Tramo de la AP-61 entre Segovia y San Rafael. A. de Torre

El PSOE pide amparo al Senado para aclarar las concesiones de las autopistas AP-51 y AP-61

El Gobierno ha agotado el plazo para informar sobre el cumplimiento de la sentencia europea que fijaba el fin de la adjudicación privada

el norte

Segovia

Domingo, 6 de mayo 2018, 12:24

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha pedido el amparo de la Mesa del Senado para que el Gobierno central aclare las concesiones de las autopistas AP-51 y AP-61. A su vez, ha reclamado la adopción de «medidas urgentes» para «eliminar o rebajar al máximo» los peajes de estas vías de alta capacidad, así como de la AP-6, que conectan Segovia y Ávila con Madrid. Dicha solicitud ha sido presentada por los senadores Félix Montes, Carmen Iglesias y Óscar López.

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La parlamentaria abulense ha recordado que, tras la sentencia emitida el 22 de abril de 2010 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la finalización de la concesión, los senadores socialistas demandaron al Gobierno el pasado mes de febrero los documentos remitidos a la Comisión Europea. En este sentido, se refiere al documento remitido por el Ejecutivo a esta institución «proponiendo las medidas a adoptar para el cumplimiento de dicha sentencia», así como a la respuesta de la Comisión Europea en la que se habría dado el visto bueno a esas medidas.

Según Iglesias, el Gobierno tenía de plazo para la remisión de estos informes hasta el día 13 de abril, «sin que hasta el momento» el PSOE haya recibido «contestación alguna», de ahí la solicitud de amparo a la Mesa del Senado. La senadora arguye que su formación se ha comprometido «a arrojar luz sobre este asunto, pues la historia de esta concesión es el paradigma de cómo el Partido Popular gestiona lo público: en beneficio de las grandes empresas privadas y a costa de los ciudadanos». En opinión de la portavoz socialista, la gestión en este caso ha sido «en detrimento, especialmente, de los abulenses y segovianos que, todavía hoy, siguen pagando los platos rotos de aquellas nefastas decisiones».

Para la senadora, resulta «legítimo preguntarse si el Gobierno cumplió efectivamente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», teniendo en cuenta «los antecedentes de esta concesión».

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