correcciones en rojo. Así han dejado los auditores del Consejo de Cuentas de Castilla y León el balance de gestión presupuestaria de la Junta en 2017, lo que se conoce como la Cuenta General. La fiscalización es obligatoria por ley, todos los años, y la última retoca el déficit presentado por el Gobierno de Juan Vicente Herrera y aplica un ajuste que sitúa el sobregasto sin respaldo de ingresos, los números rojos, en 595 millones de euros. El informe, registrado esta semana en las Cortes, constata que la Junta se saltó también el límite de endeudamiento e incumplió el de gasto, con Sacyl haciendo frente a 422 millones en facturas de años anteriores (pagando intereses de demora) y escondiendo 132 millones más en albaranes sin tramitar, práctica que garantiza idéntico tropezón al año siguiente.

El rectificado del organismo de control es severo, pero lo llamativo es que se repite cada ejercicio, sin que en la Junta se den por aludidos con las recomendaciones para subsanar esa situación. Si nada cambia, la cadena contable errónea, engañosa, se perpetúa.

El Consejo de Cuentas, órgano que vela por el correcto empleo del dinero público y la limpieza en las contrataciones de las administraciones de Castilla y León, efectúa desde 2013 un seguimiento de la aplicación de las recomendaciones que incluye en sus fiscalizaciones. Unas auditorías serias (518 páginas tiene esta última), en las que ayuntamientos, diputaciones, consejerías, empresas y fundaciones públicas analizadas pueden alegar. Unas alegaciones se aceptan y otras no, pero todas se contestan argumentadamente. 76 páginas dedican a ello en la Cuenta de 2017. El último año, los integrantes del Gobierno de Castilla y León rechazaron 69 de cada 100 recomendaciones de mejora que les trasladó el Consejo de Cuentas. La Junta es, de lejos, la Administración que más le desoye.

¿Quizá está el organismo en manos de unos antisistema echados al monte que defienden recomendaciones carentes de sentido? Parece que no. Los autores de las fiscalizaciones son funcionarios de alta cualificación y al frente del Consejo hay un presidente y un consejero, Mario Amilivia (exalcalde de León, exparlamentario regional y nacional y expresidente del Consejo Consultivo) y Miguel Ángel Jiménez, nombrados a propuesta del PP, y un tercer consejero, Emilio Melero (exprocurador), por el PSOE.

Hasta ahora, solo el PP daba coartada en las Cortes al desoír de la Junta a los auditores públicos. En esta nueva etapa bicolor, la exigencia de Cs se ha diluido, obviando que las fiscalizaciones actuales evalúan todavía la gestión del Gobierno anterior frente al que fueron oposición. Y en el terreno del Consejo de Cuentas, una oposición sólidamente crítica. «Si no se busca solución ante criterios que no se comparten, eso no se verá resuelto nunca», advirtió a Amilivia el procurador naranja Juan Pablo Izquierdo, en septiembre. El popular Salvador Cruz culminó el mano a mano de ese razonamiento. «Difícilmente se va a mejorar esa ratio (de aceptación de recomendaciones)», si el Consejo no «flexibiliza» sus criterios, remarcó. Eso sí, ninguno escatimó elogios hacia la «gran labor exhaustiva y esencial» que desempeña el órgano y su «independencia y autonomía». Pero dejando claro que el listón lo debe poner el fiscalizado, no el fiscalizador. Y así se evitan tiranteces, la Junta cumple y todos amigos.