Los vecinos recogen firmas para frenar la legalización de decenas de okupas en el bloque de la Sareb de Arroyo

Para entender la indignación y el hartazgo de los vecinos que han decidido comenzar a recoger firmas para frenar la situación hay que remontarse aproximadamente a 2021, cuando tal y como apunta una de las vecinas, «una persona accedió primero a uno de los áticos de este amplio bloque y comenzó a meter a más personas mediante falsos contratos de alquiler. Los pisos (desde 60 a 120 metros cuadrados) fueron adquiridos por la Sareb y se justificaron diciendo que cuando recibieron tales viviendas ya estaban habitadas de manera irregular.

Se comprometieron a «analizar caso por caso la vulnerabilidad de las personas», pero la situación se ha vuelto «más injusta todavía porque de los 44 casos en los que se solicitó el desalojo en un principio se ha llegado a un acuerdo con los okupas legalizando unos 19 contratos de alquiler social», explica una de las propietarias. «Aún no sabemos que pasará con las más de 20 que están pendientes de desahucio», admiten preocupados.

Ahora piden apoyo a vecinos, amigos, familiares... «toda ayuda es poca para que podamos hacer fuerza con la recogida de firmas», dicen desde Arroyovereda. «Ellos son los delincuentes y nosotros somos los vulnerables y únicas víctimas de esta situación para la que no vemos ninguna solución. Por ello te pedimos tu firma para reclamar soluciones al Sareb, al Gobierno de España y a la Justicia», puede leerse en el papel que tiene cada uno de los propietarios que han decidido pasar a la acción y que han colocado también en varios negocios de la localidad. «En vista de la buena aceptación que está teniendo lo mantendremos unas semanas y tras el puente de agosto juntaremos todas las firmas recogidas para llevarlas al Ayuntamiento», exponen.

Y recuerdan que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) «para vender los activos inmobiliarios de entidades que se fueron a la quiebra no para regalarlos, así que lo mínimo es que cumpla con su objetivo fundacional». Por su parte, el Consistorio presta «total apoyo» a estos vecinos «porque es escandaloso, esto no lo ves en ningún lado», espeta con notable enfado el alcalde de la localidad, Sarbelio Fernández. Apoya a los vecinos y recogerá todas las firmas posibles para trasladarlas a la Delegación del Gobierno. Además de valoraciones desde el Ayuntamiento aportan datos.

«Antes de la llegada de estos okupas la Policía Local podía intervenir en esa zona una docena de veces más o menos y desde que entraron de forma ilegal por molestias, ruidos y problemas que generan en la comunidad podemos hablar tranquilamente de un centenar de veces al año las que tienen que acudir los agentes», admite el alcalde, quien critica además la falta de respuesta de la Sareb para abordar la situación. «Llevamos más de dos meses solicitando una reunión con ellos y no nos contestan, declaran a estas personas vulnerables y luego se desentienden y pretenden que nos encargemos nosotros con los medios del Ayuntamiento. Las cosas no son así», finaliza.

Sin poder usar las instalaciones

Con la concesión de estos alquileres sociales a las personas en supuesta situación de vulnerabilidad, los ánimos de los vecinos están por los suelos. «Es que han asaltado nuestra comunidad y ya no es solo una cuestión legal, es una cuestión de justicia, convivencia y respeto», coinciden.

«Podría contarte mil historias de las que han preparado desde que llegaron, pero te resumo que desde entonces tuvimos que cerrar la piscina porque se metían con ropa al agua, comían y bebían alcohol en zonas donde no se podía; lo mismo en la pista de pádel, que ya no se usa y sus zonas comunes están llenas de porquería, hacen barbacoas donde no se puede y como tienen todo pinchado nos ha aumentado la cuota de la comunidad más de un 30% en el último año porque los demás tenemos que hacernos cargo de todo el edificio, ¿esto es normal?», añaden.

El caso de Arroyovereda es conocido en la provincia al tratarse de uno de los mayores focos de okupación, «viven en casi todos los portales pares y yo no llamaría», dice un vecino que sale de casa para dar un paseo. Es un caso conocido para muchos pero no para María José Ramos, una psicóloga originaria de Brasil que acaba de estrenar su piso en esa comunidad. «Llevo un mes viviendo aquí y los vendedores no me comentaron nada cuando lo compré», señala la mujer que chapurrea español como puede. La psicóloga se siente engañada porque pagó en el mes de marzo «140.000 euros» por un piso en una comunidad que es un foco de okupación y donde no pueden hacer uso de las instalaciones de las que disponen. «Nunca nadie me dijo nada de esto y te encuentras así... He intentado contactar con los propietarios y estoy esperando que respondan», asegura con visible disgusto y sin mucha esperanza de que le vayan a contestar.

Con esta recogida de firmas, además de a la Sareb se dirigen al Gobierno para pedir «un cambio urgente en su política de vivienda», además de una mayor presencia de la Guardia Civil, para protegerse «de las actitudes de estos delincuentes que tenemos como vecinos y que han asaltado nuestra comunidad», dicen en un comunicado, donde instan también a la Justicia a que agilice los procesos de desahucio para que las okupaciones no se conviertan en residencias permanentes al margen del sistema social, al mismo tiempo que actúen contra las mafias que auspician estas okupaciones masivas, «que no miren para otro lado», finalizan.