Miguel Collado: «Sin contar con los jueces no mejorará la atención al ciudadano ni habrá modernización»

Miguel Julián Collado Nuño nació en Valverde del Júcar (Cuenca) en 1963, se crió y estudió Derecho en Burgos con la promoción del 86, comenzó su carrera judicial dos años despues en Asturias y la desarrolla en Cataluña desde hace dos décadas aunque, ahora, con un pie en Madrid. Nacer y pacer en cinco comunidades autónomas tiene que conllevar, por fuerza, apertura de miras, aunque haya entrado en el Consejo General del Poder Judicial con la etiqueta de conservador puesta: tiene detrás de su vocalía el respaldo de la Asociación Profesional de la Magistratura y del Partido Popular.

Mientras invita a tomar asiento en el sencillo despacho que le tocó en suerte y ocupa desde 2008, comenta que coincidió durante un tiempo en Cataluña con el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, con quien también tiene en común una gran vinculación estudiantil, aunque su título de licenciado en Derecho, explica, lo expedía por entonces la Universidad de Valladolid. Otra cosa que ambos colegas tienen en común es que representan al Poder Judicial de Castilla y León. Uno, como máxima autoridad en la comunidad y, el otro, como portavoz en el CGPJ de todos los miembros de la judicatura que ejercen en ella. Como tal, Miguel Collado no oculta su preocupación por la crispación casi unánime de la carrera judicial producida por los globos sonda reformistas lanzados por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, cuya motivación reconoce que se le escapa. «Creemos que tocar el estatuto del juez y la modificación del sistema de elección del CGPJ no son prioritarios, necesarios ni convenientes», declara. Sin embargo, confía en que el nuevo presidente del Consejo, Gonzalo Moliner, lleve a buen puerto la interlocución para evitar una huelga para la que ya ha comenzado la cuenta atrás.

¿Desde cuándo no visita Castilla y León?

Desde finales de julio, con motivo de la inauguración del rehabilitado Palacio de Justicia, sede del TSJ. Estoy en el Consejo Rector de la Escuela Judicial de Barcelona y llevo asuntos de comunicación de los órganos gubernativos y las asociaciones judiciales. Me ocupo de dos territorios, Cataluña, donde vivo, y de Castilla y León, de donde soy y siento. Pero, a pesar de la complicación, hay mucha complicidad jurídica, estamos al día porque existe la máxima colaboración con las autoridades judiciales de la región y conlos presidentes de las audiencias provinciales.

Burgos es una de las provincias de la comunidad con más partidos judiciales y donde primero se han rebelado por la amenaza de supresión de sedes. ¿El CGPJ mantiene su propuesta inicial de dejar en 25 los 41 partidos judiciales de Castilla y León?

La reforma es necesaria, no solo por motivos económicos, para optimizar recursos, sino porque es imprescindible mejorar el servicio, y el actual sistema lo impide. Para ello hay que cambiar de filosofía: no basarse en dónde están los partidos judiciales, sino en cómo se presta el servicio, y una especialización de primera calidad, con este sistema, no es factible.

¿Y qué va a ocurrir con los edificios y las instalaciones, algunos con una inversión reciente importante, como en los juzgados de Villalpando?

Los edificios, las instalaciones, las sedes físicas se van a mantener. No obstante, cualquier medida que implique el empeoramiento de las condiciones de las personas que necesitan el servicio judicial debe ser adaptada. Apostamos por los tribunales de instancia, una organización que va ha hacer que se acabe con las bolsas de retraso. La idea es que el trámite esté repartido a la manera de las audiencias provinciales. No hay que confundir una organización que tiene que centralizarse con un desmantelamiento de los partidos judiciales. Lo que hay que superar es la figura del juzgado único. No obstante, la proyección que hicimos (e insisto en que es una propuesta) es nacional. Habrá que establecer un diálogo y un examen de las circunstancias particulares de cada territorio.

Otro objeto de polémica es el funcionamiento de las nuevas oficinas judiciales de Burgos y León. ¿Es partidario de extenderlas a las otras provincias?

Ha sido una experiencia lamentable en Burgos, donde la oficina antigua tenía un funcionamiento muy satisfactorio. Pero ya se ha corregido la situación y también en León y en el futuro, con una planta adecuada y los tribunales de instancia, mejorará el servicio y las condiciones en las que los ciudadanos accedan a una tutela judicial efectiva.

¿Usted está más cerca de la posición de Gallardón, que sostiene que el Poder Judicial no tiene derecho a la huelga, o de la de los jueces y fiscales, que están dispuestos a protagonizarla si el Ministerio sigue adelante con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial?

Estamos un poco decepcionados con las propuestas que nos llegan desde el Ministerio. La dirección de la política judicial la marca el Gobierno y el Parlamento, las normas, pero en el CGPJ creemos que el enfoque no es el más conveniente. De todos los problemas que tenemos, las demarcaciones, la oficina judicial, las modificaciones necesarias en las leyes que faciliten la agilidad en los procedimientos...De todos lo problemas de la Justicia, el de los jueces es inexistentes. Los jueces españoles no son el problema, sino parte de la solución.

¿Pero el CGPJ apoyaría la huelga si se pasan los quince días que han dado de plazo las asociaciones de jueces y fiscales para que se retire el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial?

El Consejo está absolutamente comprometido con la carrera judicial. Creemos que la inmensa mayoría ha entendido que no es oportuna la modificación del estatuto en los términos en que se ha planteado. No es necesaria y y perjudica las condiciones en las que los jueces desarrollan su tarea diaria. La huelga no es la polémica. Se tiene que entender que la carrera judicial casi de forma unánime entiende que hay que establecer la confianza en los jueces y mejorar las condiciones en el desarrollo de esta función. El presidente del Consejo ha asumido el liderazgo en esta negociación y nosotros vamos a coadyuvar a una solución, en una línea positiva, pero con firmeza.

Confianza

La imagen que proyecta día tras día la Justicia española se deteriora a pasos agigantados. No es necesario que le recuerde el 'caso Dívar'. ¿Una huelga no va a generar en la opinión pública aún más desconfianza?

En un momento de crisis como el que estamos viviendo, las instituciones son muy importantes para salir de la situación. Las medidas tendrían que apoyar a los jueces, favorecer la eficacia de la función judicial. Pero lo que hay sobre la mesa poco tiene que ver con las necesidades del país. Sin la confianza en los jueces no es posible una solución. A nosotros nos interesan los ciudadanos. En España hay una carrera judicial extraordinaria, capaz y comprometida, con vocación de servicio. Adquieren una capacitación espectacular, en un proceso de años, con un sistema de oposición por consenso y un turno por profesionales de servicio. Cambiar el régimen de los jueces es un camino equivocado.

Pero en los órganos de poder, como en la elección de los vocales del Consejo, para el ciudadano es evidente la politización, y ello debilita la credibilidad.

Es verdad que casa mal que los jueces sean elegidos por los partidos políticos, no hay que temer a los jueces. De hecho soy partidario de ello. Pero yo hablaría más de una apariencia de politización. Son comisiones de cinco personas las que preparan las propuestas, que luego se votan en el peno. Que exista una diferencia de posturas a la hora de tener que tomar decisiones complicadas no se puede entender como una guerra, sino como una confrontación de ideas previa. Me gustaría que se corrigiera esta apariencia de politización, pero la confrontación es natural.

¿Con Moliner están volviendo las aguas a su cauce en el CGPJ?

Hemos pasado por una situación muy complicada en la anterior etapa, pero la mala imagen por una actuación particular no responde a la realidad del trabajo cotidiano que realiza la mayoría. Vamos recuperando la normalidad, pero insisto en que la práctica cotidiana, en todos los órganos de Justicia, es impecable. Se debe afianzar la confianza en que es el juez el que al final deberá dar la pauta y la máxima garantía de los derechos.

Las transferencias

¿Considera usted que es oportuno que la Junta de Castilla y León retome con el Gobierno la negociación sobre la transferencia de las competencias de Justicia en un momento en que el gasto autonómico se mira con lupa y cuando hay fuerzas polìticas y sociales que plantean la devolución de competencias esenciales como Sanidad y Educación al Estado?

La decisión le corresponde al poder político, pero en este momento en el que las administraciones públicas están siendo cuestionadas por sus excesos, si se producen las transferencias tiene que ser para que la Administración de Justicia en Castilla y León sea más eficaz y su mantenimiento económicamente razonable. De lo contrario, el proceso no debería iniciarse.

¿Qué tal se lleva usted con la otra vocal adscrita a Castilla y León por el Consejo, la fiscal Almudena Lastra, propuesta a la vocalía por el PSOE? ¿Trabajan juntos?

Tenemos una buena relación personal y trabajamos de manera conjunta, coordinada y consentida, y siempre contando con el presidente del TSJ.