Junta, Fomento y Valladolid se dan 7 días para desatascar la sociedad Alta Velocidad

/ El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, asiste a la reunión Valladolid Alta Velocidad, junto con el secretario de estado de infraestructuras, Julio Gómez Pomar, y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente-
  • Comprometen que llevarán a cabo gestiones para reestructurar el préstamo y el alcalde deja abierta la puerta a la disolución

Los tres socios -Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento- de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 decidieron este martes darse una semana para buscar una salida a la situación financiera de la entidad, que mantiene un crédito de 400 millones con un sindicato bancario, al que tenía que haber abonado ya 125 millones. Antes de reunirse de nuevo el próximo jueves, 25 de febrero, realizarán «gestiones» con las entidades financieras para reestructurar la deuda y analizarán la revisión del convenio suscrito en 2002 para afrontar la operación ferroviaria.

Así se decidió en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, a la que asistieron el secretario de Estado en funciones de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, así como el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y los tres representantes del Ayuntamiento de Valladolid, el alcalde Óscar Puente; el teniente de alcalde, Manuel Saravia, y el concejal de Hacienda, Antonio Gato. Además, participaron responsables de Adif y Renfe, así como el director de Vivienda de la Junta, Ángel Marinero.

Durante más de tres horas, los diferentes representantes de las tres administraciones analizaron la situación financiera de la sociedad, que para el secretario de Estado es «muy delicada» ya que tiene ante sí «problemas acuciantes». Por ello, el 'número dos' de Fomento abogó por abrir durante los próximos días un periodo de análisis sobre el «dimensionamiento» de los objetivos de la operación ferroviaria y de la financiación de este proyecto basado en la obtención de recursos a través de la venta de suelo urbano.

Gómez-Pomar explicó que antes de volverse a reunir el próximo jueves se mantendrán contactos con las entidades acreedoras del préstamo para buscar alternativas para reestructurar los pagos ante la situación de la sociedad. De hecho, Valladolid Alta Velocidad debería haber abonado 125 millones antes del 31 de diciembre de 2015, por lo que tiene las cuentas bloqueadas, con el fin de que pague antes del 31 de marzo de este año el primer vencimiento.

El secretario de Estado y el alcalde de Valladolid reconocieron que no todas las administraciones implicadas en el proyecto están en condiciones de asumir el pago de la deuda que les corresponde en función del porcentaje de participación en la sociedad, que se distribuye en un 50 por ciento de Fomento (12,5 Renfe y 37,5 Adif), un 25 por ciento de la Junta y el 25 restante del Consistorio. Por ello, Julio Gómez-Pomar aseguró que se mantendrán contactos con las entidades financieras para buscar una solución.

El regidor vallisoletano prefirió no dar detalles sobre las diferentes alternativas que se plantearán a los bancos para no debilitar la posición de negociación de la sociedad y también señaló que no se rechaza por completo la posibilidad de que solicitar un aplazamiento del calendario de pagos, con el fin de lograr dos años de carencia total. Puente optó por ser «prudente» durante este «paréntesis» de una semana que se abre para encontrar una solución, antes de volver a reunir al Consejo de Administración el próximo jueves por la tarde.

Aportaciones

Igualmente, el alcalde de la ciudad aseguró que para él es «indispensable» que se realice una revisión del convenio de 2002 para lograr una solución. Puente, que defendió su propuesta, que pasaría por que Renfe y Adif realizarán las aportaciones de 311 millones demandadas para abonar los 125 millones pendientes e impulsar las obras pendientes, con el objetivo de liberar los terrenos y ponerlos en el mercado, recordó que el coste de los talleres para el Ayuntamiento de Valladolid son superiores al valor de la parcela prevista, por lo que consideró que Fomento debería aportar más fondos.

Al respecto, el secretario de Estado reconoció que la operadora ferroviaria va a recibir unos talleres «importantes» y aseguró que le consta que la compañía «lo tendrá en cuenta» sin dar más detalles. No obstante, Julio Gómez-Pomar señaló que el Grupo Fomento no tiene deudas con la sociedad, sino que cada administración tiene que asumir el porcentaje que le corresponde de la deuda contraída. A su juicio, esas son las «reglas de participación» que establecen a su juicio unas obligaciones.

Sin embargo, el alcalde de Valladolid señaló que ve más «cerca que nunca» la anulación de la carta de conformidad por la que el Ayuntamiento respaldó el préstamo, ya que señaló es «nula de pleno derecho». Óscar Puente insistió en la imposibilidad del Consistorio de hacer frente a 101 millones de deuda, correspondiente al préstamo de 400 millones, que ha tenido unos costes financieros de 109 millones, y que se ha consumido en gran parte sin iniciar el grueso del proyecto.

Viabilidad de la operación

Respecto a la continuidad de la operación de integración del ferrocarril en la ciudad, el secretario de Estado de Infraestructuras recalcó que el Ministerio de Fomento hará todos los «esfuerzos» necesarios para completar el proyecto, si bien no ocultó que la sociedad atraviesa por una situación financiera «muy delicada» y añadió que precisa una reestructuración. El alcalde, por su parte, consideró que lo razonable es «hablar del futuro inmediato» y de las fórmulas para desbloquear la actuación.

El regidor tampoco descartó la posibilidad de que la sociedad se vea abocada a su disolución, si bien los tres socios acordaron una serie de aportaciones de «pequeñas cantidades» para hacer frente a los gastos corrientes de este ejercicio, como el pago de las nóminas de los trabajadores o las prestaciones de servicios. Óscar Puente explicó que la sociedad tiene unos 15 millones de euros en sus cuentas, procedentes del préstamo solicitado, si bien están bloqueados.

Talleres ferroviarios

Por otra parte, el representante de Fomento destacó la «voluntad» de las tres administraciones de poner en marcha «cuanto antes» los nuevos talleres ferroviarios del complejo situado en el páramo de San Isidro. Julio Gómez-Pomar reconoció que están pendientes unos «flecos» y «requisitos», si bien destacó que el Ministerio y el Ayuntamiento mantendrán un contacto «intenso» para resolver su apertura. Explicó que está pendiente la recepción de maquinaria, la formación de los operarios y una serie de actuaciones.

Además, el secretario de Estado reconoció que debe adoptarse un acuerdo sobre el suelo del Complejo Ferroviario, que debía prestar el Ayuntamiento al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mediante la expropiación a terceros. Para ello, Gómez-Pomar señaló que se estudiarán las condiciones de prestación del servicio aunque Renfe no sea titular del terreno. Así, no se atrevió a dar plazos, si bien Puente indicó que se debe todavía adquirir maquinaria por importe de 10,5 millones y realizar una obra ferroviaria en el ramal 1.

Finalmente, el alcalde de la capital destacó que Renfe se hará cargo de la seguridad de los nuevos talleres, ya que a partir del 1 de marzo se quedarían sin este servicio, pese a que albergan costosas máquinas y unos «500 kilómetros» de cable de cobre.