Letrados de la trama eólica se rebelan contra el plazo «escueto» para presentar su defensa

En su recurso, alegan bajo el principio «de igualdad de armas», que las acusaciones presentaron sus respectivos escritos con posterioridad al plazo dado por el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid y, especialmente, el ministerio fiscal, cuyo escrito «data firmado el 19 de julio de 2021, lo que supone que tuvo un plazo de 90 días hábiles para formular su escrito de acusación» y además, apostillan, «este no se presentó en el Juzgado hasta el 23 de septiembre de 2021, con lo que dispuso de 116 días hábiles, superando en 86 días el plazo concedido mediante el auto judicial del 9 de marzo de 2021».

Consideran que el plazo de treinta días es «escueto, a la vista de la complejidad y extensión de la causa, quebrándose de esta manera el principio de igualdad de armas que rige el procedimiento penal, vulnerándose, en consecuencia, el derecho de defensa de los acusados (artículo 24 de la Constitución Española) al dejar a las defensas en una situación de indefensión para el adecuado estudio de la causa para preparar el escrito de defensa».

Se acogen a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en lo que se refiere a que todo proceso penal «tiene que estar presidido por una efectiva y equilibrada contradicción entre las partes a fin de que puedan defender sus derechos, así como la obligación de que los órganos judiciales promuevan el debate procesal en condiciones que respeten la contradicción e igualdad entre acusación y defensa». Concluyen que de este principio de igualdad de armas se deriva «la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y de defensa, idénticas posibilidades y cargas de alegación».

Por ello reclaman al juez que se conceda a las defensas el mismo tiempo que ha tenido el fiscal para presentar su escrito, 116 días hábiles, a computar desde la finalización del plazo de quince días concedido para el traslado íntegro de las actuaciones.

La orden judicial, fechada el pasado 19 de octubre, daba quince días a los letrados para recoger las actuaciones «debiendo aportar, dado su ingente volumen, un dispositivo de almacenamiento externo de datos con capacidad de un terabyte (mil gigas).

La Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito de acusación para dieciséis de los diecisiete encausados de la trama eólica, ex cargos de la Junta y empresarios, penas que suman 140 años de cárcel y 835 millones de euros en multas. En su informe de conclusiones provisionales el ministerio público considera que las maniobras de Rafael Delgado para favorecer la entrada de empresas «amigas» en el reparto de la tarta de la energía eólica perjudicó a seis grupos promotores de parques de molinos de viento que llevaban años solicitando las autorizaciones sin conseguirlo. Esta macrocausa de corrupción política en Castilla y León comenzó a investigarse en 2017 para determinar si se produjeron supuestas «mordidas» por parte de altos y exaltos cargos de la Junta y empresarios por la agilización en la tramitación de determinados parques eólicos entre los años 2000 y 2015.

En su informe de conclusiones provisionales que hace suyo la Abogacía del Estado, el fiscal cifra en más de 75 millones de euros las «dádivas» que se llevaron las «empresas locales» que entraron en las sociedades promotoras de los parques o crearon empresas vehículo para hacerse con las autorizaciones que supervisaba personalmente el viceconsejero Rafael Delgado cuando era la mano derecha del consejero Tomás Villanueva, fallecido durante la instrucción y también encausado, aunque las responsabilidades penales se extinguieron con su muerte.

Delgado, que en sus sucesivas declaraciones ante el juez instructor señaló a su superior e insistió en que él se limitaba a ejecutar órdenes, es considerado por la Fiscalía Anticorrupción y el resto de las acusaciones el cerebro de la trama y se le piden penas de 42 años de prisión por seis delitos: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, extorsión, blanqueo de capitales y tres contra la hacienda pública. Anticorrupción solicita además que se le impongan 222 millones en multas.

Junto a Delgado, los empresarios hermanos Alberto y Francisco Esgueva y Germán Martín Giraldo están encausados el abogado y supuesto testaferro del primero, Jesús Rodríguez Recio; el empresario Marc Nadelar, de Solar Land Word SL; el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz; Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables; los constructores Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente; el también empresario César Hernández Chico; Carlos Galdón Cabrera, propietario de Avanzalia Solar que el fiscal quiere excluir de la causa; María del Mar Moreno Fernández, esposa de Alberto Esgueva; Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta; Rafael Icaza, de Ibercyl, y Pedro Barriuso, de Biovent.

De esos 75 millones en dádivas prácticamente solo por figurar en las sociedades (una empresa multinacional especializada en energía como Iberdrola no necesita que San Cayetano Wind, tramite ni garantice sus proyectos, apostillan las acusaciones), la de Alberto Esgueva es la más beneficiada cuando, una vez conseguida las autorizaciones para unos parques que estuvieron años paralizados, vendió sus participaciones a una de las sectoriales de Iberdrola, Ibercyl (antes, Biovent Holding).

Hay doce acusaciones personadas en esta macrocausa contra estos diecisiete cargos y excargos de la Junta de Castilla y León y empresarios (la Fiscalía acusa a dieciséis y excluye a uno de los empresarios, pero el resto de acusaciones mantienen la imputación) que serán juzgados en la Audiencia de Valladolid, aunque el enjuiciamiento de proceso está todavía más lejano que para el del caso Perla Negra, que aún tiene que reseñalarse tras su suspensión en marzo pasado. Fuentes jurídicas apuntan a que, probablemente, ninguno de estas dos grandes causas de corrupción en Castilla y León coincidirán en fechas con las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2023.