La Fiscalía de Valladolid abre diligencias por delito medioambiental en la fábrica de Uralita

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras recibir una orden de la fiscal delegada del Medio Ambiente en Valladolid, Ana Valle, para que se averigüen las condiciones en las que se encuentra la antigua fábrica de Uralita, situada en la carretera de Madrid, que podría estar desprendiendo amianto, material contaminante y nocivo para la salud hasta el punto de provocar cáncer.

Las diligencias incoadas por el Ministerio Público se llevan a cabo después de que la Asociación de Víctimas y Afectados del Amianto de Valladolid (Avidalid) presentase a comienzos de este mes una denuncia a la que acompañaba un vídeo del lugar, que se encuentra abandonado.

La factoría cerró sus puertas en el año 2009 y, según el colectivo denunciante, las instalaciones no se habrían descontaminado, ni efectuado trabajo alguno para la eliminación de los residuos.

Esta fábrica, cuya actividad estaba dedicada a la producción de fibrocemento, proceso en el que se utiliza crocidolita o amianto azul, y crisotilo o amianto blanco, pertenecía a Euronit, Fachadas y Cubiertas, y anteriormente a Uralita. Según los denunciantes, entre los que se encuentran antiguos empleados de la empresa, en los cuarenta años de actividad productiva se habrían producido unas 50 toneladas diarias de amianto.

Por ello, sostienen que desde el cierre de la factoría de la carretera de Madrid no se ha efectuado trabajo alguno para la eliminación adecuada de los residuos allí existentes, lo que supone un evidente riesgo para las personas que trabajan o residen en las inmediaciones de ese punto cercano a la Ronda Sur.

La Asociación de Víctimas y Afectados del Amianto va más allá en su denuncia, ya que advierte de que la proximidad del colegio privado de San Agustín supone un riesgo para la salud de escolares y docentes. Argumentan además que la inhalación de las fibras del mineral de amianto (que puede producir asbestosis, cáncer de pulmón o mesoteliona pleural) se puede ampliar a la población residente en los barrios de Delicias o Pinar de Jalón, cercanos a estas antiguas instalaciones.

Por todas estas circunstancias, la Fiscalía de Valladolid, con competencias para investigar esta denuncia, según el Estatuto del Ministerio Fiscal, ha decidido practicar diligencias para comprobar si se pudiera haber cometido un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

De este modo, la fiscal del caso ha remitido un oficio a la Comandancia de la Guardia Civil en el que solicita a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que efectúen una inspección ocular de los terrenos y naves que integran la antigua factoría de Uralita.

Además, ha requerido al instituto armado que tome muestras de las distintas zonas de la fábrica para su posterior análisis y determinación de la composición de los residuos despositados.

Los agentes especializados en delitos contra el medio ambiente deberán también elaborar un informe sobre si, como dice la asociación Avidalid, la propagación aérea del polvo de amianto, que pudiera estar depositado en la fábrica, afecta a la salud de las personas o sistemas naturales del entorno.

Abandonada

La investigación abierta tendrá que determinar quiénes son los actuales propietarios de la fábrica, que está abandonada dentro del término municipal de Valladolid.

La actuación de la Fiscalía de Valladolid ha sido valorada por el colectivo denunciante como muy positiva. El presidente de Avidalid, Esteban Doncel, quien trabajó en la empresa Uralita durante 33 años, aseguró que «la situación en estas viejas instalaciones es de auténtica bomba de relojería ya que el polvo de amianto se propaga por el aire y sus efectos nocivos para la salud se producen años después».

Doncel, que fue presidente del Comité de Empresa de Uralita hasta el año 2005, recordó que esta factoría data del año 1966 y se abandonó después de que se vendiese a la sociedad Euronit Fachadas y Cubiertas, y se produjera el traslado de los cerca de 200 trabajadores a otras instalaciones situadas en la carretera de Aldeamayor.

«El desmantelamiento no ha comportado una descontaminación de este tipo de material. Hemos podido comprobar cómo la gente sigue entrando en la fábrica sin conocer verdaderamente el riesgo que tiene para su salud si inhala el amianto, que está por el suelo y los tejados», explica Esteban Doncel.

Avidalid pretende también que la investigación que dirigirá la Fiscalía sirva para determinar si existen responsabilidades de los empresarios o del Ayuntamiento.

La posibilidad de respirar amianto y el riesgo que se corre por los restos existentes en esta fábrica deberá ser determinado por la investigación judicial. Mientras ello sucede, lo que sí queda claro es que los antiguos empleados llevan años reclamando en los tribunales los perjuicios profesionales causados por haber trabajado en Uralita.

Para el presidente de la asociación de Afectados del Amianto de Valladolid, las consecuencias no son solo para los que allí han trabajado, sino para las personas cuya actividad se hace en las proximidades. «Entre ellos está un supermercado, una gasolinera, bares en las Delicias, o el colegio de San Agustín. El polvo está en el ambiente, se seca y no se ve, pero se inhala», insiste Esteban Doncel.

Según sostiene el presidente de Avidalid, «el listado que nosotros tenemos recoge más de 130 trabajadores de Uralita en Valladolid muertos en los últimos años por carcinoma pulmonar, un cáncer que solo aparece por haber estado en contacto con el amianto. El año pasado fallecieron seis con edades de más de 56 años».

Esteban Doncel asegura que Uralita vendió en 2005 los terrenos a una empresa de un grupo belga (Etex) por unos 60 millones de euros, «pero los han dejado abandonados porque descontaminarlos cuesta mucho».

La empresa dedicada a la fabricación de fibrocemento comenzó a estar operativa en el año 1966. Seis años después, su plantilla alcanzaba los 470 trabajadores. En el año 2005 su número llegó a los 220. Cuando se cerraron las instalaciones en la carretera de Madrid, con la plantilla de Euronit, la cifra llegaba a los 153. La ley prohibió la utilización del amianto como material a partir de 2002, lo que dio lugar a un cambio en los planes de producción. Pero, según explica Esteban Doncel, «en España se continuó empleando el amianto hasta 2005 porque era un material muy barato para fabricar las placas de uralita»,

Los efectos nocivos por haber trabajado en contacto con el amianto comenzaron luego a aflorar entre los trabajadores, muchos de los cuales han tenido que recurrir a los tribunales para que se les reconociera sus patologías como enfermedades profesionales.

Experta en este tipo de reclamaciones, la abogada Carmen Riesgo asesora a antiguos empleados de Uralita, cuyas circunstancias de trabajo cuestionan los controles para evitar esta contaminación.

Es el caso de Á. J. que entre los años 1974 y 1984 trabajó como electricista en Uralita Valladolid. En una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que desestima un recurso de la empresa, se asegura que en la factoría vallisoletana «existía una producción de amianto, sin que conste que se realizaran mediciones adecuadas de dicha sustancia, y sin que existiera ningún tipo de medidas de protección colectiva».

Este trabajador falleció en agosto del año 2008 por un tumor de mesotelioma epitelial, enfermedad derivada de la inhalación de fibras de amianto, y que se vinculó con el tiempo que trabajó en la empresa. Por ello, el TSJ ha reconocido las prestaciones de viudedad y orfandad a su familia.