El CES desmiente a Vox que los sindicatos pidan 100.000 euros por gastos de telefonía

La respuesta del Consejo Económico y Social es que eso no se ajusta a la realidad. De hecho, los miembros del CES recibieron el pasado año 5.734 euros para compensar gastos de telefonía e Internet, y ni uno solo de esos euros fue para las organizaciones sindicales. El escrito de Vox atribuía a CC OO más de 92.000 euros de petición de subvención por este concepto.

Para entender el embrollo hay que remontarse al año 2013, cuando se establece por ley que ha llegado la austeridad a las instituciones propias de la Junta de Castilla y León: Consejo Económico y Social (la más antigua), Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Procurador del Común. Pasan de tener cuatro secretarios generales a uno para todos. Se decide, además, que los integrantes de lo que se llama «grupo de enlace con la sociedad civil», 26 organizaciones de diversa índole con carácter autonómico, no tendrán retribución económica. «Los miembros del Grupo de Enlace no tendrán la condición de miembros del Consejo Económico y Social. No tendrán derecho a retribución económica, ni percibirán indemnización alguna, incluidas dietas y gastos de locomoción, por asistir a las reuniones», explica la ley.

Tampoco cobrarán los miembros del Consejo. «La condición de miembro del Consejo no dará derecho a retribución económica. Los miembros del Consejo Económico y Social, en su condición de tales, no percibirán indemnización alguna, incluidas dietas y gastos de locomoción, por asistir a las reuniones de la institución a la que pertenecen ni por desempeñar las funciones propias de su condición de miembros». En este caso están representadas, de un modo u otro, CC OO, UGT, CEOE, Asaja, UPA-Coag, UCCL y Unión de Consumidores.

Así que se decidió que, al menos, se cubrieran algunos de los gastos de las organizaciones a las que representan los miembros del Consejo Económico y Social para que no perdieran dinero. Una cantidad que va en función, además, del número de integrantes que aporta cada organización al Pleno. El CES elabora, de entrada, un informe anual de más de mil páginas sobre la situación económica y social de Castilla y León. En el último, el primer tomo, de análisis, contaba con 1.382 páginas. Y el segundo, de recomendaciones, incorporaba 581 propuestas de acción para todos los ámbitos, desde el medio ambiente al mercado de trabajo, la industria o los autónomos. Este año se incorporaban 56 páginas más en un anexo sobre población. Además, la institución elabora informes a petición propia. En este 2023 ha emitido ya dos: el comercio de proximidad en Castilla y León y el sistema de solución autónoma de conflictos laborales en Castilla y León.

Para poder optar a las subvenciones, las organizaciones deben presentar una documentación muy amplia. Entre ella, algunos de los papeles que Vox ha exhibido como «peticiones de subvención». «Sindicatos y patronal solicitaron en 2022 más de 100.000 euros para financiar gastos de telefonía», concluye. Y muestra el papel en el que CCOO presentaba sus cuentas. Según el CES, el importe que se ha subvencionado por este concepto es de 5.734 euros, de los que CCOO, precisamente, no ha percibido ninguno. «Debe aclararse, ante los datos publicados en la citada nota de prensa sobre gastos en telefonía, internet, de consumo energético o de comunidad, que la cuantía total allí indicada no se ajusta a la efectivamente subvencionada, que es de 5.754,35 euros, de los que ninguno corresponde a las organizaciones sindicales».

Las cantidades que reciben los miembros del Consejo están definidas en una partida, «inalterada» desde 2013, delimitada por una cuantía máxima de 328.050 euros, «de la que en 2022 se ejecutaron 327.393,03 euros».

«Anualmente, tras los preceptivos informes jurídicos y de la intervención, se dicta una resolución de convocatoria fijando los gastos aplicables y un exigente procedimiento de fiscalización», remata la nota enviada por el Consejo Económico y Social.

El sindicato CCOO, mientras tanto, ha enviado una nota de prensa en la que interpreta la acusación de Vox como una maniobra electoral «torticera». «Es execrable que para remontar unos previsibles resultados nefastos en Castilla y León en las elecciones generales, Vox utilice a los sindicatos y a la patronal con un afán destructivo», explican.