La Alianza estudia recurrir los comicios en la Denominación de Origen Toro

El malestar se hace patente en las organizaciones agrarias y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) tras la convocatoria de elecciones en la Denominación de Origen Toro. La orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería que regula las elecciones previstas para el domingo 11 de septiembre no ha sido bien recibida tras su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Entienden la Alianza UPA-COAG, Asaja y Urcacyl que la conformación de los estratos no mantiene la paridad entre los diferentes sectores, el productor y el elaborador, en beneficio de las bodegas, y que cooperativas que han sido pioneras en la DO, como Covitoro, podrían quedarse fuera de la representación del Consejo Regulador tras la elección de los diez vocales.

La Alianza estudia recurrir la orden de convocatoria, para lo que cuenta con un mes desde la publicación de la orden, que entiende que contraviene en la conformación de estratos la Ley 8/2005 de la Viña y el Vino de Castilla y León, que en su artículo 30 expone que el reglamento determinará el número de vocales que corresponde a cada uno de los sectores y, en todo caso, se mantendrá la paridad entre ellos. La decisión se adoptará en las reuniones internas que mantiene el sindicato, después de que se hayan dado por zanjados los encuentros con la Junta de Castilla y León tras el mantenido, «sin resultados» , con el director general de Competitividad de la Industria Agroalimentaria, Jorge Morro.

Los estratos definidos por la Consejería para la elección de vocales se dividen en sector productor, con cinco representantes de los viticultores, y sector elaborador-transformador, con cinco vocales de las bodegas. El problema lo sitúan en que este modelo solo tiene en cuenta, según aseguran, la estructura productiva y las hectáreas en detrimento de la estructura social o el número de productores. « No tiene en cuenta el número de viticultores que corresponde a cada estrato, olvidan la variable de estructura social de la DO Toro, contraviniendo así el espíritu y la letra de la Ley de la Viña y el Vino de Castilla y León», explica Santos Calvo, responsable de la Alianza, para argumentar su rechazo al modelo de estratos diseñado por la Consejería en base a las hectáreas para el sector productor. Calvo considera que, con este modelo, existen muchas posibilidades de que salgan como representantes de los viticultores vocales de las bodegas, además de los cinco con los que ya cuentan del sector elaborador. «La paridad pensamos que queda absolutamente anulada», aseguró Santos Calvo.

«Según están los estratos, ahora los que van a mandar en el Consejo Regulador van a ser las bodegas», asegura por su parte el presidente provincial de Asaja en Zamora, Antonio Medina, quien incluso ha planteado la opción de que la organización no se presente a las elecciones como símbolo de protesta.

Cooperativas

En la reunión con la Dirección General se les informó de que ha sido un criterio técnico de superficie el que se ha utilizado, mientras que la consejera Milagros Marcos aseguró en Zamora que los criterios atienden a datos rigurosos y objetivos y no pretenden primar a nadie. Sin embargo, desde Urcacyl también muestran su rechazo a unos estratos que para los viticultores fijan tener inscritas «muchas hectáreas» y en los que las cooperativas que tradicionalmente tenían una gran importancia en los consejos reguladores pueden ahora quedarse fuera. «La Ley del Vino establece que en el caso de cooperativas con más del 20% de las contraetiquetas se les reserven puestos de vocales. Las DO han crecido en cuanto a número de bodegas y las cooperativas que antes superaban el 20% ahora están en torno al 17% o el 18%», explica el director general de Urcacyl, Jerónimo Lozano, sobre los datos de contraetiquetas que tiene en cuenta la convocatoria para el sector elaborador.

Pero esta no es la única demanda de los sindicatos, que consideran que el 11 de septiembre, al comienzo de la campaña de vendimia, no es la mejor fecha para la celebración de unas elecciones que tradicionalmente se realizaban en noviembre.