El subteniente de la Guardia Civil José Manuel Zamora Plaza, de 58 años, dijo a la presidenta del jurado, la magistrada Lourdes del Sol, cuando ... esta le preguntó si se consideraba autor del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios que «negativo, me considero inocente». Con total naturalidad, respondió al fiscal que lo corriente, en todas las intervenciones de armas de las comandancias de España, es no hacer caso a la circular de 2012 de la propia Guardia Civil en la que se ordena que las armas por las que no se puja en las subastas se «achatarren». Y él lo que hizo con cinco de ellas, en el intervalo de meses hasta que estas se mandaban a Eibar para ser inutilizadas, fue «regalarlas» o facilitárselas a particulares que pudieran estar interesados en ellas, como su propio hermano.
Así lo ha reconocido durante el interrogatorio de la primera jornada del juicio con jurado que se retomará el próximo lunes en la Audiencia de Valladolid. El encausado, que ha manifestado haber sido víctima de «hostigamiento por parte de los mandos» de la Comandancia de Valladolid hasta que se cogió una baja y abandonó el Cuerpo el 27 de noviembre de 2017 como resultado de estos hechos, ha señalado que «no supo que estaba haciendo algo ilegal» hasta que le abrieron un expediente disciplinario. Expediente que posteriormente fue entregado a la Justicia y como resultado de ello se sienta en el banquillo acusado de un delito de negociación prohibida a funcionario, por el que la Fiscalía solicita un año y tres meses de cárcel, una multa de 3.600 euros e inhabilitación por cuatro años y medio para empleo o cargo público.
Zamora ha relatado que participó en siete subastas en los nueve años en los que estuvo al frente de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, de manera que conocía perfectamente el procedimiento de dichas subastas, que se realizaban cuando se recopilaban 200 de ellas, generalmente escopetas de caza y carabinas entregadas por defunción de sus titulares. Las armas que formaban parte del listado para la puja que finalmente no tenían salida se relacionaban en otro listado para su destino a la chatarra. Pero en 2016 y 2017, el procesado, que actuaba como vocal o secretario y tenía esas armas bajo su custodia mientras tanto, decidió, por su cuenta y riesgo, como ha admitido ante el tribunal del jurado, «regalar tres armas a tres colaboradores de la Guardia Civil». Esos «colaboradores», ha detallado, son el empresario de un campo de tiro, el de un concesionario de vehículos Mercedes y el dueño de una armería. A ellos fueron destinados «los regalos» y el guardia realizó el trámite administrativo del cambio de titularidad de los propietarios originales a los nuevos porque los primeros, ha asegurado «no querían saber nada de ellas y les trae sin cuidado los nuevos destinatarios». Y otras dos armas de un lote de ocho que salió a subasta en la que solo se pujó por una, el subteniente pidió a la titular, «una señora de Galicia», dos para su hermano. «Le di 300 euros de mi bolsillo como gratificación porque me las regaló», ha precisado a preguntas del ministerio fiscal.
Sus propios compañeros de la Guardia Civil le investigaron y abrieron un expediente disciplinario al ver irregularidades en algunas de las transferencias
«¿A usted no le dijeron en la Comandancia que lo que estaba haciendo estaba mal hecho?», le inquirió el fiscal. Zamora respondió que «ellos iniciaron un procedimiento disciplinario militar y me enteré cuando lo abrieron, hasta entonces nadie me dijo nada. Se viene haciendo esto de toda la vida en todas las Intervenciones de España».
Su letrado defensor, Jesús Verdugo, ha solicitado a los miembros del jurado (cuatro mujeres y cinco hombres con una media de edad próxima a la treintena) un veredicto de inocencia para su patrocinado, con el argumento de que «no hay dolo, en todo caso es una cuestión disciplinaria, pero no penal, ni tampoco beneficio ilícito».
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