La instructora del caso de los ataúdes de El Salvador pide refuerzo para evitar que colapse el juzgado
La plataforma de afectados solicita «con carácter urgente» la clausura temporal de los crematorios
La instructora del caso Ignis presentará en breve al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León una petición para que el Consejo General del Poder Judicial conceda un refuerzo a su juzgado mientras dure la investigación para esclarecer si se produjo el 'cambiazo' de, al menos, 6.000 ataúdes en los crematorios del grupo funerario El Salvador en el periodo comprendido entre 1995 y 2015.
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Las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid, consideradas de especial complejidad, pueden prorrogarse de ocho en ocho meses a petición de la Fiscalía, que es quien marca los plazos de la investigación, y esta se prevé larga dado el ingente material documental, el número de investigados y perjudicados que se irán personando en el procedimiento. Ante el temor de que colapse su juzgado, la magistrada valora solicitar que se refuerce la plantilla con más funcionarios o prolongación de jornada e, incluso, que un juez de adscripción temporal (JAT) se encargue de los otros casos y la actividad cotidiana de su juzgado mientras ella instruye el caso de los ataúdes. Los jueces de adscripción territorial son jueces profesionales que no están adscritos a un juzgado concreto sino que se incorporan a aquellos órganos que tienen necesidades especiales.
Mientras tanto, el bufete de Bárbara Royo Abogados que, unido con Castellana 266, ha creado la plataforma de afectados El Salvador, ha pedido «con carácter urgente» al juzgado la clausura temporal de los crematorios durante la instrucción del procedimiento, en virtud a lo dispuesto en el artículo 129.3 del Código Penal, «hasta que se garantice que estas prácticas no se pueden volver a cometer», según informa Ical. Desde esta plataforma, que se ha personado como acusación particular, se indicó que habría indicios de que, presuntamente, se produjo una estafa continuada durante más de veinte años, en los que se cambiaron «con absoluta impunidad y según fuentes policiales aproximadamente el 95% de los ataúdes en cremaciones, existiendo incluso cambios en la entrega de las cenizas». Según las diligencias, «alguno de los actuales investigados son empleados de esta empresa, que presuntamente llevan años realizando estas prácticas y se encuentran en libertad en estos momentos».
Si el juzgado desestima su petición, «y con el único fin de asegurar que se cumpla de forma escrupulosa la legislación vigente respecto a sanidad mortuoria, y que las cenizas se entreguen a los familiares con la máxima garantía y seguridad», solicitan «una intervención adecuada en la empresa que asegure que estas prácticas abominables no se vuelvan a producir».
Trescientas denuncias más
El Cuerpo Nacional de Policía ha recibido hasta este martes más de trescientas denuncias por el fraude de los ataúdes. La Policía está proporcionando desde principios de febrero un modelo de denuncia, autorizada por la Fiscalía, a las personas que se sienten perjudicadas por la supuesta estafa continuada, con el fin de agilizar el trámite a los afectados, informa la agencia Efe.
La Policía detuvo a dieciséis personas, trece de ellas puestas posteriormente en libertad, mientras continúan encarcelados el dueño del Grupo funerario El Salvador, Ignacio Morchón, una hija y un hijo. Para este, el Juzgado estableció la opción de abonar una fianza de 800.000 euros para quedar en libertad, y para la hija, 400.000 euros.
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