Castilla y León dispone de 91 plantas «estratégicas» para gestionar escombros

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó el compromiso de la Junta de Castilla y León con la gestión de los desechos de construcción y demolición a través de «91 plantas estratégicas«, junto a «24 espacios de transferencia» y los »29 huecos mineros identificados, donde se ha autorizado el rellenado de los mismos con estos residuos». Esto supone en palabras del consejero «situar a Castilla y León como una potencia en materia de valorización y reutilización de residuos de construcción», informa Ical.

El consejero precisó que estos residuos suponen un tercio de los producidos en Castilla y León. «De cada millón y medio de residuos que se producen en la Comunidad, medio millón de ellos proceden de la construcción. Lo que se pueda hacer con ellos afecta a un tercio de lo que se produce en este sector».

El consejero expuso las actuaciones que desde la Junta de Castilla y León se están llevando en esta materia durante el acto inaugural de las jornadas de valorización de los residuos RCD, organizadas por la Asociación de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición (AGERDCYL). Suárez-Quiñones destacó la importancia que estas actuaciones suponen para la economía circular de la Comunidad, y recordó la aprobación el pasado 28 de mayo, de la regulación autonómica sobre la extracción y gestión sostenible de estos residuos.

Suarez-Quiñones explicó que la regulación de las actuaciones «parte del proceso que se sigue desde la Unión Europea para la descarbornización de la economía social, con el objetivo fijado en 2050», y señaló que «el proceso trata de dar una segunda vida útil a materias ya utilizadas en procesos de construcción, que pueden ser reutilizadas, evitando esquilmar la naturaleza en búsqueda de unas materias que ya están disponibles a través de ésta gestión».

Además puso como ejemplo «las actuaciones de fresado que se llevan a cabo en las carreteras, que generan residuos, y que pueden ser utilizados en nuevos asfaltados, evitando acudir a materias vírgenes». La legislación obliga a las administraciones a hacer uso de estos residuos en materia de construcción de carreteras, fomentando la colaboración publico-privada.

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