El TSJ ordena a Sacyl readmitir a cinco médicos que jubiló

Una gran y confusa maraña judicial envuelve al Plan de Prolongación del Servicio Activo de Sacyl que se mueve entre 164 demandas presentadas, algunas pendientes y otras con variadas resoluciones según las dicte la sala de Valladolid o la de Burgos del mismo Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y en este enorme enredo judicial está la confusión y desconcierto de la Consejería de Sanidad a la hora de tomar un camino debido a las contradicciones judiciales al respecto de las salas de Burgos, a favor de la Junta, y de Valladolid, en beneficio del trabajador por lo que ha pedido una doctrina única; así como los derechos vulnerados de los trabajadores sanitarios a los que un juzgado les ha dado la razón.

Así las cosas, en Valladolid, y según los datos facilitados por la confederación sindical Cems que defiende 41 recursos de esta provincia, hay por ahora ocho facultativos que han solicitado el reingreso en el servicio activo y hay, al menos otro, que está pendiente de pedirlo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ ha dictado ya los primeros cinco autos, todos ellos ordenan la ejecución provisional de las sentencias y alguno, incluso, el pago de la indemnización sin que el interesado, en realidad, haya reclamado esta parte correspondiente a retribuciones e intereses perdidos con la jubilación forzosa que le reconocía el fallo judicial primero.

El tribunal considera, según recogen los autos dictados hace unos días en diferentes fechas de abril, que «la preparación de recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida», y acuerda la ejecución provisional; así como la imposición de costas a la Consejería de Sanidad. Unos autos que la Consejería de Sanidad «está estudiando».

Según explica el secretario de la Cesm en Valladolid, José María Soto, los médicos con sentencia favorable a su prolongación laboral pueden optar por esperar a la resolución del recurso presentado por Sacyl y, llegado el caso, reclamar después los derechos vulnerados o, bien, exigir ya el cobro de salarios perdidos, o solo la vuelta al trabajo. Está claro que algunos, desde luego, lo que quieren es trabajar y es lo que han pedido después de que un juez les haya reconocido tal derecho. Otros esperarán año y medio o dos a la resolución definitiva y, si después se les mantiene la razón, la Consejería de Sanidad les adeudará todo ese tiempo y no lo habrán trabajado nunca. Todo esto es una chapuza que le saldrá caro al sistema público, es decir, a todos los ciudadanos porque es más que posible que la Junta tenga que pagar buenos atrasos impagados y a médicos que no trabajaron porque no los reintegraron al puesto. Además de las costas hasta ahora».

Según explica el Sindicato Médico, «la ejecución provisional se puede interesar en cualquier momento en tanto no recaiga sentencia firme, esto es, hasta que el Tribunal Supremo no resuelva los recursos de casación que ha interpuesto la Administración». José María Soto insiste en que «todo este procedimiento ha estado mal llevado desde el principio. En vez de negociar formas e incentivar la salida del sistema, lo han hecho a lo bruto y así, incluso profesionales que querían irse, ahora reclaman, a ver que sacan. Esto es un mal negocio para Sacyl porque su gestión ha sido muy chapucera. Fatal, lo han hecho fatal, no hay otro calificativo». Además, añade este portavoz sindical, «han dado un trato denigrante a profesionales que han dedicado toda una vida profesional a la sanidad pública. Ni las gracias». Por otro lado, «todo esto traerá otro problema añadido. En algunos casos de jefaturas de sección o de servicio se han nombrado nuevos titulares y, si tienen que readmitir a los jubilados, se encontrarán con duplicidades».

Asimismo, el Sindicato Médico critica que todo esto, además de para ahorrar, «se hacía bajo el pretexto de rejuvenecer las plantillas;pero poco las han renovado porque prácticamente no han contratado a nadie; lo que han hecho es cargarse 400 puestos de trabajo en toda la comunidad». En Valladolid se ha jubilado hasta ahora a cerca de un centenar de médicos. La implantación de la jubilación obligatoria a los 65 años y tres meses, aunque con excepciones que permiten alcanzar los 70, supondrá el abandono de la vida activa de 7.450 trabajadores de Sacyl desde 2012 hasta 2020; de ellos, 1.579 serán facultativos, la mayoría médicos; 2.213 serán enfermeras y, el resto, se repartirá entre celadores, técnicos y personal administrativo. Así lo recoge el Plan de Reordenación de Recursos Humanos de Sacyl . Hasta la actualidad, son ya 2.048 las jubilaciones llevadas a cabo: fueron 1.206 en 2013; 739, el pasado ejercicio y, hasta febrero de 2015, han sido 103. Sacyl estimó la prolongación de 44 casos en el primer año citado; 9 en 2014 (1,21%) y dos en los dos primeros meses del presente ejercicio, supone el 1,94% de las jubilaciones.