Dimisiones por honor

Lo más sorprendente –al menos a los ojos del siglo XXI– fue el formidable escándalo político que la decisión del Ejecutivo acarreó, pues el fiasco, el desaire, la humillación movieron a trece de los diecinueve concejales que tenía el Ayuntamiento de Segovia (al final fueron catorce) a presentar su dimisión. Aunque ellos nada habían tenido que ver en la elección, creyendo que Segovia había quedado «lastimada en su dignidad, ultrajada en su decoro, desatendida y menospreciada hasta el extremo de no parecer población española», renunciaron a sus cargos para que otros pudieran obrar «el milagro de administrar y regir decorosa y desahogadamente una capital de provincia que agoniza, que muere, que es un cadáver», recoge la prensa de la época.

La dimisión de los ediles abrió una crisis municipal grave que el alcalde, Mariano Llovet, trató de atajar como pudo. Los dimisionarios albergaban la esperanza de que la corporación renunciara en pleno, pero los cinco concejales que permanecieron en sus puestos resolvieron no admitir las dimisiones por tratarse, según la ley, de cargos irrenunciables. Esto abocó a continuar en el Ayuntamiento a los rebeldes, que unos días después lanzaron un manifiesto en el que exponían las razones de su renuncia. Tanto la prensa como la opinión pública aceptaron las explicaciones y pidieron a los catorce firmantes (José Ramón Santiago, Federico Larios, Mariano Galicia, Pedro de Frutos, José Giménez, Anselmo Carretero, Antero Hernández, Doroteo Lotero, Gaspar Cabrero, Mateo García Matabuena, Pedro Pérez Yagüe, Félix Santiuste, Venancio Sanz Álvaro y Eulogio Martín Higuera) que persistieran en su gestión municipal con el «acierto, honradez, patriotismo y alto criterio» que «siempre» habían demostrado en sus actos concejiles.

Con el tiempo, Segovia tendría Regimiento de Artillería, pero aquel episodio quedará para siempre en la pequeña historia de una ciudad que afrontaba el siglo XX sumida en una de sus mayores crisis.