Castilla y León suma 775 sanitarios agredidos en un año: «Salí con la cara como un 'ecce homo'»

Por fortuna no es el tenor cotidiano en los centros de salud y hospitales, pero esa violencia existe. Bajó durante los años de la pandemia, pero ha recuperado cifras. El observatorio de agresiones al personal de centros sanitarios, en el que se sientan responsables de la Consejería de Sanidad, de organizaciones profesionales y de sindicatos, ha analizado estos días el balance de 2023, con 775 profesionales que denunciaron incidentes de violencia verbal o física. 195 de ellos prestaban servicio en Valladolid, provincia que encabeza esta clasificación, seguida de Burgos, con 152 víctimas. La cifra total baja levemente respecto a la del año anterior, pero hay un 'suelo' recuperado tras la pandemia que llama la atención.

La última actualización de mapa de centros, sin contar hospitales, que han sido escenarios de dos o más agresiones o de una agresión física recoge 97 centros de salud. A la cabeza se sitúan los vallisoletanos de Barrio España, Íscar, Arturo Eyries, Pilarica, Tórtola y Laguna de Duero; el de Guardo, en Palencia; el salmantino de la Alamedilla; Lanzahíta, en Ávila, y los de La Bañeza y Bembibre, en León

Detrás de los números, de las estadísticas, hay personas. El aviso que culminó con la paliza de Javier parecía normal. Pedían atención para un varón de 35 años con intoxicación etílica. Todo discurrió sin problemas hasta que dentro de la ambulancia empezó a escupir compulsivamente. «Le dije que no podía hacerlo y al volver yo la cabeza para coger algo me dio la primera patada, luego siguió otra, puñetazos…», relata. Estuvo alrededor de cuatro meses de baja y el seguro de la empresa se hizo cargo del tratamiento de la boca. «No se celebró juicio porque era de Tánger y había desaparecido», apunta sobre su agresor. «Le tuvo que dar algo dentro de la ambulancia», aventura.

Representantes de colectivos sanitarios señalan que en ese recuento de 698 incidentes con 775 víctimas no figuran todos los que ocurren. «Hay miedo a denunciar. Das tus datos personales, tu dirección y en ciudades pequeñas o pueblos te puede buscar tu agresor. Te topas con él en la calle», apunta Enrique Ruiz Forner, presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León. Desde esta agrupación han propuesto que la dirección para notificaciones y trámites a efectos de las denuncias sea la del centro sanitario y que el número de colegiado o el número de trabajador de Sacyl en el caso de profesionales sin colegiación (administrativos, celadores...) sirva como identificación. Algo similar a lo que se hace el caso de agentes policiales. Ahora eso no es posible.

«La mayoría de las veces que ocurren cosas no llegamos a denunciarlas», coincide Carmen (nombre ficticio), una enfermera abulense a la que agredió una cuidadora de una anciana en una atención domiciliaria, un ámbito en el que la indefensión es mayor al estar fuera del centro de salud o del hospital e ir un profesional solo. Era su último día de trabajo. Dudó en denunciar, pero le animó la supervisora. «Tú te vas, pero nosotras nos quedamos», le argumentó. Y así empezó un camino en el que se llevó más de una desazón. Para empezar, el juzgado no consideró que fuera autoridad y no lo tramitó la agresión como atentado, algo que luego se revirtió, «gracias a la labor de la abogada del colegio», incide.

Carmen hacía funciones de enfermera de área, no de equipo. El matiz del contrato importa porque el personal de área tiene una adscripción de consultas más amplia y flexible, rota más y conoce menos en profundidad a los pacientes que trata.

La agresión que vivió esta enfermera se produjo tras encontrar a la anciana a la que iba a visitar en un estado descuidado y alertar de ello a los familiares. La cuidadora le había dicho que las curas de las llagas que tenía la paciente estaban hechas y al ir a comprobarlo y destaparla la dio un manotazo y empezó a amenazarla. Fue un momento de mucha tensión. «Me dijo que si no sabía lo que era un puño cubano…», recuerda la enfermera agredida. El proceso judicial acabó con la agresora reconociéndose culpable y condenada a seis meses de cárcel. El proceso de gestión emocional no ha terminado para Carmen, pese a que han pasado meses. «Vas con miedo», confiesa, al tiempo que enumera otros casos que ella ha vivido en guardias y no ha denunciado y los de una médica que prestaba servicio en El Tiemblo (Ávila) y tuvo que pedir el traslado o el de una compañera a la que acorraló y apalizó un paciente en el hospital dentro de una habitación.

También vivió un incidente similar al de Carmen, en un domicilio de un pueblo de la sierra segoviana, María. Es enfermera y hacía una sustitución y le tocó atender a una señora dependiente con una hija «muy demandante» que vivía en una «enfrentamiento continuo» con el personal sanitario. Era primera hora de la mañana y acudió a hacerle una extracción de sangre, que debe llevarse con rapidez al centro para que no se malogre la muestra. La hija montó el número porque quería que le tomase la tensión en ese momento y revisase otras cuestiones y al explicarle María que no podía por el protocolo a seguir con las extracciones a domicilio empezó a amenazar y a insultar.

Tramitó la queja y eligió, entre las opciones que facilitaba la Administración sanitaria, que le enviaran una carta de advertencia a la agresor. Pero de oficio se abrió un proceso de denuncia con trámite judicial. «Algo que yo no quería en ese momento y en el que me sentí muy sola. No digo que te llamen todos los días a ver cómo estás, pero que alguien se ponga en contacto contigo», precisa. En su caso, fue la abogada del sindicato Satse, quien llevó la asistencia jurídica. Ella era personal eventual. «Si voy a juicio por la agresión y falto ese día a trabajar, me lo quitan. Eso es lo que importamos». María coincidió con su agresora en varias ocasiones. En el medio rural, trabajando en pueblos, lo raro es que eso no suceda. Pasó página cuando cambió de destino laboral. «No sé lo que habría pasado de haber tenido que seguir donde estaba», remarca.

Tampoco en el caso de esta enfermera es el único episodio violento que ha vivido. Pasó otro trance junto a una médica con un paciente psiquiátrico que le montó un altercado porque no le decían si la persona que le había precedido en la consulta tenía o no covid. El mundo al revés, las denunciadas fueron ellas.

En origen de estas intimidaciones, amenazas, agresiones verbales y físicas que sufre el personal sanitario, partiendo de la base de que nada justifica una respuesta violenta, se perciben como causas desencadenantes la disconformidad con el trato o la atención recibida, las demandas del usuario, el tiempo de espera, los trastornos psiquiátricos, conductuales o las adicciones.

Por colectivos, el que más agresiones sufrió el año pasado es el personal de enfermería (290), seguido del médico (276). Tras ellos están las TCAE o técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (118), seguidos del personal administrativo, celadores y otros profesionales. La categoría de TCAE es mayoritariamente femenina y de trabajo de atención directa en los hospitales principalmente.»Somos el personal que está a pie de cama del paciente en una situación de falta de profesionales y eso supone una carga de trabajo elevada, que a veces lleva a la insatisfacción de los usuarios», manifiesta Inmaculada García Brincones, vocal del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) en Castilla y León, que añade lo poco valoradas como profesionales que se sienten por parte de la administración. García Brincones pone el foco también en «otro tipo de violencia, que es la interna, entre trabajadores, que también se debe denunciar de igual manera».

Técnico de cuidados de enfermería es Raquel, que fue insultada y amenazada por la hija de una paciente hospitalizada en una planta de Medicina Interna. El desencadenante fue informarle de que debía cerrar la puerta de la habitación porque había un protocolo que así lo requería en una planta con infectados de gripe y covid, y con alta ocupación de enfermos mayores y oncológicos muy vulnerables.

La agresora alegaba que esta constipada y sentía ahogo con la mascarilla y la puerta cerrada en una habitación con dos pacientes y dos acompañantes. «Me amenazó delante de testigos, me insultó, me dijo que era retrasada… Llamé a la supervisora, habló con ella y le dejo que mantuviera la puerta abierta. Me dejó con el culo al aire», explica Raquel. La acompañante tuvo un comportamiento similar con compañeras de otros turnos. Requirieron a la supervisora que recabara el DNI para tramitar denuncia, algo que no hizo. La señora se fue de rositas.