El Ayuntamiento de Solosancho acuerda varias medidas dirigidas a los afectados por las hipotecas

El Ayuntamiento de Solosancho ha aprobado en sesión plenaria la adopción de varias medidas, en el ámbito de sus competencias, dirigidas a posibles afectados por la hipoteca en la localidad. Se trata de la adhesión del municipio al Convenio para el Fondo Social de Viviendas en Alquiler, la suspensión cautelar del cobro del impuesto conocido como 'Plusvalía' a familias desahuciadas, y el inicio de la modificación de la Ordenanza Municipal que regula dicho impuesto.

La propuesta surgió del equipo de Gobierno, del PSOE, y fue apoyada por el grupo del PP en la sesión ordinaria celebrada el pasado lunes. El alcalde de Solosancho, Benito Zazo, ha asegurado que el acuerdo alcanzado «tiene una gran importancia tanto por su utilidad práctica real como por el valor simbólico y ejemplificador que supone».

Varios actuaciones

Entre las medidas adoptadas se encuentra la suspensión cautelar de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como 'Plusvalía', para aquellos casos de dación en pago y ejecución hipotecaria de vivienda única y habitual que se pudieran producir en el municipio.

Esta medida se complementa con la segunda parte del acuerdo, que supone iniciar el correspondiente expediente para llevar a cabo la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, «con el fin último de evitar la injusticia de que el desahuciado tenga que hacer frente a este impuesto», afirma Zazo.

Finalmente, el Ayuntamiento de Solosancho también ha acordado solicitar la adhesión de este municipio al Convenio para el Fondo Social de Viviendas en Alquiler, firmado en enero por varios ministerios, entidades de crédito, Plataforma del Tercer Sector, Federación Española de Municipios y Provincias, el Banco de España y las Patronales Bancarias. Este convenio comenzará a funcionar previsiblemente en marzo y supone la puesta a disposición, por parte de las entidades bancarias, de más de 6.000 viviendas que irán destinadas al alquiler social para familias sin recursos que hayan sido desalojadas por impago de un préstamo hipotecario.