Un guardia civil recurre una sanción por subir a una ambulancia para tranquilizar a un enfermo mental

La Unión de Guardias Civiles ha denunciado a un sargento destinado en un puesto de la provincia de Valladolid por incumplir órdenes de un capitán para garantizar la equidad entre todos los agentes que trabajan en el mismo, algo que advirtió un representante de esta asociación al que un año antes se había expedientado por subirse a una ambulancia ante la petición de un médico para calmar a un enfermo mental peligroso.

Aunque los dos asuntos son diferentes, responsables de la Unión de Guardias Civiles han dado a conocer estas dos cuestiones que en ambos casos siguen un proceso judicial y que tienen como protagonista al mismo cabo primero al que el secretario general de la asociación, Ramón Rodríguez Prendes, asegura que «intentan joder la vida» por ser representante del colectivo, cuando tiene una hoja de servicio «intachable» e incluso tiene en su haber condecoraciones.

Además, al mencionado cabo se le autorizó por la Dirección General de la Guardia Civil un día para asistir a una reunión y posteriormente el sargento le incluyó en el cuadrante en el que se le estableció servicio ese día e incluso se le ha ordenado hacer cometidos «ridículos» como vigilar el tráfico en zonas peatonales, algo que la Asociación considera que, de tratarse del ámbito privado, podría considerarse mobbing o acoso laboral.

El primero de los hechos, recurrido ante el Tribunal Militar Central y que motivó un expediente sancionador al agente representante de la Unión de Guardias Civiles, se remonta a febrero de 2013.

En esta fecha, el agente se encontraba en un puesto de la provincia de Valladolid, en una localidad de varios miles de habitantes, en el que hay una orden escrita en el que se prohíbe a los guardias civiles subirse a las ambulancias y otra en la que se dice que tienen que obedecer a la autoridad civil en los casos en los que dependan de ellas.

El funcionario acudió a un servicio en el que había un enfermo mental que daba problemas y que los médicos sabían que se calmaba sólo con la presencia de la Guardia Civil , por lo que le pidieron que subiera a la ambulancia en lugar de reducirle y esposarle, que consideraban que podía empeorar la situación, ya que ni la medicación lograba calmar al paciente.

Expediente disciplinario

A pesar de las reiteradas peticiones del médico, el agente se negó en repetidas ocasiones dado que existía una orden que se lo prohibía, aunque finalmente avisó a puesto de la situación y accedió a subirse. Una vez calmado el enfermo, el guardia civil quiso bajar del vehículo pero el paciente se volvió a «agitar» por lo que decidió no hacerlo.

Tras esta situación, al dar novedad al sargento del puesto, se le abrió un expediente disciplinario por incumplir la orden en el que se proponían doce días de privación de haberes por una falta grave.

La sanción fue recurrida y el general de Zona entendió que era exagerada y la dejó en una falta leve con sanción de dos días que ahora se ha recurrido. Mientras tanto, una carta enviada por los propios servicios de urgencia a la Dirección General de la Guardia Civil advierten de que solicitaron la actuación en esas condiciones a pesar de conocer la orden escrita pero por razones justificadas, dado que consideran que la salud debía prevalecer y con ello se podía evitar una desgracia.

Además, señalan que al agente se le debería de condecorar o felicitar ya que su «buen hacer» permitió solucionar el problema con un enfermo corpulento, de casi dos metros de estatura e incapacitado judicialmente que ya apuñaló a un guardia civil anteriormente.

El director jurídico de la Unión de Guardias Civiles, el abogado Daniel Muñoz, ha señalado que la orden de no subir a las ambulancias puede llegar motivada por que las compañías de seguros no cubran a la persona de más que iría en el vehículo, algo que cree que se podría solucionar con un convenio y con «sentido común» en lugar de cargar la responsabilidad al agente.

El segundo capítulo, que ha motivado una denuncia penal ante el Juzgado Togado Militar Territorial número 42 de Valladolid, se produce tras el episodio de la ambulancia y de que se impidiera al agente en abril de este año acudir a una reunión de la asociación por tener servicio a pesar de la autorización de la Dirección General.

Posible trato de favor

Se trata de la situación de desigualdad que existía entre los agentes del puesto en el que se encuentra destinado este agente, donde había tres funcionarios que simplemente hacían servicios de lunes a viernes por la mañana en oficina, mientras que el resto cubrían los diferentes servicios.

Se da la circunstancia de que el servicio de oficina no es necesario legalmente en ese puesto y suponía que los agentes no rotaran turnos, un «aparente» trato de favor del que se habrían beneficiado tres agentes, uno de ellos cuñado de un teniente coronel de la Comandancia de Valladolid.

Además, al representante de la asociación se le privó del mando sobre la oficina en caso de ser el sustituto del sargento pero no de la responsabilidad. Por ello, el agente elevó la orden al capitán de la compañía, quien ordenó dejarla sin efecto y que las guardias y servicios se hicieran con equidad y justicia.

Sin embargo, cuando el capitán fue destinado a otra unidad, el sargento no la cumplió, al igual que hizo con la que emanaba de la Dirección General para conceder el día para la reunión asociativa al citado cabo primero, sin que hubiera consecuencia alguna, motivo por lo que se ha presentado denuncia que el Juzgado ha admitido a trámite y que podría suponer penas de cárcel por un posible delito militar.

Ante esta situación, el secretario general de la Unión de Guardias Civiles ha indicado que no se habla de un agente «cualquiera» sino que tiene una hoja de servicios «intachable» y además cuenta con «numerosísimos» cursos de formación, condecoraciones y es experto en violencia de género y criminalística.

Por ello, ha advertido que, al igual que hacen con los afiliados, no están dispuestos a que desde la Guardia Civil se le intente «joder la vida», al tiempo que ha aclarado que la Unión está acostumbrada también a defender a la propia Institución porque están «muy orgullosos» de ser guardias civiles.

Así, tras advertir que las asociaciones han llegado «para quedarse», ha puesto de manifiesto la dificultad que se pone a los representantes de la asociación en la comunidad, donde hay 35 y doce de ellos tienen abierto algún expediente. «Ser representantes de la asociación de guardias civiles conlleva un peaje en ocasiones brutal», ha aseverado Rodríguez Prendes, quien se ha mostrado convencido de que esto es lo que ocurre con este cabo primero.

El secretario general de la Unión ha asegurado que se denuncia desde hace dos años ante la Dirección General de la Guardia Civil la situación e incluso se ha solicitado reunión con el subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, quien «no ha querido» recibirles.