La pandemia «ha afectado a todos por igual, no ha discriminado a una escuela de otra»

La escuela concertada de Castilla y León contiene estos días la respiración a la espera de que el próximo 22 de julio se voten en el Congreso las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Las alarmas de sus representantes saltaron a mitad de semana después de que se conociera que el borrador que pactaron PSOE y Podemos recoge que las ayudas a la Educación por importe de 2.000 millones de euros para superar la crisis de la covid-19 solo irán destinadas a la escuela pública y no a los centros privados subvencionados por la Administración.

En los tres centros concertados católicos de Segovia (Claret, Concepcionistas y Maristas) y en el Colegio Cooperativa Alcázar no se oculpa el malestar existente. Para el director del Claret, Juan José Raya, es un «agravio comparativo» que el Gobierno no tenga en cuenta a la escuela concertada en sus planes de reconstrucción, cuando «estamos prestando un servicio público socialmente reconocido. Que de inicio se nos considere sin derecho a este tipo de ayudas... No obstante, esperemos que la situación se reconduzca», afirma. También alberga esa esperanza el director del colegio Maristas, José Luis Marijuán: «No nos parece bien, lógicamente, pero estamos a la expectativa. De momento, no nos ha llegado nada en firme».

Por su parte, el presidente del Colegio Cooperativa Alcázar, Ósca Muñoz, manifiesta el «desconocierto» e «indignación» que la propuesta ha suscitado en el seno de las cooperativas de enseñanza y centros educativos de economía social representados en la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE) y la Federación Española de Centros de Enseñanza de la Economía Social (FedAces). Muñoz dice que la pandemia «ha afectado a todos por igual, no ha discriminado a una escuela de otra. Dejar fuera a centros como el nuestro es limitar su capacidad de dar respuesta a los gastos que supone atender las medidas requeridas para poner en funcionamiento los colegios para el próximo curso, ya que no se puede repercutir los costes en las familias. En el caso de las cooperativas de enseñanza, se ponen en peligro la educación de 284.000 alumnos y unos 40.000 empleos».

«Es un ataque frontal a la escuela concertada», asegura Leandro Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas, la patronal que engloba al 95% de los centros de este tipo ubicados en la comunidad. A su juicio, este documento, que ha sido recibido por su organización con «perplejidad e indignación», viene a poner «en claro» lo que han «estado viviendo» en los últimos meses. «Hemos intentado convencer de que no era el momento para tramitar una nueva ley educativa pero ese proceso ha seguido adelante cuando hay ciertos aspectos que van en contra de la enseñanza concertada como es la libre elección de las familias; ahora llega otra vuelta de tuerca con este borrador», se lamenta Roldán, que considera que se están «aprovechando las circunstancias» para «introducir en el debate cuestiones ideológicas que son ajenas a las consecuencias del virus en el ámbito educativo».

«No sé si pesa más el gobierno de coalición o si Podemos está tomando un tono totalmente absolutista en las decisiones, pero es triste que primeramente surja la noticia de que en el borrador no se contemplan estas ayudas para la escuela concertada y posteriormente la ministra diga que no tenemos nada que temer», ahonda Leandro Roldán tachando de «vaivenes» las declaraciones de Isabel Celaá en una entrevista en El País en las que aseguraba que esos 2.000 millones del fondo Covid-19 se repartirán «de forma equitativa, dándole a cada uno lo que le corresponde» y que «el fin ha de ser compensar las desigualdades y satisfacer las necesidades de los más vulnerables porque de nada sirve dar más a quien ya tiene más. Nosotros no hablamos de titularidad sino de los más vulnerables», afirmaba la titular de la cartera de Educación solo unas horas después de que se conociera el borrador que excluía a la concertada de la recepción de fondos. «Lo que queremos es una postura clara, definida y sobre todo democrática», defiende el representante de un ente que agrupa a 180 centros educativos con cerca de 100.000 alumnos (el 29% de todos los escolarizados en Castilla y León)

Estos centros de enseñanza han sufrido ya los rigores de la crisis del coronavirus al no poder disfrutar de los ingresos que les supone ofrecer servicios de comedor o actividades extraescolares a sus alumnos y se enfrentan a un periodo en el que tendrán que invertir en mascarillas, hidrogeles o nuevos espacios educativos, lo que conllevará que algunos se «resientan de esta crisis». «En Castilla y León siempre hemos tenido el compromiso de la Consejería de que con la concertada se va a actuar igual que con la pública;es un mensaje tranquilizador pero si la Junta recibe una partida que no puede ser derivada a la concertada ahí vendrá el problema».