Juicio por la trama eólica

Dos interventores aprecian motivos «especulativos» en los cambios de titularidad de las solicitudes de los parques

Dos interventores de la Intervención General del Estado confirmaron, a su parecer, la existencia de «motivos especulativos» en los numerosos cambios y transmisiones de la titularidad de la solicitudes de los parques eólicos, al asegurar que muchos solicitantes «no tenían interés» en desarrollar el proyecto, dado que el objetivo era obtener la autorización para después «negociar con ella y ganar dinero sin invertir nada». Es decir, «negociar un documento como factor especulativo», remarcaron.

En su declaración de este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra la denominada trama eólica, ambos interventores explicaron su informe y el análisis realizado, el cual se centró únicamente en 13 expedientes, de los que doce contaron con autorización y otro sin ella, destacaron.

Ambos afirmaron que, tras el examen «exhaustivo» de los 13 expedientes, se ha visto claramente como ha sido la tramitación y se saca la conclusión de que la misma es «compleja», la cual puede alargarse en el tiempo, pero «no exageradamente como ha ocurrido», quienes trasladaron que se paralizaban los expedientes a través de escritos procedentes de la Dirección General de Minas, añadieron los dos interventores, quienes actualmente ya están jubilados.

A ese respecto, reconocieron que el plazo ordinario de un año para la tramitación de este tipo de expedientes podría ser «escaso» y sería más acorde extenderlo a dos, aunque puntualizaron que «no era razonable» que gran número de expedientes se prolongasen más de tres, cuatro, cinco o hasta once años, apostillaron.

En relación al trámite de avocaciones, los interventores señalaron que el mismo, a nivel generalizado, «no es admisible» como se produjo en los expedientes analizados y en el ámbito del juicio, al apuntar que es un acto de un órgano superior sobre el inferior para retrotraer un expediente y decidir sobre él.

Por ello, aseguraron que la forma de proceder a través de la instrucción 2/2004, a su parecer, es «manifiestamente ilegal» en cuanto «quita competencia al decreto 189/97 que había dado a los servicios territoriales de Industria», concluyeron.

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