El Arzobispado no pide penas de cárcel para los acusados del 'caso Gescartera'Los dos delegados de la agencia en Valladolid comparecerán como testigos en Madrid

El Arzobispado de Valladolid no solicita penas de prisión para los catorce acusados del grupo Gescartera, la sociedad de inversiones que fue intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en junio del 2001, y en la que la institución eclesiástica depositó parte de sus fondos para atender las necesidades de la diócesis y sus sacerdotes, y que llegaron a superar en algún ejercicio los seis millones de euros.

La iglesia considera «poco ético» solicitar cárcel para los directivos que encabezó Antonio Camacho Friaza, a quien la Fiscalía General del Estado acusa de varios delitos de apropiación indebida y falsedad documental durate su gestión al frente de Gescartera Dinero SGC, entre los años 1992 al 2001.

«Nuestra posición en este procedimiento penal obedece a una cuestión moral, ya que creemos que la Iglesia no debe pedir condena de cárcel para nadie y es el Estado el que tiene que hacer la justicia que corresponda. Lo único que deseamos es recuperar los bienes que allí se depositaron», declaró el abogado del Arzobispado, Jesús Gómez-Escolar.

La vista oral por este caso comenzará el lunes 17 de septiembre y se prologará al menos tres días por semana, en sesiones de mañana y tarde, hasta el mes de diciembre próximo.

El Arzobispado ha renunciado a las penas de prisión y comparece en el juicio como actor civil para reclamar sólo el dinero que no ha logrado recuperar todavía, y que se aproximaría a los 132.000 euros. Otros 18.000 euros sí fueron entregados por el Estado al Arzobispado. Sin embargo, esta exigua cantidad no corresponde con el movimiento real de cartera que se registró por parte varias órdenes religiosas de Valladolid.

El primer dinero que invirtió la iglesia en Gescartera en busca de una mayor rentabilidad (hasta el 11%) fue de 90.000 euros en marzo de 1996. Posteriormente ingresó más de seis millones de euros procedentes de desinversiones en renta fija, donaciones, ventas patrimoniales y herencias de fieles. Los más de seis millones de euros fueron sacados dos años antes de que se ordenase la intervención por parte de la CNMV en el 2001, cuando se destapó el escándalo financiero que dio lugar a este procedimiento penal en la Audiencia Nacional y a una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados.

El ecónomo de la Diócesis vallisoletana, Enrique Peralta, reconoció en la sede parlamentaria que el 30 de marzo de 1999 recibió del propio Antonio Camacho un talón por importe de 6,63 millones de euros con los que liquidaba de esta forma su «importante relación» con Gescartera. Según el letrado Gómez-Escolar, esos fondos se emplean para atender a los 600 sacerdotes que tiene la provincia de Valladolid.

Afectados vallisoletanos

El número de vallisoletanos afectados que depositaron su dinero a través de la delegación que Gescartera tenía en Valladolid en la Acera de Recoletos se aproximó a los 120, si bien algunos de ellos han desistido de las acciones penales al cobrar las indemnizaciones dadas por el Gobierno de José María Aznar.

Estas cantidades, que oscilaron entre los 18.000 y los 25.000 euros, fueron abonadas por el Fondo de Garantía de Inversiones que se creó a tal efecto. El dinero que actualmente reclaman los afectados en Valladolid supera los 2,6 millones de euros.

Entre los colectivos y particulares de Valladolid que han mantenido la acusación penal están las Madres Dominicas de Porta Coeli, los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle, las Dominicas de la Anunciata, Casa Ambrosio Rodríguez, Inmobiliaria Relatores 5, Academia Castilla, la Organización Impulsora de Discapacitados, la Fundación Emilio Álvarez Gallego, o la Orden Filipense Misioneras de Enseñanza. Entre los denunciantes que contaran con representación en el juicio de la Audiencia Nacional están el Obispado de Palencia y la Diócesis-Obispado de Astorga (León). Entre los que depositaron sus ahorros en la agencia de Antonio Camacho estaba también un ex concejal en el Ayuntamiento de Valladolid.

Obras de rehabilitación

Algunas de estas órdenes religiosas, como en le caso de las Calderonas de la calle Teresa Gil, entregaron hasta 210.000 euros a la agencia de valores, cantidad que tenían previsto invertir para acometer obras de rehabilitación en el convento.

Entre los letrados vallisoletanos que representan los intereses de particulares, empresas y órdenes religiosas, y que estarán presentes en el procedimiento judicial de Madrid a partir del lunes, se encuentran Jesús Gómez-Escolar, José María Tejerina Rodríguez, Pablo Toquero y Francisco Llanos.