La Junta recurre al amparo del Constitucional por las vacaciones fiscales vascas

La Junta interpondrá ocho recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por la vulneración del derecho de defensa en las últimas sentencias sobre el Impuesto de Sociedades del País Vasco. El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, indicó que se trata de un paso más en la defensa de las empresas de la comunidad, «puesto que el objetivo es evitar que las diputaciones forales apliquen tipos fiscales reducidos a las compañías que operan en las tres provincias vascas. Con ello se lograría que unas y otras compitieran en situación de igualdad».

Recordó que desde 1996 las diputaciones vascas favorecen a las empresas asentadas en su territorio con un Impuesto de Sociedades inferior al vigente en las demás autonomías, así como con ventajas tributarias que no existen en el resto de España y que les permiten pagar menos. En opinión de la Junta, se trata de un claro ejercicio de competencia fiscal desleal que perjudica a las comunidades limítrofes, entre las que se encuentra Castilla y León.

Las vacaciones fiscales vascas han sido recurridas sistemáticamente tanto por Castilla y León como por La Rioja ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El conflicto ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, que ha intervenido tanto a raíz de procedimientos iniciados por la Comisión Europea como a petición de tribunales españoles. Las sentencias que ha dictado hasta ahora afectan a ayudas selectivas a empresas, que considera incompatibles con el mercado común.

El 11 de septiembre de 2008 el TJUE dictaminó, asimismo, que el TSJPV debía comprobar si las diputaciones forales contaban con la autonomía institucional, de procedimiento y económica que son necesarias para dictar normas fiscales ajustadas a la legalidad europea. La tesis de Castilla y León es que carecen de esta última, porque el coste de las decisiones tributarias del País Vasco no lo soportan en exclusiva los vascos, sino que lo asumen el resto de los españoles vía transferencias del Estado.

El TSJPV ignoró el mandato del Tribunal de Luxemburgo. Es decir, eludió realizar las diligencias solicitadas por el TJUE -que hubieran permitido dilucidar si la Junta estaba en lo cierto- y dictó sentencias sin más trámite, privando a Castilla y León de toda posibilidad de alegar y probar su postura. Esto obligó al Gobierno autonómico a presentar ocho recursos de casación en 2009 y 2010 ante el Tribunal Supremo (TS).

Este órgano judicial los desestimó el pasado mes de abril aunque el propio Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de diciembre de 2004, decretó la nulidad de las normas forales de 1996 sobre el Impuesto de Sociedades que fijaban un tipo inferior al estatal para las empresas ubicadas en el País Vasco.

De ahí que la Junta, por iniciativa de la Consejería de Hacienda, haya acordado presentar ocho recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) con el fin de que se anulen los pronunciamientos judiciales precedentes y el asunto se resuelva tras practicar las pruebas que ordenó realizar el Tribunal de Luxemburgo hace casi cuatro años.

El TC tiene pendiente pronunciarse sobre un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta, el relativo al llamado blindaje del concierto económico vasco, que le impide a la Junta recurrir las normas forales ante los tribunales ordinarios.