Piden 14.000 euros a una banda por el enganche ilegal a la luz en su plantación de marihuana

En el juicio, programado por la Sección Cuarta para los días 5, 6 y 7 de septiembre, se sentarán en el banquillo Antonio Dual Jiménez, Jonathan Perdiz Gabarre, Lourdes Pérez Martín, Hilario Martín Merino, Manuel Javier Siesto Pérez, Eduardo Perdiz Hernández, Alberto Lajo Gusano y José del Campo Martín, que se enfrentan a penas que suman más de 27 años de prisión por dos delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.

La pena más elevada la solicita la acusación pública para Lajo Gusano, cuatro años y nueve meses de prisión, con multa de 9.719 euros con un día más de prisión por cada 100 euros o fracción impagados más otros nueve meses de multa. La Audiencia de Valladolid lo había condenado ya ejecutoriamente por tráfico de drogas a una pena de dos años de cárcel, una pena que fue suspendida condicionalmente por tres años el 29 de noviembre de 2019. También tiene antecedentes Hilario Martín, que había sido condenado por tráfico de drogas en 2017 a cuatro años de prisión. A ambos el fiscal pide que en la sentencia que se les imponga se les aplique la circunstancia agravante de reincidencia en tráfico de drogas, además de la atenuante analógica de drogadicción.

Según el relato de hechos de la acusación pública, Jonathan Perdiz Gabarre y María Lourdes Pérez Martín se dedicaban al cultivo de marihuana y tenían una plantación «para su venta en crecimiento» en el domicilio del primero, en la urbanización El Pinarillo de Puente Duero (Valladolid). En este domicilio había un enganche ilícito al suministro de energía eléctrica, de manera que el contador no registraba toda la energía consumida. Iberdrola calcula el fraude en 2.169 euros.

Los acusados, junto a Alberto Lajo Gusano, iniciaron una plantación de 'maría' con 636 plantas muy jóvenes «que aún no contenían tetrahidrocannabinol» (el principal componente psicoactivo del cannabis) en la misma urbanización. En la instalación y puesta en marcha del cultivo ilegal colaboraron, según el fiscal, los acusados Antonio Dual Jiménez, Manuel Javier Siesto Pérez, Hilario Martín Merino, Eduardo Perdiz Hernández y José del Campo Martín. Este acusado fue quien alquiló el inmueble a Lajo, que se dedicaba a la venta de drogas, para que ubicara la plantación, un inmueble de la que es titular su madre. Lo hizo «teniendo conocimiento de la finalidad y el destino» al que se iba a dedicar, expone el representante del ministerio público en su escrito.

También en esta plantación se realizó otro enganche ilícito para obtener fuido eléctrico. Se calcula por Iberdrola que el valor de la energía defraudada supera los 12.154 euros.

En el registro practicado en el domicilio de Lajo en Zaratán se decomisaron varias cantidades de cocaína, ketamina, resina de cannabis y porros. La droga incautada estaría valorada en el mercado ilegal del tráfico en unos 4.000 euros. También se encontró droga en la vivienda de Eduardo Perdiz en el barrio de Pajarillos.