La contratación de personas con discapacidad cae en Segovia un 30% a causa de la pandemia

«Los datos son contundentes y demoledores», asegura el jefe de la Oficina de Trabajo de la Junta de Castilla y León, Eugenio Hurtado, quien recuerda que, según las últimas cifras de la administración autonómica, en la Comunidad hay 95.800 personas con discapacidad en edad de trabajar. Esto supone el 6,5% de la población. Además, en 2019 un total de 35.000, es decir, el 36,5% estaban en activo y el 26,1% de estas personas estaban ocupadas, un porcentaje 40 puntos inferior que en el caso de la población sin discapacidad.

Ante esta fotografía, comenta que «estamos muy lejos de la integración laboral de estas personas» aunque desde las administraciones tratan de eliminar los obstáculos. No obstante, reconoce que en los últimos años se están redoblando los esfuerzos y no solo por parte de entes públicos, sino que «los agentes económicos y sociales y las diferentes asociaciones están haciendo una labor encomiable en pro de la integración social y laboral de estas personas».

En este sentido, subraya la importancia de los Centros Especiales de Empleo. Para estar inscritos en esta categoría un 70% de sus trabajadores deben tener algún tipo de discapacidad. De modo que son «entidades integradoras que aseguran un empleo y realizan una labor social y reparadora», ya que sin ellos «sería muy complicado que algunas de estas personas encontraran un trabajo».

Además, resalta que en Segovia en los últimos tres años el número de centros de estas características ha crecido un 40%, pasando de 11 a 18, que en la actualidad dan trabajo a 250 personas con discapacidad. La crisis actual «les está afectando como a cualquier otra empresa y en 2020 tuvieron que recurrir a los ERTE siete de estos centros». En concreto, 60 trabajadores con discapacidad se vieron afectados y todavía hoy uno tiene a la mitad de la plantilla en ERTE.

Tal y como detalla Hurtado, la cifra de facturación en la mayoría de estos centros ha caído con respecto al año anterior y algunas de las empresas que se dedican a la externalización de servicios se han visto obligadas a reducir o suprimir su actividad, en especial, durante el estado de alarma. «Si un centro se dedicaba a la limpieza de colegios no le quedó otro remedio que cerrar esos meses porque los centros educativos no estaban abiertos. En cambio, a los que trabajan con el Ayuntamiento en el mantenimiento de parques y jardines esta pandemia no les ha influido en absoluto. Todo depende del sector y de las labores que desarrolle cada centro», concreta.

Eso sí, todos han tratado de reducir los tiempos del ERTE al máximo y han evitado despedir a trabajadores, conscientes de que son personas que necesitan más que nadie un empleo. En su opinión, después de este bache en la provincia de Segovia debería de fomentarse la creación de este tipo de centros. «Constituyen una herramienta muy eficaz para la integración y son un trampolín para que muchas personas con discapacidad puedan acceder al mercado ordinario de trabajo».

Asimismo, defiende la importancia de potenciar los enclaves laborales o acuerdos de obra y servicio entre las empresas ordinarias y estos centros especiales de empleo. De momento, este tipo de convenios «son insuficientes y las cifras de contratación son bajas», pero con una buena gestión advierte de que podrían suponer una gran oportunidad. Así las personas con discapacidad podrían conseguir experiencia profesional en un sector o puesto concreto avalados por estos centros para luego pasar a empresas comunes.

Entre los 18 centros especiales de empleo de la provincia se encuentran Ilunion Lavanderías, que emplea a 107 personas con discapacidad, o la empresa Detención, Robo, Incendio y Seguridad con una veintena de empleados. Así como la Plataforma Logística Integral, en la que sus 17 empleados se dedican al estucado de velas y ambientadores. En el caso de Apadefim 2000 hay 21 trabajadores especializados en manipulados industriales y reciclaje de aceite vegetal usado. También han recuperado la actividad en el PCMASA-2 y colaboran con empresas como Ontex, Beam Suntory (DYC), Drylock o Grudem.

El presidente de Apadefim 2000 en Segovia, Maximino Viloria, destaca que más del 80% de sus trabajadores tienen algún tipo de discapacidad, la mayoría intelectual o sensorial y los cinco que no tienen ningún problema de este tipo se encargan de enseñar y controlar al resto de la plantilla. También hace hincapié en que es un centro sin ánimo de lucro, por lo que «todos los beneficios que obtienen se destinan a generar nuevos empleos».

El 2020 no ha sido un año fácil, ya que han tenido en torno a 30.000 euros de pérdidas a causa de la crisis sanitaria y la paralización de la actividad. Motivo por el cual toda la plantilla estuvo en ERTE durante unos meses el año pasado y se fueron reincorporando de forma progresiva. A ello se suma que los dos espacios de trabajo en La Lastrilla y el Polígono Industrial de Valverde han sufrido cuarentenas con la consecuente suspensión temporal de servicios y los aislamientos domiciliarios de los trabajadores.

Viloria explica que sus esfuerzos se han centrado en mantener la actividad tanto de asociación como del centro de empleo y se han mantenido alerta a las necesidades de las familias más vulnerables. No obstante, admite que tuvieron que suprimir gran parte de sus talleres y programas de formación y empleo.

Para poder recuperarse de este bache reclama a las administraciones un incremento de las subvenciones que reciben, pero sobre todo pide que potencien las colaboraciones con los centros sin ánimo de lucro. «Hay una diferencia grande entre los que se lucran y los que solo trabajamos con el fin de integrar a estas personas, pero a la hora de la verdad no se nos reconoce y corremos el riesgo de desaparecer. Si las administraciones no toman medidas muchos centros podrían estar en peligro», lamenta.

Otro de los inconvenientes es la fuerte competencia empresarial a la que se enfrentan y las duras críticas que reciben de una parte de la sociedad, que desconoce su forma de trabajar. «Es una pena que haya personas que piensen que nos estamos haciendo de oro con la recogida de ropa, nada más lejos de la realidad. No se dan cuenta de que si fuera un buen negocio no nos lo darían a nosotros». Por otra parte, recuerda que sus trabajadores cobran como cualquier otro el salario mínimo interprofesional, sin embargo, los tiempos que emplean en realizar su actividad suelen ser bastante superiores a los que podría necesitar una persona sin discapacidad.

Sin estos espacios, Viloria cree que las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad se reducirían mucho porque ni las empresas ordinarias ni las administraciones les ponen fácil el acceso a un puesto de trabajo. «Es comprensible porque nosotros nos centramos en las personas, pero una empresa también se preocupa por sus intereses y su productividad», apunta.

En el caso del empleo público, recuerda que para acceder a los puestos reservados tienen que realizar oposición y «no todos tienen la capacidad intelectual necesaria para aprobar dicho examen». Además, tienen más problemas de movilidad geográfica. «Cualquier persona con plenas capacidades puede salir a otra ciudad e incluso del país para buscar trabajo, un lujo que alguien con discapacidad no siempre se puede permitir», matiza.

La famosa frase de Karl Marx, «el trabajo dignifica al hombre», cobra un sentido especial en el caso de las personas con discapacidad y es que, según el presidente de Apadefim 2000 en la provincia es «la forma que tienen para sentirse útiles y ganar autonomía». Este es el caso de Carolina, trabajadora del Centro Especial de Empleo de Apadefim desde septiembre de 2018. Desempeña sus labores en manipulados y retractilados, en concreto, elabora pañales y mascarillas, también desarrolla funciones de limpieza en el PCMASA-2. Su andadura en este centro comenzó gracias a un programa de formación que le permitió realizar prácticas y le abrió la puerta a una posterior contratación. «Ya me conocían y sabían cómo trabajaba, les gustó y decidieron cogerme», aclara.

El buen ambiente existente y la posibilidad de realizar su trabajo en grupo son algunos de los aspectos que más motivan a Carolina de este empleo, en el que lleva cerca 3 años. «Para mi trabajar es muy necesario porque es la forma que tengo de tener un dinero todos los meses y eso me da independencia», explica. Su situación es todavía mejor desde que hace poco más de un mes Apadefim le ofreció la posibilidad de trasladarse a un piso tutelado, ya que vivía en El Espinar y tener que desplazarse todos los días a Segovia para trabajar era muy pesado para ella. Por último, admite sentirse muy afortunada porque, en general, las personas con discapacidad «no tienen nada fácil encontrar un empleo». Para contribuir a la inserción laboral de estas personas y ayudar a la supervivencia de los Centros Especiales de Empleo, la Junta de Castilla y León tiene varias líneas de ayudas. La primera, para subvencionar el 50% del salario mínimo interprofesional. En 2020 concedieron cerca de 1,2 millones por este concepto en la provincia, según el jefe de la Oficina de Trabajo de la Junta de Castilla y León, Eugenio Hurtado.

Una segunda línea está destinada a complementar dichos costes salariales con un 25% más del salario para aquellos trabajadores con especiales dificultades de empleabilidad. En este caso, la cuantía que otorgó la Junta a las solicitudes presentadas ese mismo año fue de 23.400 euros.

La última está dirigida a inversiones en los centros y varían entre los 9.000 y los 12.000 euros por cada puesto de trabajo estable creado. No obstante, la precaria situación de 2020 hizo que no se concediera ninguna ayuda de este tipo. Tampoco hubo ninguna solicitud por parte de empresas ordinarias, que reciben 3.907 euros por cada contrato indefinido a personas con discapacidad.