Oposición frontal de los alcaldes pedáneos a la desaparición de las juntas vecinales

No se ha pretendido hacer una encuesta ni un sondeo, pero cinco alcaldes pedáneos de la provincia de Palencia tres del PP y dos del PSOE han sido consultados sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que maneja el Gobierno de España y que pretende, entre sus grandes objetivos, suprimir las juntas locales vecinales y las mancomunidades y reducir el número de concejales en todos los ayuntamientos del país, un 31,1%, de 68.578 a 47.240.

La provincia de Palencia cuenta con 226 entidades locales menores, que suman una población de 15.533 habitantes (7,3%). De los 191 ayuntamientos, 52 poseen pedanías. Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga son los que más juntas vecinales gestionan, 21 cada uno, dos municipios que se beneficiarían notablemente de la decisión del Gobierno. Tras las elecciones de 2007, en las que no se presentaron candidaturas, se eliminaron dos pedanías, la de Quintanas de Hormiguera y Pedrosa de la Vega.

Estas entidades locales tienen su origen en las juntas de vecinos en cuanto a su reconocimiento como personas jurídico-públicas, y en no pocas ocasiones se utiliza el término más coloquial de juntas vecinales para referirse no solo al órgano colegiado de gobierno de estos entes, sino a la entidad en sí.

Estas entidades no son mencionadas en la Constitución de 1978, pero al no prohibirlas, se abría la puerta a su reconocimiento, que llegó en 1985 con la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Las juntas vecinales tienen una capacidad económica grande, fruto de su enorme patrimonio (montes, tierras de labranza y edificios). Reciben dinero por el alquiler de estos bienes y por la explotación de los cotos de caza y de pesca. Todo este patrimonio junto a los ingresos que perciben pasarán ahora a los ayuntamientos de los que dependen. Esta es precisamente la gran batalla de las juntas vecinales.

Los alcaldes pedáneos se muestra muy críticos con este proyectos. Un mensaje coincide en todos ellos: la supresión de las juntas vecinales no servirá para ahorrar dinero y se perjudicará a estas pequeñas poblaciones rurales.

Felisa Cubillo es la alcaldesa pedánea de Perazancas de Ojeda, del PP, desde hace trece años. «No sé por qué hacen esto cuando las entidades menores no suponen ninguna carga para nadie». Perazancas tiene más patrimonio que el conjunto del valle de la Ojeda. Con los ingresos que percibe la junta vecinal, el pueblo se encuentra muy bien, según reconoce la alcaldesa. «Las redes de aguas están renovadas recientemente y tienen contadores. Tenemos los servicios mínimos y organizamos unas buenas fiestas», explica Felisa Cubillo, quien señala que las relaciones con su ayuntamiento, Cervera de Pisuerga, son buenas. «Estamos al día en cuanto a las deudas, incluso tenemos remanente», señala.

Otro alcalde del PP es el de Porquera de los Infantes, que pertenece a Pomar de Valdivia, Luis Quirino Hidalgo. Como Felisa Cubillo, arrancó sus palabras con un «muy mal, muy mal, muy mal...». Así ven la posible supresión de las juntas vecinales. «Somos gente que no cobramos, que estamos ahí por altruismo, pero lo hacemos con gusto, pensando en el pueblo», señala. «¿Quién va a administrar nuestro bienes?», se pregunta Luis Quirino.

Los ingresos de Porquera de los Infantes provienen del coto de caza, de una finca que se vendió a Gullón para la ampliación y de una explotación de arena. Con estos ingresos, el municipio, de casi cuarenta habitantes, tiene las calles pavimentadas, los servicios mínimos y unas fiestas dignas. «La gente está contenta con lo que hacemos en la junta vecinal», apostilla Luis Quirino, agricultor que vive su tercer mandato al frente de la junta vecinal.

Rosario Villegas es también del PP y preside la junta de Porquera de Santullán, que pertenece al Ayuntamiento de Barruelo de Santullán. Ella opina que con la supresión de las entidades menores «no se ahorrará nada de dinero». «Los alcaldes de los ayuntamientos no pueden gobernar todos los bienes que asumirían. Ahora no se preocupan de nosotros, nos dan lo justo. Esta ley no la han pensado», asegura la alcaldesa pedánea de un pueblo en el que están empadronados un centenar de habitantes.

Rosario Villegas asegura que con su gestión se ha dado la vuelta al pueblo. «Una pedanía puede dar la vuelta a un pequeño pueblo», apostilla. Esta administrativa de profesión piensa en el bien que se hace a los mayores que viven en estos pueblos. «La población está envejecida y con nuestro trabajo, los mayores que viven aquí se sienten mejor», concluye.

Socialistas son los alcaldes pedáneos de Torre de los Molinos, de Carrión de los Condes, y Vega de Bur, de Olmos de Ojeda. El primero es Olegario Ramos Antolín, que dice que «si las entidades locales menores eran las grandes olvidadas de la administración, con la nueva ley nos dejarán en la miseria». «Si lo que quieren es dinero, que lo digan y ya está, y si lo que quieren es transparencia en las entidades locales, que la exijan», señala.

Ramos Antolín recuerda que son alcaldes las 24 horas del día sin tener un sueldo. «El medio rural, que crea riqueza, se va a quedar abandonado», señala el alcalde de Torre de los Molinos. Las relaciones con Carrión de los Condes son «ahora buenas, pero nos ha costado nuestros tiras y aflojas». Esta junta vecinal posee 50 hectáreas de regadío, que están plantadas de chopos, y 190 de agricultura de secano, que las tienen asignadas a los agricultores por lotes, y otra parte se subasta. Con los ingresos, se ha mejorado bastante el pueblo, como destaca este electricista que vive su segundo mandato como alcalde pedáneo.

Alfonso Baños Báscones es el presidente de la junta local de Vega de Bur, que tiene claro que su trabajo es mano de obra barata que se quiere eliminar. «Hacemos mucho y no cobramos nada», asevera.

Esta junta vecinal asume parte de los gastos de los vecinos, como el agua, que les sale gratis, o la leña, por la que solo tienen que pagar seis euros al año. «Tenemos superávit. No necesitamos nada», señala Alfonso Baños. La junta tienen ingresos por el coto de caza, por los pastos y por las tierras que se arriendan. El pleno de Vega de Bur aprobó el miércoles en un pleno una moción en contra del proyecto del Gobierno. Salió adelante con los votos de los tres únicos concejales, todos del PSOE.

Baños Báscones aseguras que «ni Herrera (Juan Vicente), ni Montoro (Cristóbal), ni Rajoy (Mariano) saben lo que pasa en los pueblos que tienen junta vecinal, por eso actúan así». «¿Por qué no pasan unos días en una pedanía?», apostilla. Alfonso Baños está empadronado en su pueblo, pero vive durante la semana en Valladolid. «Cuando vengo al pueblo los fines de semana, me pongo a limpiar, a poner bombillas, a conservar el pueblo», explica. Las relaciones de esta pedanía con Olmos de Ojeda, su ayuntamiento, «son malas, están ahí, solo hay una relación meramente institucional, de cooperación no hay». Esta pedanía posee 465 hectáreas de monte, 79 de labrantío, que están alquiladas, y tres edificios.

Si los planes del Gobierno salen adelante, estos alcaldes pedáneos no continuarán en 2015, cuando se celebren elecciones municipales. Es esta fecha la prevista para que desaparezca el último eslabón o nivel del sistema administrativo español.