El defensor de las funcionarias: «Han ido a por el último mono de la Consejería»

Para la fiscal, que subrayó en que ni tan siquiera había una relación de los alumnos que lo cursaron como una evidencia del fraude, «esa actividad no se realizó, se organizó aportando información falsa, creando apariencia en la tramitación por parte de Raquel Mazariegos y luego por Alicia Peña, que da por cumplidos la totalidad de los requisitos y el 21 de noviembre de 2010 los remite a la sección económica, que lo tramita como cualquier otro y lo paga». Insiste la acusación pública en que se trata de un «expediente falsario» que «se monta sobre documentos y facturas falsas que han conseguido lo que las acusadas no podían hacer porque no tenían competencias, la disposición económica». Una cantidad, sostiene la Fiscalía, que en realidad estaría dirigida a sufragar la deuda que el Centro Ecuestre (dependiente del Centro de Formación Agraria de Segovia y, por tanto, de la Junta de Castilla y León) mantenía con la Federación Hípica de Castilla y León.

La Fiscalía mantuvo también la acusación contra otros dos procesados, José Antonio González Abreu, el auxiliar administrativo del Centro de Formación Profesional Agraria de la Santa Espina de Valladolid, coordinador del curso y Luis Fernando Martín Martín, el hostelero de El Rincón del Labrador, que figuran en unas facturas que supuestamente cobraron por los servicios realizados para esta actividad. Sus respectivos abogados solicitaron la libre absolución o, en su defecto, que se les aplicara a la condena las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y cuasiprescripción, así como la de reparación del daño, al haber depositado fianzas en el juzgado por valor de las cuantías supuestamente defraudadas. Aunque, como todos los defensores manifestaron, «si se hubiera producido un perjuicio económico, lo normal es que la Junta de Castilla y León se hubiera personado como perjudicada y no lo ha hecho».

«Se ha terminado acusando al último mono de la Consejería». El letrado Carlos Castro, defensor de Alicia Peña Gutiérrez y Raquel Mazariegos, ha cargado las tintas sobre quien, a su juicio, debería estar sentado en el banquillo en lugar de sus patrocinadas: el que fuera director general de Industrias Agrarias Jorge Morro, entonces mano derecha la consejera de Agricultura Silvia Clemente, quien firmó nueve resoluciones en relación con este curso y «a quien no se le ha imputado y ni siquiera se le ha llamado como testigo para preguntarle qué sabe de esto». E insistió: «Él aprobó el curso, la modificacián al alza del presupuesto para llevarlo a cabo, la disposición del gasto y el pago de las facturas y ninguno de estos actos es injusto. ¿Por qué sí lo es la tramitación, cuando ellas no tenían ninguna capacidad de decisión?».

Todos los abogados, y también la fiscal, resaltaron el contexto político del caso, en torno a unos correos aparecidos en un medio de comunicación en 2019 (año electoral con el anuncio de Silvia Clemente de que iba a presentarse por Ciudadanos) que revelarían la fabricación de ese curso para maquillar la deuda de la Junta con la Federación Hípica por parte de los funcionarios encausados. Unos correos que los expertos de la Policía Nacional no han podido recuperar ni el contenido ni «las trazas» de los mismos, aunque sí la huella de otros dos que pudieran tener relación con el centro ecuestre aunque las fechas no se corresponden con las de los 'mails' sobre los que se fundamenta la acusación, tal y como ha puesto de manifiesto la defensa de las dos empleadas públicas.

El tinte político del juicio lo admitió también uno de los últimos testigos en declarar, el secretario general de la Consejería de Agricultura, antes de que las partes expusieran sus argumentaciones. Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja, quien «en aplicación de la norma de sus competencias» remitió la noticia publicada de los correos supuestamente incriminatorios a la Inspección General de Servicios de la Junta para que se abriera una investigación, investigación que culminó con la denuncia en la Fiscalía. «Nunca me había encontrado algo así», ha confesado ante el tribunal. Y puso la mano en el fuego por las funcionarias encausadas. «Su entrega y trabajo siempre han estado al máximo nivel. Este tema me resulta doloroso y el comportamiento que se les atribuye aquí no me encaja en sus perfiles», remachó el veterano funcionario de la Junta.

El juicio en la Audiencia de Valladolid ha quedado visto para sentencia.