El instructor del expediente disciplinario considera al exjefe de Intervención un «conseguidor» de armas

Según ha relatado el comandante que instruyó el expediente disciplinario al subteniente José Manuel Zamora Plaza por disponer a su antojo de armas que tenían que haber ido al achatarramiento a la fábrica de Eibar, en 2017 el acusado estaba siendo objeto de una investigación interna por el protocolo de acoso a un compañero y se abrió expediente disciplinario. Durante las averiguaciones, Zamora causó baja por «conductas anómalas» y se le prohibió el acceso a la unidad de Intervención, pero al mes siguiente se constató que desobedeció las órdenes y por ello se abrió otro expediente disciplinario por «insubordinación y negligencia grave en sus obligaciones». Ahí fue cuando se detectó en Intervención que tres armas que tenían que haber ido a la chatarra porque no habían obtenido puja alguna en la subasta se habían transferido a terceras personas.

Fue entonces, ha declarado el testigo a preguntas del fiscal, cuando se le ordenó que instruyera el expediente disciplinario por vulnerar la normativa sobre las subastas de armas. «Se inició un expediente disciplinario por acoso y a partir de ahí se detecta una falta de disciplina», ha insistido respecto de la declaración del acusado del pasado viernes, en la que aseguró que en la Comandancia, en realidad, lo que ocurría es que «iban contra él y lo que querían era echarle del Cuerpo».

El instructor del expediente ha explicado el modus operandi. El titular de las armas deposita estas en la Intervención, donde se programan las subastas, generalmente una al año o cuando se reúnen cerca de 200. Suele tratarse de escopetas de caza, carabinas y rifles de particulares que han fallecido y cuyos herederos quieren deshacerse de ellas. Entonces se subastan y las que no obtienen puja, se destinan al «achatarramiento», aunque en ese tiempo hasta que se envían a la fábrica para su inutilización, el propietario original puede reclamarla y recuperarla para sí o para venderla a otras personas. Lo que hacía el subteniente por su cuenta y riesgo, ha referido el testigo, es «ponerse en contacto con el titular y le ofrece la posibilidad de transferirla a un tercero amigo suyo, haciendo de intermediario, y firmaba la documentación para hacer esa transferencia». Esa «intermediación» es lo que contraviene la circular interna de 2012 y lo que motivó la sospecha de que se estuviera cometiendo un delito y por ello se puso el asunto en manos de la Justicia, ha precisado. Esa intermediación es lo que da origen al procedimiento por delito de negociación prohibida a funcionario que se juzga hasta este viernes en la Audiencia de Valladolid, cuando el jurado se retirará a deliberar para emitir su veredicto.

«¿Algún comprador de los que usted entrevistó le dijo a Zamora 'quiero ese arma' en concreto? ha preguntado el fiscal al instructor del expediente disciplinario. «Sí. Le consideran como un conseguidor de armas, mediaba entre el propietario y el destinatario final», ha manifestado el primer testigo.

A preguntas de la defensa, lo que sí ha admitido el instructor es que durante la investigación no se detectó que el subteniente hubiera obtenido beneficio económico de estas transacciones. El letrado defensor, Jesús Verdugo, ha sacado a colación que el propio padre del instructor estuvo también interesado en algún arma de esas que estuvo en subasta pero por la que nadie pujó. «Yo no supe nada de esto hasta que llegó la citación y le dije a mi padre que no quería saber más», zanjó el comandante.

El segundo testigo en comparecer este lunes ha sido el guardia civil que ejerció como secretario en el expediente disciplinario al exjefe de la Intervención señaló claramente que «los guardias tenemos prohibido expresamente intervenir tras las subastas» y reforzó los argumentos de la acusación pública de que, si hubiera habido beneficio económico, habría que sumar otro delito al de negociaciones prohibidas. «Todos los destinatarios finales manifestaban que se las habían regalado y ahí surgieron las dudas. Nos llamó la atención que no hubiera un beneficio económico, pues estas armas pueden salir a la puja por 1.000 euros». Las intermediaciones de Zamora llegaron a completarse en algún bar de Parquesol incluso en el propio domicilio de alguno de los depositarios de las armas. Como el caso de una de las testigos, que dejó en Intervención siete armas de su difunto marido, una de las cuales fue subastada pero el resto no. Entonces el subteniente contactó con ella y se interesó por el rifle más caro expresamente y, de paisano, junto a su «amigo», se presentaron en casa de la señora con un recibo, que firmó la mujer, y el guardia civil le hizo entrega, además, de «200 o 300 euros».

El tercero en el escalafón del departamento de Intervención de Armas y Explosivos, al que estaban destinados unos ocho guardias, también ha declarado este lunes. Él fue quien detectó que el acusado, aunque estaba de baja y lo tenía prohibido, había entrado en las dependencias y firmado las transferencias de las escopetas. «Cuando firmó estaba de baja y no podía firmar. Tenía que haberlo hecho yo, en todo caso, puesto que la segunda, la cabo, también estaba de baja. Así que se lo comuniqué a mis superiores».

La vista oral continúa en estos momentos con las declaraciones de más testigos.