El Consejo de Ministros declarará la «incompetencia» de la Junta si vulnera la ley del aborto
El Gobierno abre una vía ante el Constitucional, al margen de la iniciada en la jurisdiccional con el primer requerimiento, para evitar retrocesos en los derechos de las mujeres
El Consejo de Ministros aprobará este martes un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualesquier actuación que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (2010), o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior, según la información a la que tuvo acceso Ical.
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Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León, según aclara el Gobierno, se refiere a cualesquier actuación, incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica sobre el aborto y el Real Decreto que lo desarrolla. De esta forma, indican desde La Moncloa, la Junta tiene un plazo de un mes para contestar.
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, avanzó que se trata de una nueva vía, ante el Constitucional, al margen de la iniciada en la jurisdiccional con el primer requerimiento de este domingo, al que explicó la Junta de Castilla y León no ha respondido todavía. «Desde el Gobierno estamos trabajando todas las opciones posibles», afirmó el ministro de Presidencia, quien añadió: «No vamos a permitir ni un solo retroceso en derechos y libertades de las mujeres en ningún territorio de España». Para ello, Bolaños señaló que desde el Ejecutivo central están trabajando en «distintas líneas de actuación».
Por tanto, el Gobierno asegura que da un nuevo paso con el que la Junta tendrá que responder en un mes y avisa de que si no recibe «cumplida respuesta y satisfactoria» procederá a iniciar acciones ante el Constitucional en defensa de los derechos de las mujeres. «Es lamentable» y, pero «normal y habitual» que la «ultraderecha» pretenda que las mujeres retrocedan 50 años, pero señaló que es «menos normal» que el líder oposición «enmudezca». «El Gobierno estará ahí para defender los derechos de las mujeres», apostilló.
Requerimiento
El Ejecutivo de Pedro Sánchez mandó un requerimiento a la Junta de Castilla y León en el que instaba a la Consejería de Sanidad que «se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida» que vulnere la norma, aprobada por ley orgánica en 2010. Que, «en el caso de haber sido ya adoptada», cese de inmediato «cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto» que obligue al personal sanitario a seguir esas indicaciones de «ofrecer o sugerir a la mujer embarazada [...] la realicación de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico».
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El Gobierno se acoge, para respaldar su advertencia, a las evidencias científicas que han aportado, por ejemplo, desde la Sociedad de Ginecología, donde recomiendan las ecografías en las semanas 12, 20 y 30. «También se exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas», afirma el Gobierno.
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