«Me dijeron que era una okupa en mi propia casa»

Maite Aldudo posa frente a la entidad bancaria. /Antonio Tanarro
Maite Aldudo posa frente a la entidad bancaria. / Antonio Tanarro

Maite Aldudo y su familia han sido desahuciados de su vivienda, ya pagada, tras hipotecarla para un negocio familiar

LUIS JAVIER GONZÁLEZSegovia

Maite Aldudo llegó a las nueve y media de la mañana a su casa un martes y se encontró con su desahucio. Su marido estaba trabajando y sus hijos, estudiando. Ella había salido a tomar café y se encontró a los responsables judiciales y a un cerrajero, que le dijo que habían denunciado a su perra porque ladraba mucho. Aquel 12 de marzo tenía visita con el dermatólogo para vigilar su linfoma; todo estaba bien. «Lo puedes celebrar», le dijo el médico. En junio tiene que volver y el temor siempre está ahí. «Ahora estoy muy acelerada, pero como me dé el bajón no sé qué va a ser de mí».

Su marido, carpintero, y ella, administrativa, se metieron con su hermano en un ilusionante proyecto: una carpintería en Valverde del Majano. El cielo despejado antes de la crisis invitaba al optimismo y decidieron hipotecar su casa, que ya estaba pagada, para solicitar un préstamo y poner en marcha su nuevo negocio.Han perdido un taller, un local de La Albuera, la casa y tienen una deuda de unos 50.000 euros. ¿No les dio vértigo poner en riesgo su casa? «Es que teníamos que hacerlo si queríamos seguir con el trabajo. La situación estaba entonces bien, todo el mogollón vino cuando hipotecamos». El negocio quedó sin abrir por más que se pasaron noches enteras reformándolo ellos mismos. «Antes de abrir, se quedaron con todo».

Maite y Rober, casados desde hace 25 años, compraron su casa en El Carmen cuando aún eran novios. Tiene cuatro habitaciones, un trastero y un garaje. El matrimonio tiene tres hijos, una chica de 22 años y dos chicos de 20 y 18, respectivamente. «El pequeño es el que peor lo lleva. Como dice él, 'son mis cosas, mamá». La ejecución hipotecaria pilló a Maite por sorpresa. «Estaba más pendiente de mi salud que del piso.Yo pensé que habría solución, que tendríamos más tiempo, pero fue dicho y hecho, llegaron, me echaron de casa y me dijeron que era una okupa en mi propia casa». Apenas pudo sacar cuatro bolsas con los papeles, la cartilla o la ropa de sus hijos y vive con dos pantalones, dos jerseys y lo que le dejan sus amigas. Su marido, su hija y ella fueron a casa de su suegra; uno de los hijos, con su cuñada y el otro, con una amiga.

Más de 800 familias han recurrido a la plataforma desde el año 2013

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Segovia se ha manifestado esta semana en la sede de Caja Rural para pedir una solución al desahucio de Maite y Roberto en forma de alquiler social. El grupo incide en que no es un caso excepcional, a la espera de recibir los datos de 2018 sobre ejecuciones hipotecarias en la provincia; en el primer semestre de 2017 hubo 77 por ejecuciones hipotecarias y 39 por alquileres. Soledad Sacristán, vocal de la PAH de Segovia, incide que la situación afecta especialmente a emprendedores que han perdido su negocio con la crisis y han hipotecado su vivienda en el proceso. También casos de mujeres maltratadas en una situación precaria, habitualmente sin trabajo. «No hay recursos ante los desahucios, ni el Ayuntamiento, ni la Diputación ni la Junta tienen una alternativa habitacional. Lo único que hacen es costear la fianza y un mes de alquiler, y eso no es una solución. Lo que necesitan es que, ante un desahucio, haya vivienda pública de alquiler social o que no produzca hasta que no la haya, porque va contra los derechos humanos».

La asistencia jurídica de la PAH es un recurso al que han acudido más de 800 familias desde que el grupo se constituyó en la provincia en 2013. Hay una asamblea que se reúne los martes y que está abierta a cualquier circunstancia. «Les asesoramos y apoyamos, como en este caso, hasta que se encuentra una solución». Lo primero que examinan es, con el caso en la mano, si los afectados quieren y pueden mantener la propiedad. Si es así, les asisten para negociar con el banco una reestructuración durante un periodo de unos cinco años. «Ahora ya se empiezan a cumplir y la crisis sigue existiendo porque las familias no tienen resuelto el problema y se vuelven a quedar en la calle». Si la familia opta por no mantener la propiedad, gestionan una dación en pago con los bancos adscritos al código de buenas prácticas. El afectado da su casa y el grupo trabaja para que ese domicilio sirva de alquiler social. «No es solo una vivienda, son hogares. Y a muchos les queda esa mochila de la deuda, con decenas de miles de euros».

Maite, de 53 años, ha recurrido a los servicios públicos y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Segovia en busca de un alquiler social, preferentemente en su propia casa, porque no es solo una vivienda, es su hogar. «He perdido mi vida, el piso para poderte casar... Es perder todo otra vez». Aun así, contaba con una solución. «Caja Rural nos dijo que lo que teníamos que hacer es pedir un alquiler social y ya está. Lo hemos pedido dos veces, nos llamaron a los tres o cuatro días y nos dijeron que no, que no íbamos a poder pagar el alquiler que nos iban a poner». Su marido gana unos 1.000 euros al mes y ella está cuidando a sus hijos. La entidad bancaria ha declinado hacer declaraciones.